Opinión

En el escenario político dominicano Post elecciones Presidenciales del presente año 2024 el presidente de la República reelecto Lic. Luis Abinader Corona y sus asesores, en su comportamiento constante de sus últimos cuatro años de ejercicio de gobierno, pocos días después de este suceso, en su acostumbrada Rueda de Prensa La Semanal, pone en agenda dos temas fundamentales como prioridades de su nueva gestión de gobierno.

Estos dos temas son: 1- Una nueva Reforma a la Constitución Dominicana.

2- Una Reforma Fiscal que les permita generar más recursos para poder cumplir con los compromisos de su gobierno.

Solo voy a referirme al tema Constitucional en este escrito pues el de la Reforma Fiscal requiere una valoración aparte,

Sobre la Reforma a la Constitución, el Presidente Abinader como vocero de su propio gobierno argumenta la necesidad de poner un candado a la Constitución que impida la aparición de un nuevo Trujillo en el siglo XXl. Ante esta argumentación, experto en derecho Constitucional y estudioso de la misma Constitución Dominicana han señalado con sobrada argumentación que detrás de ese tema de reforma se esconde otros motivos que pueden ser pecaminoso para el desarrollo de la Democracia en la República Dominicana en un futuro cercano, pues precisamente el artículo 124 de la constitución dominicana actual sobre la elección Presidencial nos dice:

El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.

Como se puede observar sería interesante que se explique cuál es el candado si realmente la constitución actual expresa claramente la imposibilidad de un continuismo que no esté acorde con la misma. En este tema la misma constitución toma como modelo la Constitución Norteamericana en lo referente a que un Presidente electo pueda optar por un nuevo periodo constitucional, veamos qué nos dice la constitución norteamericana:

Enmienda XXII Sección I

Nadie podrá ser elegido Más de dos veces la sometida por los proponerte del poder ejecutivo y me atrevería a citar: Extensión del periodo Presidencial de 4 a 6 años, 2 Habilitar al presidente quitando el nunca. Otra Reforma planteada lo es la de la creación de un Ministerio de Justicia cuya reforma, no tiene sentido dentro del punto de vista expresado de mucho constitucionalistas, ya que las funciones y la independencia de la justicia está establecida en la misma constitución Dominicana y cuando el Presidente argumenta sobre un Ministerio Público Independiente, la misma Constitución Dominicana lo refiere al artículo 169 párrafo 1y11, artículo 70 sobre autonomía y Principios de actuación.

Es importante considerar que en las constituciones occidentales y americanas con raras excepciones el procurador no seas designado por el poder ejecutivo, ya para función de presidente, ni nadie que haya actuado como Presidente por más de dos años del término para el cual fue elegida otra persona podrá ser elegido más de una vez para la función de Presidente (Caso de Harris Truman). Como se puede observar la Constitución Dominicana actual tiene el mismo espíritu de la Constitución Americana y vas más lejos, pues reitera el no poder aspirar con el nunca jamás.

Ante esto hay que tratar de conocer el cojo sentado y observar si el tuerto está durmiendo como decía el Profesor Juan Bosch, pues en política de poder hay cosas que no se ven y en estas circunstancias el afán sobre el tema lleva a varias interrogante, pues la asamblea constituyente, es Soberana y puede someter a votación una agenda diferente a que el mismo representa la administración de justicia eficiente en un Estado Democrático y de Derecho con absoluta independencia y equidad como manda nuestra propia constitución en su artículo 169-Párrafo 1 Cuando reza: En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a cada ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley».

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