Por: Charly Morales Valido
Si alguien dudaba de que el voto es un arma poderosa, debería ver su impacto en El Salvador: los cambios en esta nación centroamericana se suceden de forma vertiginosa e incluso los más desconcertantes vienen respaldados por la voluntad popular expresada en las urnas.
El ejemplo más reciente -e inquietante, sobre todo para la oposición- fue la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que desbroza el camino para la reelección presidencial, algo prohibido hasta ahora por los llamados «artículos pétreos» de la carta magna.
A juzgar por las peculiaridades de su proyecto político, se veía venir algún subterfugio para que el presidente Nayib Bukele mantuviera las riendas del país más allá de los cinco años establecidos por la ley y, de hecho, muchos esperaban una reforma constitucional que lo avalara. No hizo falta.
Todo comenzó el pasado 28 de febrero, cuando los votantes le dieron al oficialista partido Nuevas Ideas una victoria electoral tan contundente, que cuando sus diputados asumieron el 1 de mayo iniciaron una depuración del órgano judicial sin que la oposición pudiera hacer algo.
En aquella maratónica jornada, la primera de muchas, el oficialismo destituyó al fiscal general y a los magistrados de la referida Sala, y nombraron en su lugar a figuras afines, lo cual activó alarmas incluso en la comunidad internacional sobre la independencia de los poderes del Estado.
«Con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia», replicó Bukele en redes sociales ante las expresiones de preocupación. Y a cada cuestionamiento sobre la casi nula correlación de fuerzas en la Asamblea, la respuesta no varió: el pueblo votó.
Además, la narrativa gubernamental alegó que el aparato judicial de El Salvador hizo la vista gorda o simplemente permitió la corrupción y el inmovilismo durante las administraciones que gobernaron el país desde los Acuerdos de Paz de 1992 hasta la investidura de Bukele, en 2019.
El tiro de gracia llegó con una reforma a la Ley de la Carrera Judicial, para destituir a los jueces mayores de 60 años de edad, entre ellos algunos que investigan crímenes de lesa humanidad, como la masacre perpetrada en 1981 por militares en El Mozote, aún impune. La justificación fue acabar con la «justicia selectiva», esa que, según san Oscar Arnulfo Romero, era como la serpiente, que solo mordía al que no tiene zapatos. Sin embargo, los detractores de la medida acusan a Bukele de moldear un sistema judicial a su medida, y a sus órdenes.
De hecho, justo el día en que entró en vigor una polémica ley que avala la circulación del bitcoin como moneda de curso legal, decenas de magistrados se manifestaron en San Salvador contra las mencionadas reformas, alegando vicios de forma y fondo.
En medio de este revuelo, sobrevino la ya famosa resolución de la Sala, que fue interpretada como un visto bueno a la reelección de Bukele para un segundo mandato, si algún partido político lo aceptaba como candidato.
La respuesta de Nuevas Ideas no se hizo esperar: «Si te decides, aquí está tu partido», tuiteó Xavi Zablah, presidente de la formación Cyan y primo del mandatario.
Otros seguidores hablaron menos, pero fueron más elocuentes al postear en redes sociales una foto de Bukele con un sencillo texto: «2024-2029».
El tiempo -y las urnas- tendrán la última palabra.
