Por: Deisy Francis Mexidor
Grupos de derechos civiles, activistas y un creciente número de legisladores demócratas andan en desacuerdo con una Casa Blanca que sugiere la vía bipartidista mientras corre la marea de explícitos ataques de los republicanos contra el acceso de los estadounidenses a las urnas.
El tema ejerce nueva presión en la agenda doméstica del presidente Joe Biden, explicó en declaraciones la abogada y escritora a Rosemarie Mealy al argumentar que tales maniobras socavan la integridad del proceso democrático.
Tenemos proyectos de ley que deben aprobarse en el Congreso -manifestó- y Biden se empeña en que podría obtener el apoyo bipartidista de los republicanos, que históricamente se han opuesto a ello.
Líderes de derechos civiles presionan al mandatario a que haga más y no espere por las mismas personas que lo llevaron al cargo para que enfrenten este desafío, acotó la también miembro de la Conferencia Nacional de Abogados Negros (National Conference of Black Lawyers) de Estados Unidos.
El gobernante debe responder a aquellos electores que lo respaldaron en cada una de sus promesas, subrayó la doctora Mealy, quien fue además voluntaria en la campaña del demócrata en 2020.
La cuestión es de suma importancia -precisó-, porque la oposición republicana aprobó en lo que va de año 253 proyectos de ley en 43 estados del país que es probable que dificulten el voto, en especial en las comunidades de población negra y latina, más propensas a sufragar a favor de la fuerza azul.
Varias de las leyes otorgarán a los legisladores estatales más poder sobre el desarrollo de las elecciones y facilitarán la impugnación de los resultados, comentó.
Para los observadores este es un asunto que aportaría brechas favorables a los republicanos si se tienen en cuenta las múltiples demandas que interpuso Donald Trump tras su derrota con las infundadas acusaciones de fraude electoral.
A mediados de julio, más de 150 grupos de derechos civiles hicieron un llamado a Biden para que de su espaldarazo «por todos los medios necesarios» a las amplias protecciones del derecho al voto que esperan en el Capitolio. Una carta firmada por dichos grupos, entre ellos la Conferencia de Liderazgo y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, advirtió que el «ideal de cooperación bipartidista sobre el derecho al voto» es improbable en un Senado fuertemente dividido.
El pasado 13 de julio, en un discurso en Filadelfia, el presidente estadounidense admitió que las actuales trabas son la «prueba más importante de nuestra democracia desde la Guerra Civil (1861-1865)».
Pero el mandatario y los defensores del derecho al voto están cada vez más en discrepancia sobre cómo pasar ese examen, señaló un artículo del diario The New York Times.
Uno de los dos proyectos federales que «duermen» en el Congreso es la Ley para el Pueblo, especie de revisión de las ordenanzas vigentes que se consideró más una declaración política que una legislación viable cuando se presentó por primera vez en 2019.
El otro es la Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis, que restauraría partes importantes de la Ley de Derecho al Voto que el Tribunal Supremo eliminó en 2013
