Editorial

Es la propia ley sustantiva de la nación la que identifica a los partidos políticos como sujetos de derecho que se sujetan a los principios constitucionales.

Eso significa que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen el aval de la Constitución de la República para garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

Al igual que a los partidos, la Ley de Leyes rige el llamado órgano de comicios o Junta Central Electoral, la que en los municipios se hace representar por las juntas electorales municipales con el mandato constitucional de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.

Fundamentado en los articulados de la Constitución y en sintonía con las llamadas leyes electorales (Ley de Partidos y Ley de Régimen Electoral), el Partido de la Liberación Dominicana ha presentado peticiones bastantes fundamentadas en procura de la equidad y transparencia en las competencias electorales programadas para el año en curso.

El informe de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD sobre la observación de las pruebas del proceso de cómputo electoral en los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión procura blindar el proceso electoral para garantizar su transparencia y evitar vicios y errores del pasado, que han puesto en peligro el devenir democrático.

Mediante instancia el equipo jurídico del PLD y su delegación ante la Junta Central Electoral reiteró el abusivo uso de los recursos del Estado en la presente campaña electoral a cargo de funcionarios del gobierno, que son candidatos del PRM o impulsan candidaturas de ese partido, también se ha solicitado, en sintonía con los procedimientos legales, que la Junta Central Electoral, a través de sus facultades, prohíba terminantemente al gobierno central y a las alcaldías la realización de actos públicos de inauguración de obras, como queda establecido en el artículo 210 de la Ley del Régimen Electoral.

En relación con estas notorias violaciones la comunidad partidaria ha sentido la burla del Gobierno y sus funcionarios quienes responden con altanería y engreimiento los argumentos del PLD y de la oposición política.

Como queda establecido en la Constitución de la República, la Junta Central Electoral debe velar por que las elecciones se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad como garantía de transparencia y de un ejercicio democrático.

Evitemos que el país vuelva a etapas superadas por su desarrollo institucional alcanzado bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana.

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