“Yo le prometí a este país que no iba a haber impunidad. En este país ya no hay vacas sagradas, todo el que la hace la paga”, las palabras entre comillas corresponden al ciudadano presidente de la República al responder sobre el complejo caso Falcón, en el que están involucrados una veintena de personas y miles de millones de dólares.
Entre los involucrados se encuentran funcionarios del actual gobierno y congresistas del partido de gobierno, el mismo partido que llevó en su fórmula presidencial al hoy jefe de Estado.
Apresamientos luego de aparatosos allanamientos en los que las propias autoridades han hablado de la intervención o colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA), agencia antidroga de los Estados Unidos.
La intervención de la DEA resta credibilidad a la expresión del mandatario, quien para restar impacto al suceso que empaña la imagen gubernamental ha pretendido recurrir a la desgastada figura de la «justicia independiente».
Si bien actuaron las autoridades locales, lo cierto es que su intervención tiene de guía a las autoridades antidrogas norteamericanas, con las cuales el Estado tiene convenios para perseguir ese tipo de crímenes.
Ese escandaloso hecho ha llevado a la opinión pública a reclamar a los partidos políticos evitar seguir siendo refugios de narcotraficantes para escalar posiciones del poder público.
Es válida y sana la observación de comentaristas y analistas a los partidos políticos, pero lo cierto y objetivo es que, hasta ahora por lo menos, las imputaciones apuntan a colaboradores, funcionarios y congresistas de un solo partido, del PRM.
El 15 de junio de 2020, mediante un documento del Comité Político, expuesto por Francisco Domínguez Brito, el PLD identificó la presencia de políticos y candidatos del PRM vinculados al ilícito del narcotráfico en las provincias de Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago y La Romana, entre otras.
En ese momento el PRM y su candidato, montado en una ola populista, hicieron caso omiso a la denuncia, cuando lo que les correspondía, si se hubiese procedido con responsabilidad, era hablar la verdad y no actuar con insensibilidad e irresponsabilidad.
Un poco más de un año de aquella denuncia del PLD los hechos vienen a demostrar la veracidad de la imputación y el peligro que representa.
El mundo conoce los peligros del narcotráfico y sus secuelas de graves crímenes como asesinato, torturas, destrucción y muerte de los involucrados y de personas inocentes.
Se cuentan ya varios legisladores, funcionarios municipales y del gobierno del PRM. Se ubican casos de Santiago, la región Sur, Este, Nordeste, y el Gran Santo Domingo, en una distribución geográfica que delata una maraña complicada, como lo denunció de forma responsable el PLD.
La dirección peledeísta no se quedó solo en la denuncia pública, pues vía la Secretaría de Asuntos Jurídicos solicitó a la Junta Central Electoral que comprobara si determinados candidatos, hoy funcionarios, se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Constitución y las leyes dominicanas.
En plena campaña electoral advertía el PLD la posibilidad de que una gran cantidad de candidatos a cargos congresuales del PRM en esas elecciones, así como algunos alcaldes y regidores, pudieran estar siendo financiados por el narcotráfico internacional, un hecho que resultaría sumamente preocupante, como ha quedado demostrado.
Resuenan en los oídos de quien firma este trabajo las palabras de Rubén Darío Cruz (Rubén Toyota) antes de que iniciara la campaña en una reunión de planificación de las acciones de promoción de candidaturas, que el PLD no estaba compitiendo con el PRM sino contra el narcotráfico. Qué certero ha resultado aquella afirmación, que fue corroborada por otros candidatos y candidatas peledeístas.
El tema del narcotráfico en la política nunca había sido tan preocupante como aconteció en la pasada campaña proselitista por la presidencia de la República y escaños legislativos y hoy, de aquellos polvos, son estos lodos, que nos acerca, como se ha denunciado, a la existencia de un narcopartido.
