Opinión

Reforma a la seguridad social

Hace 21 años, cuando el país asumió un nuevo sistema de seguridad social, ciframos nuestras esperanzas en que podríamos mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y las desigualdades sociales de nuestra sociedad, mediante la implementación de una política pública integral capaz de proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país.

Podemos constatar importantes avances en estos 21 años, según el balance presentado por Pedro Luis Castellanos en un reciente artículo: el nivel de afiliación del seguro familiar de salud pasó de 7% a 98% de la población, aumento del gasto nacional en salud, impulso al desarrollo de la infraestructura pública y privada, incremento progresivo de los servicios, mejor acceso a atención ambulatoria y medicamentos, entre otros logros.

Visto en retrospectiva, el país ha dado un paso cuantitativo y cualitativo extraordinario que garantiza la protección a millones de dominicanos y dominicanas que, siendo sinceros, en el sistema anterior, nunca habrían podido contar con un seguro de salud, un sistema previsional de pensiones ni mucho menos un sistema que le protegiera ante los riesgos laborales.

Sin embargo, como es lógico, la sociedad evoluciona y las circunstancias exigen la reflexión sobre las reglas existentes y como se pueden mejorar, por eso asumimos la discusión sobre una reforma a la seguridad social como una de las actividades más importantes que deben asumir las fuerzas vivas de la Nación, porque aquella reforma que se materializó en la Ley núm. 87-01 fue el fruto de un diálogo amplio y de consultas públicas en todo el territorio nacional, e incluso en Estados Unidos.

El proceso de reforma de la seguridad social que se lleva actualmente debe llevarnos a la universalidad de la seguridad social, como lo establece el artículo 60 de la Constitución, a la vez, se requiere aclarar cualquier duda sobre el financiamiento del sistema, sobre la participación de los actores privados y sus beneficios, que son parte esencial de un sistema que funcione y se pueda mantener siempre actualizado.

Igualmente, necesitamos un sistema de seguridad social digno e integral, que no deje ninguna duda de que el ciudadano es el que está en el centro de sus ejecutorias, mientras que el resto de los actores institucionales se convierten en garantes de una seguridad social de calidad, salvaguardando los principios y derechos que faciliten la armonía en el funcionamiento de la institucionalidad.

Hay que prestar especial atención a estas reformas que buscan preparar al país para 20 años más de un sistema de seguridad social que pueda solucionar los problemas del pasado. Apoyamos el esfuerzo que se realiza para estas reformas, porque una población sin garantías de su salud no podrá aportar su productividad al desarrollo de la Nación.

En la base de todo cambio al sistema deberán primar tres objetivos fundamentales: una mejor atención en salud, especialmente en cuanto a la atención primaria; la protección de los ciudadanos en el atardecer de sus vidas, con pensiones dignas que les garanticen un mínimo de calidad de vida adecuado; y la mejora en la prestación de servicios a los grupos más vulnerables, garantizando sus derechos fundamentales.

El diálogo y el consenso son la guía para obtener ese resultado, porque una mejor seguridad social es una tarea de todos y todas.

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