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DW de Alemania conversó en Bruselas con Claudia González, defensora de fiscales judicializados, con el siguiente reporte

En Guatemala, el cierre de El Periódico, esta semana, se suma a la preocupación por la situación de su director, en prisión desde hace diez meses. «El diario trató de aguantar, pero el ataque y la utilización del derecho penal fue brutal: presionaron e intimidaron a seis de sus abogados, que renunciaron a su defensa. Ahorcaron económicamente a El Periódico como una manera de castigo y venganza”, afirma González, abogada en ejercicio en Guatemala.

Desde Bruselas, se expresó también preocupación por el cierre del prestigioso rotativo y se recordó la importancia para la democracia de medios libres, independientes y pluralistas, más aún en contexto electoral.

«Hemos trabajado el último año creyendo aún en la justicia en Guatemala. Pero hemos constatado que las instituciones deciden de forma parcializada, especialmente en el sector de la Justicia. Ya no hay Estado de derecho en Guatemala”, apunta Claudia González, que fue jurista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el órgano internacional para apoyar la investigación y persecución penal de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad.

Cabe recordar que, después de que la CICIG, que comenzó sus funciones en 2006, destapara escándalos de corrupción que llegaron hasta las más altas esferas, su mandato fue finalizado por el Gobierno guatemalteco en 2019.

«Históricamente, la Unión Europea fue uno de los actores que financiaron la CICIG, que luchó activamente contra la corrupción y el crimen organizado. Su retiro repentino puso en riesgo la vida de muchos funcionarios que trabajaron ahí. La consecuencia es que, hoy por hoy, Guatemala tiene más de cien jueces exiliados, porque por cumplir con su trabajo son hoy criminalizados”, afirma González.

En su opinión, la comunidad internacional debió mantener el foco puesto en los sistemas de justicia del país centroamericano. «Tienen una deuda con los derechos humanos en mi país”, subraya González, cuyo valor acaba de ser premiado por la organización internacional Lawyers for Lawyers.

No es la primera vez que un procurador de justicia toca a las puertas de las instituciones europeas buscando un oído más aguzado. Es decir, en Bruselas no falta conocimiento de la gravedad del quiebre institucional en Guatemala. Antes de Claudia González, Jordán Rodas, procurador de derechos humanos entre agosto de 2017 y agosto de 2022, había expuesto en el Parlamento Europeo la persecución sistemática a operadores de justicia en Guatemala.

Un año después, se descalificaba su candidatura a la vicepresidencia de su país, aduciendo cuentas pendientes con la justicia. Al respecto, en abril, la diplomacia europea recordó a las autoridades electorales guatemaltecas su obligación de garantizar que «las inscripciones de candidatos se llevan a cabo con total transparencia, imparcialidad y de conformidad a la Constitución”.

Con todo, esta misma semana llegó a Guatemala el primer contingente de los cien expertos electorales que acompañarán todo el proceso de los comicios del 25 de junio y el 20 de agosto. «Es muy importante que la Misión de Observación Electoral (MOE) no llegue solamente para el momento de la elección, sino que haga un análisis de los incidentes y los problemas que se han dado antes, que registre cómo el Tribunal Supremo electoral ha sido muy subjetivo al momento de retirar inscripciones. El informe de la MOE será un punto de partida para exigir más transparencia”, anota González.

Situación en constante deterioro
Si bien el tema de la corrupción en las estructuras estatales guatemaltecas no es nuevo -por eso el mandato de la CICIG en el marco de los acuerdos de paz de 1996-, se estaba avanzando en la transparencia y en la lucha contra la impunidad. En esto último coincide Impunity Watch, una organización no gubernamental con sede en La Haya.

«Pero, desde hace cuatro años, cuando se eligió a dedo a la fiscal general, cuando no se eligieron nuevas Cortes, cuando se nombró selectivamente a magistrados para la Corte de Constitucionalidad, cuando se empezó a utilizar el sistema de justicia para entorpecer elecciones, todo ha venido empeorando. La persecución de funcionarios la han extendido al interior para privar a las comunidades indígenasde su propiedad y sus recursos. Y no se permite voz opositora”, afirma González, que echa en falta mayor presión internacional.

«Lo grave de permitir estas circunstancias es que mañana va a ser mucho más difícil revertirlas. Guatemala está en un punto estratégico que tiene que ver con migración y narcotráfico. Los intereses de Estados Unidos y de Europa también se van a ver afectados. Si no ponen atención, la situación alcanzará dimensiones inmanejables”, advierte González. «Hay que reconocerlo: estamos ante una dictadura disfrazada de legalidad”, concluye. (ms)

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