Opinión

Por: Luis García | La Junta Central Electoral es la institución dominicana que más admiro, al punto que me siento parte de la misma, dado el rol esencial que está llamada a desempeñar respecto al fortalecimiento de la identidad nacional y la democracia en el país.

En la medida en que este órgano se consolide, la democracia se irá perfilando con mayor fortaleza. Esta no se trata de una afirmación vaga, sino que parte de la premisa de que las cuestiones políticas y electorales son vitales para el afianzamiento de la práctica democrática.

Una de las trabas para la consolidación de los valores y el desarrollo nacional radica en la debilidad institucional. Ahora ha vuelto a ocurrir un acontecimiento, a mi juicio vergonzoso: el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con el Presidente de la República para hablar de asuntos presupuestarios y de otros temas relacionados con las elecciones del año 2024.

Naturalmente, este desfile “antinstitucional” de las autoridades electorales a la Casa de Gobierno no ha sido exclusivo de los miembros actuales. Sus predecesores también lo hicieron sin ruborizarse. En el pasado estuvo mal, y en el presente, también.

Lo peor es que todo esto ocurre ante el silencio sepulcral de la sociedad. Nada dicen los partidos. Nada dicen las iglesias. Nada dicen los medios de comunicación. Nada dicen las organizaciones denominadas de la sociedad civil. Nada dicen los organismos internacionales que en cuestiones de soberanía es habitual su injerencismo.

Todo parece un silencio cómplice. Vergonzoso hasta más no poder e impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Junta Central Electoral representa un extrapoder que no requiere hacer el papel de mendigo ante el Poder Ejecutivo.

Las autoridades electorales no tienen por qué ir a explicarle al Presidente de la República que el próximo año se celebrarán las elecciones. Tampoco el Gobierno tiene que plantearles que garantiza la entrega de los recursos en tiempo oportuno, ni mandar a funcionarios del órgano electoral a reunirse con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto para coordinar la erogación de fondos.

Estamos ante una aberración que no se corresponde con una sociedad mínimamente organizada. Este tipo de prácticas, violatorias de la Constitución de la República, deben ser erradicadas a la mayor brevedad.

La Junta Central Electoral representa un rol de árbitro y tiene que comportarse como tal en todas las situaciones.

La confianza en los resultados de unas elecciones está estrechamente ligada a la credibilidad del árbitro, por lo que, en término de percepción, resulta contraproducente acudir ante una parte interesada en un proceso competitivo, independientemente de que se trate del Jefe del Estado.

El artículo 212 de nuestra Carta Magna señala que se trata de un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular.

Mientras que el artículo 331 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral establece que, en el Presupuesto General de Estado de cada año, se consignará un monto que no podrá ser menor del 1.5 % del monto general del presupuesto, sin perjuicio de los gastos extraordinarios para ser aplicados en procesos electorales, en referendos o plebiscitos.

Visto este sólido marco jurídico, la Junta Central Electoral no tiene que mendigar nada en el Palacio Nacional; por el contrario, es el Poder Ejecutivo el que debe garantizar la asignación de los recursos económicos necesarios para organizar elecciones municipales, congresuales y presidenciales libres y transparentes.

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