Editorial

Ley de Extinción de Dominio será un natimuerto

Chapucería es el término apropiado para considerar la acción de los congresistas del PRM, quienes impusieron en el Senado de la República la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Reconocidos juristas, expertos constitucionalistas y los empresarios opinaron sobre el divorcio del proyecto de ley de la Carta Magna, que es la ley fundamental del país.

Medios de opinión y comentaristas en particular advirtieron sobre el desfase y falencias de la pieza, que fue conocida, como se dice en buen dominicano, “como caña pal ingenio”.

Se ha dado aprobación a un proyecto que dispone la retroactividad de la ley, lo que destruye la seguridad jurídica y contradice la Constitución de la República.

“La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir”, dice de forma enfática el artículo 110 de la Ley Sustantiva de la nación, a lo que los congresistas oficialistas han hecho caso omiso, enfocando su accionar en el uso de un término sustituto idiomático de la retroactividad.

El derecho a la propiedad, que es fundamental, queda destruido con la aprobación de una ley a todas luces inconstitucional.

Sin duda alguna el plan que subyace en la aprobación a la carrera de esta pieza es hacerse el gracioso y que se evada el debate de la preocupación fundamental de la sociedad, que es el alto costo de la vida, los altos niveles de inflación y la desatención a la ciudadanía, que se refleja en la salud, la educación y el deterioro de los servicios.

“Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”, dispone la Carta Magna.

Este concepto, que es del conocimiento de los congresistas que apabullaron en la sesión del Senado de la Republica y los acólitos que la respaldan, nos lleva a ratificar que el partido en el gobierno no desea que se apruebe esa legislación, por lo que ha recurrido a aprobar una ley orgánica como ordinaria y a colocar en sus textos disposiciones en franca violación a la ley de leyes.

Son lamentables la tozudez y la prisa para aprobar una ley que, efectivamente se necesita, pero que por sus fallas se enrumba a ser censurada y anulada.

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