Las intenciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de reformar el artículo cinco de la Constitución para facilitar el retorno de bases militares extranjeras, causó polémica en el pais suramericano
¿No sirvió de nada la consulta popular que introdujo la extradición en la Constitución y endureció las penas de varios delitos tipificados en el Código Penal? ¿Existió alguna vez el famoso “Plan Fénix”?, cuestionó en su red social el analista político Mauro Andino al referirse al anuncio de Noboa.
Andino expuso ejemplos como Colombia y Perú que tienen siete y ocho bases militares norteamericanas, respectivamente. ¿Han terminado con el narcotráfico? En lo absoluto. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y Perú no se queda atrás, manifestó.
Para el experto, “queda claro, que la demagogia y el oportunismo son parte de la agenda electoral del presidente transitorio para intentar sostener ciertos apoyos de cara a los comicios del próximo año”, concluyó.
De igual manera, la especialista en seguridad Carlas Álvarez, reiteró a la emisora Radio Pichincha que la propuesta del mandatario responde a un tema político-electoral.
Según la investigadora, las múltiples crisis que enfrenta Ecuador hacen que el presidente “busque equilibrar su imagen y mostrar proactividad en su gestión, sobre todo en su intención de ser reelecto en el 2025”.
Álvarez recordó al medio de prensa que la Base Militar de Manta fue instalada en 1999, en un gobierno débil como el de Jamil Mahuad (1998-2000), que concedió espacios a Estados Unidos como garantías para conseguir estabilidad política y sostenimiento.
Mientras que, con la llegada de Rafael Correa (2007-2017), se impulsó una política contra hegemónica y se cortó esa cooperación militar norteamericana.
Este hecho marcó un hito en la postura ecuatoriana frente a la influencia militar extranjera, alineándose con una tendencia de mayor independencia en la región.
La decisión de Correa fue vista como un rechazo al control o influencia de potencias extranjeras en asuntos de defensa, buscando evitar situaciones de dependencia o subordinación.
Ahora Noboa intentará cambiar el artículo cinco de la Constitución que impide la instalación de bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos en Manta, en la provincia de Manabí, por una década.
Con ese propósito, este lunes el gobernante envió a la Corte Constitucional su propuesta de reforma parcial a la carta magna. Sin embargo, el documento, que debía ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y analizado en la Comisión de Seguridad del parlamento, fue remitido directamente a la CC.
Aunque la mayoría legislativa ha mostrado su aprobación ante la decisión del mandatario, otros consideran que es una jugada del jefe del Ejecutivo para ganar puntos en la próxima contienda electoral.
Para el asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, la propuesta del Gobierno de reforma parcial para el regreso de las bases militares extranjeras es una “estratégia política».
Asimismo, la legisladora Lucía Posso coincidió en que si bien la iniciativa ayudaría a luchar contra la inseguridad, no es la prioridad. “Hoy la prioridad es que se va a ir la luz (…) creo que detrás de esto hay un cálculo político”.
Mientras tanto, el presidente del parlamento, Henry Kronfle, manifestó que “la idea es buena, pero será la Corte el órgano que determine si se debe tramitar vía enmienda o reforma parcial».
El anuncio de Noboa se produce en medio del ajetreo electoral y un alza de la violencia en esta nación sudamericana pese a la presencia de militares en las calles, reiterados estados de excepción y el reclamo ciudadano por la falta de acciones del Ejecutivo para detener la inseguridad.
A ese contexto se suma la crisis energética que ha provocado el retorno de los apagones de ocho horas al territorio nacional.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, alertó que los cortes de energía tendrán una repercusión de 3,5 millones de dólares, por cada día sin electricidad, manifestó.
Entretanto, los ecuatorianos han expresado preocupación porque los apagones están programados por el horario nocturno, propicio para los hechos delictivos.