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Decenas de miles de personas protestaron hoy en una veintena de ciudades del Reino Unido contra un proyecto de ley de seguridad que otorgaría más poderes a la Policía para lidiar con las manifestaciones callejeras.

Las multitudinarias protestas abarcan desde Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, hasta Cardiff y Edimburgo, en Gales y Escocia, respectivamente, además de Londres, Bristol y varios lugares más.

En esta capital, los manifestantes recorrieron el centro de la urbe detrás de una gran tela donde llamaban a «proteger el derecho a protestar» y con carteles con el lema Kill the Bill (Maten el proyecto de ley).

La marea humana animada por tambores se detuvo durante varios minutos frente a la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson para exigirle también la renuncia, a raíz de revelaciones recientes de que sus ayudantes y asesores celebraron fiestas en Downing Street durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

La manifestación, que se desarrolló de forma pacífica, culminó frente a la sede del Parlamento, donde este lunes la controvertida nueva Ley de Policía, Delitos, Condenas y Tribunales será sometida a votación en la Cámara de los Lores antes de regresar a la de los Comunes para un debate final.

La legislación otorgaría a las autoridades policiales el poder de fijar la hora de inicio y culminación de las protestas, determinar el nivel de ruido a partir del cual se les considera una alteración del orden público, o si afectan a otras instituciones o ciudadanos.

Quienes se nieguen a acatar las órdenes de los agentes del orden podrían recibir multas de unos tres mil dólares y hasta penas de cárcel en dependencia de la magnitud del desorden.

La Policía también tendrá más potestad para detener y registrar en las calles a las personas que le resulten sospechosas y aquellos que dañen estatuas y monumentos públicos enfrentarían hasta 10 años en prisión.

Aunque los laboristas se oponen a algunas de las secciones de la ley, sobre todo las relacionadas con lo que algunos consideran un intento de criminalizar las manifestaciones, el Gobierno conservador lleva las de ganar a menos que el resto de los diputados opositores hagan un frente común el día de la votación final.

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