Editorial

Tratando de apagar el fuego generado en amplios sectores de la sociedad con el adefesio de la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el presidente de la República, Luis Abinader, ha definido su gobierno como democrático.

Es decir, a Dios rogando y con el garrote dando, que es lo que se deduce de una práctica democrática solo teórica o de boca, como se diría en un lenguaje entendible.

El amplio rechazo generado con una ley divorciada totalmente de la Constitución y de las reglas de la democracia, acorrala al mandatario, quien se ve en la obligación de defender su gobierno, argumentando “que se practica la democracia”.

La verdad monda y lironda, es decir limpia y clara, es que en la actual gestión de gobierno vienen advirtiéndose elementos preocupantes que ponen de manifiesto nubarrones en la vida democrática.

Se impone el esquema desgastado de la judicialización de la política con la meta de eliminar a sus adversarios, se avasalla desde el Congreso, se utilizan las mancuernas en órganos constitucionales para descalificar al contrario y se comete la osadía de interpretar a su antojo normas legales, como el caso de contradecir las leyes electorales y disposiciones de la Junta Central Electoral, al decir que el mandatario no está impedido de inaugurar obras del Gobierno durante el periodo de campaña, entre otros casos.

¿Es acaso democrático ordenar que las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas estén obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia, a los fines de supuestamente salvaguardar la seguridad nacional?

El derecho a la intimidad, la privacidad y guardar el secreto de las fuentes en la divulgación de noticias han sido reconocidos y respetados como tales con rango constitucional, legal y del Derecho, que es lo que se violenta con la disposición contenida en la ley de marras.

El Partido de la Liberación Dominicana lo ha dejado claro por intermedio de sus congresistas y juristas y por su candidato presidencial, Abel Martínez, quien con su experiencia como jurista y legislador ha advertido sobre la inconstitucionalidad de esta ley ya que la misma deja abierta una brecha inaceptable con rasgos dictatoriales.

República Dominicana ha avanzado mucho en el desarrollo de sus instituciones y la consolidación de su vocación democrática para aceptar con indiferencia que a cada ciudadano se le coloque sobre la cabeza una especie de espada de Damocles sujeta al capricho de autoridades que actúan de espalda a la Constitución del país. Y en esa actitud, nuestros conciudadanos cuentan con el respaldo irrestricto del Partido de la Liberación Dominicana.

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