Opinión

Por: Juan Ariel Jimenez | Dice una frase popular que “de las aguas mansas me libre Dios, que de las bravas me libro yo” porque a lo largo de la historia ha quedado evidenciado que bajo la apariencia de mansedumbre y paz de ciertos mares se esconden tremendos remolinos capaces de hundir al más experimentado de los marinos. Y un ejemplo de eso es la propuesta de adenda del contrato de concesión de aeropuertos que recientemente anunció el gobierno, que con las acostumbradas “buenas intenciones” esconde debajo un duro golpe de más de mil millones de dólares.

Haciendo un poco de historia, a mediados de 1999 el gobierno dominicano otorgó cuatro aeropuertos bajo concesión a una empresa privada por un período de 20 años, contrato que fue modificado en el período gubernamental 2000-2004 para extender el plazo por 10 años adicionales e incluir dos nuevos aeropuertos.

Bajo el contrato que todavía hoy está vigente, estos seis aeropuertos retornarían a manos del Estado Dominicano en el año 2030, con lo cual todos los cobros que realizan dichos aeropuertos pasarían a ser parte de los ingresos del gobierno, pero también pasaría a ser responsabilidad del gobierno el pago de los costos de administración y la realización de las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión de estos.

En caso de que cercano al año 2030 la sociedad dominicana prefiriese que los aeropuertos sean manejados por empresas privadas especializadas y no por funcionarios públicos, lo normal sería que el gobierno de 2028-2032 realice una licitación pública internacional y seleccione a la empresa administradora de dichos aeropuertos, bajo el marco legal de la ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas. Por supuesto, en dicha licitación pudiera participar la actual empresa que maneja estos aeropuertos, pero en condiciones de igualdad de competencia frente a otros potenciales competidores.

Pero no, el actual gobierno decidió enviar al Congreso una ley para autoasignarse “transitoriamente” la facultad de negociar por adelantado todos los contratos de concesión realizados antes del 2006, y en menos de una semana de promulgada dicha ley ya el gobierno anunciaba la extensión de este contrato de administración de aeropuertos. En pocas palabras, con este “traje a la medida” el gobierno pretende otorgar grado a grado una concesión que en cualquier país civilizado sería realizado por el gobierno 2028-2032 mediante un proceso de licitación pública internacional.

Si bien el bajadero jurídico es, cuando menos, cuestionable, el tema financiero cae en el ámbito de lo indecente.

Con “bombos y platillos” el gobierno anuncia que la empresa actual realizaría un pago de 775 millones de dólares, pero al revisar los números financieros es fácil observar que el valor de dicha extensión del contrato debería rondar hoy por lo menos en dos mil millones de dólares.

En la extensión del contrato remitida al Congreso Nacional, en la documentación anexa se incluye un análisis realizado por la empresa internacional ALG, donde se demuestra que los aeropuertos administrados por AERODOM están entre los más rentables de América Latina. Según dicha empresa, y cito textualmente: “Los ingresos unitarios en la red de AERODOM son superior a los de benchmark comparables… estos ingresos unitarios son solo comparables con los del Aeropuerto Internacional de Quito, considerado uno de los mejores en cuanto a performance financiero en la región”.

Por supuesto, esto implica que el gobierno dominicano de 2028-2030 recibiría una red de aeropuertos altamente rentables que pudiera fácilmente licitar una extensión del contrato que permita importantes ingresos para el gobierno. De hecho, una negociación decente establecería ingresos anuales para el gobierno, no todos los ingresos “de golpe y porrazo” a una sola administración.

Dicha empresa extranjera establece que, y cito textualmente: “En una concesión de dimensión comparable hay margen para una retribución/inversión del orden de USD 1.5B”, es decir, el gobierno pudiera recibir mil quinientos millones de dólares.

Y esto no se queda ahí, pues lo negociado por el gobierno no es solo la extensión del contrato por 30 años adicionales, sino un aumento significativo de las tarifas que cobrarán los aeropuertos empezando por el año 2024. O sea, no es solo extender el contrato a futuro, sino aumentar de inmediato lo que estos aeropuertos cobran a los pasajeros.

Incluyendo este aumento de tarifas, la propia empresa internacional cuyo informe se anexa a lo remitido al Congreso expresa que el valor de dicho contrato 1,925 millones de dólares. ¿Como entonces el gobierno quiere vender que “ha realizado una negociación histórica” cuando solamente está recibiendo 775 millones de dólares? Quizás pensaba que nadie iba a leer los anexos de lo remitido al Congreso.

En resumen, mediante una “ley especial” recién aprobada este gobierno quiere presentar como “una negociación histórica” el asumir unas funciones que le corresponden al gobierno de 2028-2032, extender un contrato 7 años antes de que termine, hacerlo sin licitación de por medio, y aceptar unos ingresos cerca de un tercio de lo que le correspondería al Estado. En pocas palabras, al lado de estas “aguas mansas”, hasta el más peligroso de los tsunamis se queda corto.

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