Opinión

Por: Richard Medina | La discusión y posterior aprobación de una reforma fiscal en 2024 luce un escenario cada vez más probable. Es de esperar que dicha reforma, como ha sucedido en el pasado, esté casi exclusivamente orientada a la revisión de tasas impositivas, es decir, que se trate más de una reforma tributaria o de impuestos.

Antes de analizar la conveniencia o no de determinadas medidas tributarias, y de su impacto en sectores específicos, es importante describir el contexto en que se discutiría y negociaría dicha reforma.

En la actualidad, la situación fiscal dominicana es compleja. Los ingresos tributarios cerraron 2023 en 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB), incluyendo adelantos de impuestos y otros ingresos extraordinarios. Esta es la segunda menor proporción en América Latina a pesar de que las tasas de los impuestos que enfrentan los contribuyentes son similares que la de otros países de la región.

La baja presión tributaria (impuestos que recauda el Gobierno en proporción al tamaño de su economía) obliga al Gobierno a gastar poco. Al cierre de 2023, el gasto del Gobierno Central ascendió a 18.8% del PIB, de los más bajos de América Latina.

El bajo gasto público es un problema estructural en República Dominicana, pero se agrava por el aumento de gastos poco productivos que se observa posterior a la pandemia. Por un lado, la factura de intereses de la deuda pública sigue en aumento.

En 2019, el pago de intereses fue de 134,507 millones de pesos o 2.9% del PIB. En 2024, se tiene presupuestado pagos de intereses por 263,817 millones, equivalente al 3.5% del PIB o 22.5% de los ingresos tributarios. Esto es preocupante. República Dominicana está entre los 15 países a nivel mundial que más intereses pagan de su deuda pública como proporción de sus ingresos.

Otro gasto improductivo es el subsidio al sector eléctrico. En 2022-2023, el Gobierno dominicano transfirió a las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) unos 3,181 millones de dólares o 2.7% del PIB. Recordemos que el Gobierno autorizó aumentos de la tarifa que pagan los clientes de las EDES entre 19% y 40% en 2021 y 2022, que se observaron caídas de 40% en el precio de los combustibles de generación y que la inversión de las EDES es menos de la mitad de años anteriores. Si esos tres eventos no hubiesen sucedido, el subsidio hubiese sido 800 millones de dólares mayor en cada año.

La situación financiera descrita se debe al aumento de las pérdidas de energía de las EDES (energía que las EDES entregan a la ciudadanía pero que no facturan): en 2019, las pérdidas eran de 27% con tendencia a reducirse lentamente; en 2023, las pérdidas fueron de 36% y con inclinación a aumentar.

Una vez finalizado el ciclo electoral, y con más del 75% de la matrícula de los legisladores de cada Cámara, el partido oficialista tiene los votos suficientes para aprobar la ley de reforma sin mayores inconvenientes. Sin embargo, las discusiones de la (posible) reforma tributaria se desarrollarán en un ambiente fiscalmente complicado para el Gobierno. Un entorno que amerita prudencia y la participación de los sectores nacionales.

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