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El secretario general de la Presidencia de Perú, Bruno Pacheco, renunció hoy tras graves acusaciones de gestionar ascensos militares indebidos y favores para allegados en el organismo recaudador de impuestos y otras instancias estatales.

«Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaria General de Palacio. No seré el pretexto de unos y otros para golpear al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ÂíLa verdad nos hace libres!», afirmó Pacheco en un mensaje en Twitter.

Pacheco dimitió tras varios días de reclamos de diversos sectores políticos y medios de prensa y al día siguiente que la Procuradoría Anticorrupción lo denunció ante el Ministerio Público por pedir favores para terceros a la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), que se negó a concederlos.

El procurador Javier Pacheco planteó una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal en agravio de la Sunat.

Previamente, la primera ministra, Mirtha Vásquez; y el titular de Economía, Pedro Francke, declararon que el hasta hoy funcionario debería dejar el cargo por la gravedad de las acusaciones en su contra, aunque fuera hasta que culminen las investigaciones.

El renunciante fue acusado el 8 de octubre por los exjefes del Ejército, José Vizcarra; y la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, de haberlos presionado para que asciendan a general a tres oficiales vinculados al jefe de Estado, a lo que se negaron y posteriormente fueron reemplazados.

La misma acusación lanzaron contra el entonces ministro de Defensa, Wálter Ayala, quien, al igual que Pacheco, negó rotundamente las acusaciones de los generales.

Ayala se defendió ante la comisión parlamentaria de Defensa, mientras Pacheco se acogió al derecho de guardar silencio para negarse a comparecer ante la referida comisión del Congreso de la República.

De otro lado, denuncias periodísticas acusaron al ministro Francke y al titular de Justicia, Aníbal Torres, de que familiares suyos tienen contratos con el Estado, lo que está prohibido, y ambos dieron explicaciones y aclaraciones.
En ese contexto, en el Parlamento fracasó ayer, por ausencia de apoyo, una moción para vacar (destituir) al presidente Castillo por «incapacidad moral permanente», presentada por la legisladora Patricia Chirinos, del partido de derecha extrema Avanza País, del economista neoliberal Hernando de Soto.

Al mismo tiempo, el partido de línea similar Renovación Nacional, del acaudalado empresario Rafael López Aliaga, anunció una marcha por la vacancia de Castillo para el 27 de noviembre.

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