Internacionales

Una encuesta privada difundida hoy verificó que 87 por ciento de los peruanos están insatisfechos con el régimen político de democracia representativa, al que, además, no apoyan 53 por ciento.
El sondeo del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica, según la versión digital del diario La República, que “más de la mitad de los ciudadanos de nuestro país no apoya a la democracia y una apabullante mayoría no está satisfecha con este sistema político”.
El sondeo evidenció que 53 por ciento de los consultados no apoyan el sistema imperante, que cuenta con el respaldo de 47 por ciento, a diferencia de lo que arrojó una encuesta similar en mayo de 2022, cuando la diferencia fue al reves, pues el apoyo era entonces de 53 por ciento y el rechazo de 47 por ciento.

La medición del IEP indica que la desafección es mucho mayor, al alcanzar al 87 por ciento que no están satisfechos con el tipo de democracia vigente, cuyos síntomas de crisis se expresan además en una desaprobación de 90 por ciento a la presidenta Dina Boluarte y de 94 por ciento al parlamento de mayoría conservadora.

La impopularidad de la mandataria tiene su origen, según diversos análisis, en la represión, con un saldo de 50 civiles muertos, a las protestas sociales contra el ascenso de Boluarte a la presidencia, aunque sus detractores le atribuyen además deficiencias en la gestión gubernamental.

Los resultados del sondeo fueron publicados el mismo día en que el abogado de Boluarte, Josep Campos, fundamento ante un tribunal su pedido de archivar una investigación a la jefa de Estado por muertes en las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En el caso del Congreso, el rechazo ciudadano, para sus críticos, se justifica por sus decisiones de contenido conservador, como la de adjudicarse derecho de veto a los referendos y su bloqueo a demandas de importantes sectores de una consulta ciudadana sobre la pertinencia de una nueva constitución como ruta de salida a la prolongada crisis política.

En las últimas semanas arreciaron las críticas al Legislativo por la aprobación de normas que impiden la participación de movimientos regionales en las elecciones de gobernadores y alcaldes, organizaciones que ganan la mayoría de los comicios.

Entre las decisiones parlamentarias controvertidas destaca la aprobación de una ley que virtualmente deja impunes los crímenes de Estado cometidos durante el llamado conflicto interno (1980-2000) al disponer que la imprescriptibilidad de esos delitos solo se aplique a los cometidos desde 2002, año en el que Perú adhirió a la Corte Penal Internacional.

Además, aprobó una reforma legal que hace menos drástica la legislación con el crimen organizado, pues señala que solo pueden consideradas organizaciones criminales aquellas creadas para delinquir, prohíbe bloquear cuentas a investigados y exige la presencia del investigado y su abogado para allanar sus viviendas y oficinas.

últimas Noticias
Noticias Relacionadas