Editorial

La serenidad es una actitud prudente

Una nueva exhibición mediática, disfrazada de persecución a infracciones penales, caracterizó la semana pasada con el apresamiento de la cabeza del ministerio público del pasado gobierno.

Los allanamientos y la aparatosidad en los apresamientos de personas, amparadas en el principio de inocencia o presunción de inocencia, demuestran que el Gobierno está utilizando la justicia como un arma política.

La cacareada independencia del Ministerio Público es una quimera, pues sus actores solo tienen un miramiento y es echar lodo a la gestión anterior, haciéndose de la vista gorda de crímenes flagrantes o de alta peligrosidad, como el narcotráfico.

Si se tiene alguna independencia es del “Debido Proceso”, principio jurídico por el cual se deben respetar todos los derechos legales que posee una persona según las leyes.

Desde el Ministerio Público se ha actuado vulnerando todas estas normas, disfrazando los hechos con una persecución al delito ante el aplauso de un sector de la sociedad frustrado y resentido, que se montó en la ola de un llamado “cambio” que ha terminado en un fiasco y una frustración colectiva.

Las imputaciones se están ventilando primero en los medios de comunicación, a los que se les filtran las informaciones y expedientes antes que serles facilitados a los prevenidos, con el propósito avieso de alcanzar una condena pública.

Los procesos, a los que se les ha puesto nombre de especies marinas, llegan a los tribunales con una decisión preestablecida, igual que en aquellos tiempos vividos en el país en los que predominaba el famoso “Tremendo Juez”, para recordar la comedia radial.

Quienes en este momento llegan a los tribunales con acusaciones propias de ficción, poco objetivas, abultadas de cargos y con la aplicación de figuras jurídicas estereotipadas tienen por seguro la prisión como medida de coerción.

Resucitó el “tránquelo” en la justicia dominicana, una etapa que creíamos superada, pero que la mediocridad ha retomado de manera maliciosa.

En los casos mencionados se ha incluido a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, junto a servidores públicos, no necesariamente miembros del PLD, asesores y colaboradores de funcionarios.

El PLD actúa con cautela, con responsabilidad, sin olvidar lo que ha representado y representa en la sociedad dominicana. Tiene una historia por la que debe velar y proceder en consecuencia.

Las autoridades, por su parte, deben hacer conciencia de sus responsabilidades, condición que las obliga a actuar apegadas a las leyes y procedimientos que rigen a la sociedad dominicana y sobre todo actuar sin aspavientos y con prudencia. Es lo que aconseja el momento que viven el país y el resto del mundo.

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