De nuevo la aparición de los apagones vuelve a mortificar a la ciudadanía, al comercio, a la industria y a la sociedad en general.

En esta oportunidad, las molestas suspensiones del servicio eléctrico se acompañan de una situación grave, muy grave: las alzas desproporcionadas en la facturación, las cuales han alcanzado niveles críticos en diversas provincias y sectores.

Es una combinación explosiva que a diario se manifiesta en quejas, protestas y manifestaciones populares que incluyen cacerolazos, bloqueos de vías, quema de neumáticos y reacciones airadas.

Son cortes de más de doce horas de duración que vienen acompañados de la burla al usuario, a quien se le pretende persuadir de que las suspensiones no se deben a un déficit de generación, sino a «averías locales» que ocurren —¡coincidencialmente!— siempre a la misma hora y en los mismos lugares.

Pese a que los consumidores mantienen sus hábitos de consumo, la facturación aumenta mensualmente, lo que ha llevado a que las estafetas de las empresas distribuidoras se conviertan en un muro de lamentaciones que, en muchos casos, deviene en reclamos violentos.

Entre las explicaciones del Gobierno, se alega que se ha registrado un máximo histórico en la demanda instantánea, provocado por las altas temperaturas del verano y el uso intensivo de aires acondicionados. Con esos argumentos se pretende ignorar que el calor en este país tropical se siente durante todo el año, incluso en el invierno.

Sin embargo, existe una causa real para esta combinación mortificante para los ciudadanos y los sectores productivos: la pérdida de energía, junto con un profundo deterioro del sector que ha provocado que el subsidio eléctrico prácticamente se haya triplicado en los últimos seis años.

La verdad monda y lironda sobre los apagones y las alzas de las facturas no está en la inclemencia del verano ni en el aumento de la demanda. La explicación es más simple y humana: la ausencia de planificación y la falta de voluntad política para encarar un problema que la gestión del PLD dejó resuelto.

Haciendo gala de su tradicional estilo propagandístico —sustentado en un voluminoso presupuesto publicitario—, el Gobierno del PRM celebró la declaratoria oficial de “Hambre Cero”, atribuida a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ruedas de prensa, publicidad en los medios de comunicación, comentarios por encargo y la proliferación de mensajes en redes sociales fueron parte de las acciones con que se pretendió venderles a los dominicanos ese supuesto gran logro en el que la población no cree.

Tan optimista noticia llevó a quienes planifican el día a día en las salas de redacción de los medios tradicionales a pautarla en sus agendas. Sin embargo, en colmados, supermercados y negocios de venta de comida, los reporteros solo encontraron reacciones airadas, rotundamente contrarias a la celebración oficial.

Profesionales del sector agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se encargaron de poner los puntos sobre las íes al recordar que la autosuficiencia alimentaria se redujo desde un 88.5 %, en que la dejó la gestión presidencial de Danilo Medina en 2020, a un 70.4 % en la actualidad. Asimismo, señalaron que el costo de la canasta básica familiar se ha colocado muy por encima de los exiguos ingresos de la mayoría de los dominicanos.

Por ejemplo, solo en productos esenciales como el arroz, el pollo, los huevos y las carnes de cerdo y res se han registrado incrementos superiores al 80 % en comparación con agosto de 2020.

El incremento del gasto en programas de asistencia social, como ha explicado el propio Gobierno, no refleja la cacareada superación de la situación alimentaria, sobre todo si se toma en cuenta que dos variables clave se hallan en caída libre: la producción local y el poder adquisitivo de la gente.

Mientras el Gobierno celebra, la población se muestra indignada ante una nueva burla del régimen de la mentira y el engaño.

Lo que sí está claro es que el desplome de la producción agropecuaria, el descontrol de las importaciones y la pérdida de la capacidad de compra contradicen las cifras oficiales sobre seguridad alimentaria, en un país donde mucha gente ya no come «las tres calientes» y ve con impotencia cómo se degrada la calidad de los alimentos que puede consumir.

El abismal contraste entre la propaganda oficialista y la dura realidad que vive el pueblo dominicano solo permite concluir con la conocida expresión popular: ¡a otro con ese cuento¡

Con apenas quince días de diferencia, el país vuelve a ser estremecido por un nuevo y brutal episodio de violencia policial.

Miguel Antonio Lucas, de 43 años, permaneció detenido cinco días en San Cristóbal. Durante este período, a sus familiares se les impidió visitarlo, por lo que nunca pudieron conocer su estado de salud. Tras ser fuertemente agredido en el destacamento central de la Policía Nacional de esa provincia, se registró su trágico fallecimiento, según denunciaron familiares.

Esa misma semana, entre la quema de neumáticos y el bloqueo de calles con escombros, los ciudadanos de El Seibo se volcaron a las calles para protestar por la muerte de un joven motorista, hecho del cual se acusa directamente a un agente policial.

Casi en simultáneo, un joven autista de apenas 18 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por un miembro de la uniformada en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este.

Estos sucesos, ocurridos con apenas horas de diferencia, no hacen más que confirmar la advertencia del Partido de la Liberación Dominicana: en el país se está normalizando la muerte a manos de la Policía Nacional.

Ante la gravedad de los hechos, las denuncias y las protestas de las comunidades afectadas, las autoridades responden siempre con el mismo cliché: «Se está investigando» o «esperamos los resultados de las pesquisas». Expresiones vacías que, debido a su uso recurrente y evasivo, han perdido toda credibilidad y eficacia institucional.

Desde el año pasado, el Partido de la Liberación Dominicana ha venido advirtiendo públicamente sobre este patrón creciente de muertes por intervención policial; una alarmante tendencia que delata un comportamiento sistemático que destruye la confianza ciudadana en la llamada «fuerza del orden público».

Acontecimientos como los mencionados, cada vez más frecuentes en el país, ponen en entredicho la tan publicitada reforma policial. Tras más de seis años de vigencia y un gasto multimillonario, dicho proceso solo exhibe como logros la adquisición de equipos, nuevos uniformes y cambios administrativos superficiales.

Concluimos este comentario editorial suscribiendo lo afirmado por el PLD en la rueda de prensa del pasado 6 de julio: «La seguridad ciudadana no se fortalece con más armas ni únicamente con mejores salarios: se fortalece con policías mejor preparados, con instituciones transparentes, con supervisión efectiva y con un compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos». ¿Es tan difícil comprender esto?

Los toques de utensilios de cocina —cacerolas, calderos, ollas…— que caracterizaron las noches de la pasada semana en la ciudad capital y en otras provincias del país reflejan la indignación de un pueblo que ha sido y sigue siendo engañado por el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM.

Las preocupaciones ciudadanas no son de interés para los gobernantes. Así ha sido desde el día de su juramentación, el 16 de agosto de 2020; por eso, los justos reclamos de la población carecen de respuestas por parte de las autoridades.

En vez de prestar atención a las demandas de la gente, los funcionarios del gobierno perremeísta se han dedicado a minimizar el impacto de la protesta, lo que genera frustración y desaliento en los ciudadanos.

Otro procedimiento utilizado por las autoridades, en lugar de ofrecer soluciones efectivas, es el empleo de eufemismos a modo de escudo y anestesia psicológicos que «aduerma» el clamor popular.

(Semánticamente, los eufemismos son palabras o expresiones que se utilizan en lugar de términos directos. Es, en esencia, no llamar a las cosas por su nombre, sino por un sinónimo agradable).

Por eso, lo que en buen dominicano es un «paquete impositivo», en el lenguaje del presidente Abinader y sus funcionarios perremeístas es un conjunto de «medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional», una careta que no cubre un rostro ofensivo en contra del pueblo. Con ese pomposo e inútil nombre fue convertido en ley de emergencia por un Congreso que, en contraste, dura años en el conocimiento de leyes trascendentales para el país.

Por tanto, a nadie sorprende que las protestas de los cacerolazos sean atribuidas a un ejercicio de oposición política, aun sabiendo el Gobierno que se trata de expresiones espontáneas de diferentes sectores sociales.

Igual propósito se procura en el esfuerzo vano de congraciarse —mediante el uso de epítetos emitidos en tono de indignación— con una sociedad hastiada por los excesos de una Policía que se ha tragado centenares de millones de pesos en una reforma cuyos resultados aún no ven los contribuyentes.

Aquí existe una clara discrepancia entre la retórica o relato —como se dice ahora— y la realidad, lo que al final se convierte en una fuente de frustración y desengaño para un pueblo noble como el dominicano.

El PRM y su gobierno se empeñan —con esfuerzos y recursos que deberían utilizar en acciones de más provecho para la sociedad— en enriquecer su vocabulario con nuevos términos «agradables» que les permitan evadir sus responsabilidades ante la deficiencia y la poca transparencia con que se conducen en la administración pública.

La realidad es que la inseguridad es más que preocupante, como lo son también los altos precios de la comida, las medicinas, el transporte, los servicios y el endeudamiento; a todo lo cual se suman ahora las censuras que forman parte del articulado de un Código Penal afectado por grandes lagunas y desaciertos.

No se peca de exagerado cuando se afirma que las ineficiencias y el marcado desorden en que ha estado viviendo el país en los últimos años dan pie a la creencia de que, lamentable y peligrosamente, nos hallamos ante un barril de pólvora.

Los devastadores terremotos que han golpeado a Venezuela, con un saldo trágico cuya magnitud aumenta cada hora, han generado una contundente respuesta solidaria en la República Dominicana.

No podía ser de otra forma, dados los lazos de amistad que históricamente han unido a los dominicanos con los venezolanos. Esta unión se personifica en el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien vivió y murió allí, y se dinamiza hoy a través de la gran comunidad venezolana que lleva una vida activa en la República Dominicana.

Los reportes de los decesos como consecuencia del fenómeno telúrico ya incluyen a ciudadanos dominicanos, lo que aporta una trágica certidumbre a la aseveración sobre los indisolubles vínculos entre ambas naciones.

Ciudadanos, empresarios, comunicadores, artistas, establecimientos comerciales, el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, entre otros, han unido esfuerzos para ayudar a las miles de familias afectadas por el desastre.

Produjo honda satisfacción escuchar a la señora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, referir que la República Dominicana está entre las primeras naciones que le han hecho llegar asistencia a su país.

Tras confirmarse la magnitud del desastre, han surgido de manera simultánea y espontánea, en distintos puntos de la República Dominicana, iniciativas de colaboración que evidencian el compromiso y la sensibilidad del pueblo dominicano ante el sufrimiento de una nación hermana.

A pocas horas de la tragedia, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la disposición de una brigada de médicos, enfermeras y personal de apoyo vinculados a la organización para colaborar en las labores de asistencia humanitaria, conforme a los mecanismos que establezcan las autoridades de la República Dominicana y Venezuela.

Por intermedio de las secretarías de Relaciones Internacionales y Salud, se informó que la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD ha sido habilitada como centro de acopio humanitario, donde se recibirán medicamentos, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, ropa, frazadas y otros insumos de primera necesidad.

En momentos de tanto dolor, el pueblo dominicano vuelve a demostrar su espíritu solidario y que la hermandad entre los pueblos se hace sentir en las grandes adversidades. El dolor del pueblo venezolano es, rigurosamente, el dolor del pueblo dominicano.

La principal preocupación ciudadana en los actuales momentos es el precio de los alimentos que se utilizan en la preparación de las comidas. Así lo indican los últimos estudios y encuestas de opinión.

Temas como la inseguridad o el empleo, que suelen generar gran inquietud, han sido desplazados por el costo de la comida, cuyas alzas han motivado que muchas familias hayan tenido que «brincarse» una de las tres comidas diarias o, simplemente, eliminar su ingesta.

Los datos de las mediciones coinciden con el informe reciente del Banco Central de la República Dominicana, que al cierre del mes de mayo registró que la canasta básica familiar promedió los 49,268.36 pesos, lo que supone un aumento de 1.1 %.

En números fríos, ese porcentaje significa 534.08 pesos más en lo que va de año, cuando en enero costaba alrededor de 48,734.28 pesos.

La canasta básica familiar y la inflación en la República Dominicana han mantenido un ritmo ascendente en lo que va del 2026, con incrementos significativos entre enero y mayo.

El aumento del precio de la comida se ha visto agravado por las alzas en los diferentes tipos de gasolina, lo que impacta directamente en las tarifas de motoconchos, carros públicos y fletes de alimentos.

Las familias, como producto de la carestía, brincan comidas; es decir, que las famosas «tres calientes» ya no lo son, reduciéndose también la ingesta de carnes y otras fuentes proteicas.

El alto costo de la vida ha creado una situación inmanejable para las familias dominicanas, lo que ha llevado al endeudamiento individual a corto plazo y a la pérdida de la calidad de vida. A lo delicado de la situación de los hogares de escasos recursos se le suma ahora el paquetazo fiscal, aprobado a la carrera por un gobierno que sigue engañando al pueblo.

Una ciudadanía indignada e impactada por el aumento sistemático en los precios del galón de los diferentes tipos de gasolina y gasoil, así como por el denominado «paquetazo fiscal», ha sido estremecida por los reportajes que describen la crítica situación que enfrentan miles de pacientes con enfermedades catastróficas en la República Dominicana.

Sin proponérselo, diferentes medios de comunicación del país coincidieron en hacer público este drama conmovedor, el cual resulta aún más impactante al escuchar el relato directo de los propios afectados.

Cientos de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad de salud figuran en lista de espera para ingresar al programa, mientras que quienes ya pertenecen a este deben esperar largos meses para recibir unos fármacos que, durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegaban sin retraso alguno.

Pacientes con diagnósticos críticos, como cáncer con metástasis, sufren el avance irreversible de su condición mientras aguardan autorizaciones oficiales para recibir una medicina que les puede prolongar la vida o, en el peor de los casos, permitirles un final con dignidad.

Las enfermedades catastróficas destruyen a las personas, demuelen la cohesión familiar y acaban con la economía del hogar. Así lo denuncian, con impotencia, los dolientes de los afectados.

En recientes declaraciones, el expresidente Danilo Medina calificó de «criminal» el abandono del Programa de Medicamentos de Alto Costo, una iniciativa considerada fundamental para la protección de las familias más vulnerables del país.

Los reportajes aludidos reviven un drama ya denunciado en ocasiones anteriores ante el cual las autoridades han reaccionado con la lamentable afirmación de que, aunque el programa enfrenta retos por la demanda, la inversión actual se ha incrementado significativamente.

Resulta inaceptable que se haya descuidado un programa tan esperanzador para los pacientes y sus familiares, precisamente en momentos en que el gobierno ha manejado enormes recursos y predominan, lamentablemente, el despilfarro y el gasto superfluo.

En su comunicación con la sociedad en las acostumbradas ruedas de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró su advertencia sobre el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia, como ha sucedido en el gobierno del PRM.

Son varios los ejemplos que confirman esa maniobra política usada en otros países con efectos perversos en el ejercicio de la democracia.

El mentado Ministerio Público independiente ha presentado a ciudadanos ante la opinión pública como culpables antes de que existiera una sentencia definitiva en su contra, mientras las acusaciones contra exfuncionarios han ocupado grandes titulares y espacios en los medios periodísticos sin que posteriormente lograran sostenerse plenamente en los tribunales.

Otro ejemplo de manipulación política de la justicia es la prisión preventiva prolongada como castigo anticipado. Todo esto desmiente la búsqueda imparcial de la verdad que debe orientar a quien administra justicia.

Preocupa la tendencia de convertir investigaciones judiciales en espectáculos mediáticos. La justicia se imparte en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto al debido proceso de la ley, no en los medios de comunicación o en las estrategias mediáticas de una gestión que dispone de un altísimo monto presupuestario para vender realidades y logros inexistentes.

Recientemente, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, lo que confirma que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.

La decisión adoptada ha permitido a la sociedad confirmar lo expresado por el PLD desde los primeros meses de instalación del gobierno del PRM, en el sentido de que la justicia se ha utilizado como instrumento de competencia política y, para ser más precisos, de persecución política.

Vanguardia del Pueblo, como órgano escrito del PLD, acoge el reclamo partidario a favor de que en la República Dominicana impere una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos, sin importar condición social ni filiación política.

Ha sido el empresariado nacional el que ha puesto sobre el tapete la preocupación respecto al impacto que tiene para el país una agenda dominada por el populismo. En ese sentido, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha señalado de manera directa los riesgos que significa para el desarrollo nacional el aferrarse a prácticas populistas y clientelistas. Frente a estas agendas, el sector empresarial insiste en que el progreso requiere de acuerdos nacionales amplios, el fortalecimiento de las instituciones y un clima de negocios favorable.

Sin embargo, atribuyéndose la representación de la voluntad del pueblo, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM han impulsado iniciativas que chocan con la institucionalidad tradicional, alejándose de la planificación y la organización que guían a las administraciones responsables.

Sin reparar en el daño a corto y mediano plazo que esto ocasiona, el oficialismo se ha montado en el carro del populismo, prefiriendo el aplauso inmediato antes que las acciones estratégicas de resultados permanentes.

En ese proceso de irresponsabilidad en el manejo de los insuficientes recursos del Estado, se ha caído en la práctica de otorgar pensiones sin justificación, materializando el criterio de que «a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta».

Ese es el caso, también, de la anunciada entrega con bombos y platillos de RD$1,500.00 a un millón de personas con motivo del Día de las Madres.

El PLD no se opone a las políticas públicas de apoyo a los más necesitados; a lo que se opone es a que los fondos públicos sean utilizados de manera medalaganaria, sin transparencia ni mecanismos de fiscalización que garanticen que lleguen a su destino, el cual debería estar previamente definido por un mapa de pobreza y otros criterios científicos.

Solo así se evitaría que luego veamos —como en otras ocasiones— a una sola persona disponiendo de un paquete de tarjetas en un supermercado.

Además, el PLD considera que debe superarse la degradante práctica de poner un pie en la garganta de la gente para, en el último minuto, dejarla tomar una bocanada de aire. No otra cosa significa golpear a la población con los altos precios de los productos de consumo masivo para luego desempeñar el papel del salvador que acude con mil quinientos pesos, una cifra que apenas alcanza para adquirir los alimentos de un almuerzo o una cena precarios.

Un país debe regirse por una agenda y por un programa de gobierno serio y completo, no por los resultados de encuestas, sondeos o los likes que dominan las redes sociales.

Esto debe acabar. La República Dominicana no puede seguir expuesta a los vaivenes y a la improvisación de quienes no piensan en el desarrollo a largo plazo.

Ojalá que esto se termine de entender en el Gobierno, por el bienestar de todos.

Los hechos violentos avanzan en la cotidianidad de la República Dominicana, dejando una secuela de inseguridad y miedo que trastorna la vida de todos los segmentos de la población.

​Los relatos periodísticos y las conversaciones en el hogar, las iglesias, los centros de trabajo, las escuelas y las universidades están siendo dominados por hechos de sangre. Homicidios, feminicidios y agresiones forman parte de una rutina que delata el deterioro progresivo de la convivencia social y pone en evidencia la inacción de las autoridades.

​«Tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo», reza el refrán popular —adaptado muy a lo dominicano— que explica la reacción de la gente frente a la pasividad y poca efectividad del Gobierno ante los feminicidios. La situación ha alcanzado tales niveles que las propias autoridades han tenido que admitir que el escenario se les ha ido de las manos.

​Los reportes de prensa dicen —y el vecindario lo corrobora— que ahora los actos de violencia ya no se limitan a escenarios vinculados con el crimen organizado o la delincuencia común.

​La gota que ha derramado el vaso de la paciencia de la sociedad dominicana es el hallazgo de dos hombres muertos en unos matorrales en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. Según la versión de la Policía Nacional, este hecho está vinculado al asesinato de una mujer ocurrido en Santiago. El suceso ha causado un horror inusitado en la población. Asimismo, indignación y espanto ocasionó la tragedia del último fin de semana, en la que una adolescente de apenas 16 años murió estrangulada por su pareja, un joven de 25.

​No hay lugares sagrados. Los actos violentos ocurren dentro de los hogares, centros educativos, barrios, campos y en las relaciones de pareja, lo que evidencia una crisis social compleja a la que debe prestársele la debida atención.

​La espiral de violencia es una muestra más del fracaso de la gestión de gobierno del PRM, que en campaña prometió disminuir los niveles de criminalidad y, por el contrario, estos han aumentado. Y no puede ser de otro modo pues, como lo ha denunciado el PLD, en esta área —al igual que en las demás del sector oficial— el Gobierno carece de un plan estructurado para prevenir el delito, limitándose a reaccionar tarde.

​La cacareada «Reforma Policial» no ha construido protocolos reales de intervención; al contrario, ha permitido que la violencia ocurra incluso dentro de los propios destacamentos.

​En definitiva, estamos ante una crisis social que amerita respuestas integrales y sostenidas desde el Estado y la ciudadanía, más allá de los informes maquillados a los que nos ha acostumbrado el Gobierno en un esfuerzo desesperado por ocultar, cuando no ignorar, un problema tan grave que ya se ha convertido en una preocupante realidad.

La República Dominicana inicia la semana estremecida por el asesinato de una joven madre, un trágico suceso que deja en la orfandad a niños que, para colmo de males, fueron testigos del crimen. Se trata de un cuadro desgarrador que impacta a una sociedad impotente y frustrada ante la persistencia de estos asesinatos, tipificados legalmente como feminicidios.

En lo que va de 2026, más de 30 de estos crímenes han enlutado al país. Mientras el resto del mundo experimenta un descenso generalizado en estas estadísticas, la República Dominicana destaca negativamente entre las naciones con mayor incremento en la tasa de feminicidios.

¿Qué hacer? Es la pregunta obligada ante la indignación de una población que suma estas tragedias a las asfixiantes limitaciones económicas: la falta de empleo, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y el deterioro progresivo de los servicios públicos.

Más allá de las frías estadísticas y los partes policiales, con la muerte de cada víctima se desvanecen proyectos de vida, se tronchan carreras profesionales y se destruye la ilusión de criar a los hijos en un entorno seguro. Muchas de las mujeres asesinadas eran el motor de sus hogares: estudiantes, emprendedoras y figuras centrales de la estructura familiar.

La violencia de género responde a una combinación de factores sociales, educativos y de debilidad institucional. Entre ellos destacan la ausencia de políticas públicas eficientes y la falta de una autoridad competente, como denunció recientemente el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols.

Frente a cada reporte trágico abundan los anuncios y las declaraciones de los funcionarios; sin embargo, el gobierno del PRM sigue sin ejecutar acciones concretas y articuladas. Al igual que en otras áreas prioritarias, al Gobierno se le ha ido este tema de las manos, sembrando el miedo y la consternación en la ciudadanía.

¡Basta ya de retórica vacía! La sociedad demanda firmeza, presupuesto y menos demagogia.

El título permite poner una etiqueta al Gobierno del PRM desde el mismo 16 agosto de 2020, día desde el cual camina sin rumbo fijo ni propósito claro, adoptando decisiones inciertas, erráticas, que generan desorientación y daños en los ciudadanos a los que prometieron cambios.

Las acciones demagógicas del gobierno vuelven a prevalecer en sus anuncios y operaciones, presentes en el plan para enfrentar la situación generada en el país por la guerra o crisis de Medio Oriente.

Sin plan alguno se han propuesto hacer frente a la difícil situación que impacta seriamente la economía y, como tal, el desenvolvimiento cotidiano.

En fin de cuenta se trata, a lo sumo y dándoles el beneficio de la duda, de una declaración de buena intención que carece de planes. Son solo enunciados vacíos promovidos por el modelo mercadológico de solo anunciar y poner en movimiento la costosa maquinaria mediática para convencer a la población de que se está haciendo algo.

Como en otras ocasiones ha prevalecido una gestión de engaños y burla a una población saturada de problemas generados por la improvisación e insensibilidad de los actuales gobernantes.

El gobierno dice necesitar entre 40 mil y 50 mil millones de pesos para enfrentar la crisis, sin presentar soluciones, solo sazonando la reducción a las partidas presupuestarias a los partidos políticos, garantes de la democracia, que por ley les corresponde.

A la hora de enfrentar el impacto de las dificultades del entorno internacional, el gobierno se va por la tangente, evadiendo responsabilidades de sus excesos y dilapidación de los recursos públicos.

No se concibe un plan de austeridad serio sin que se toque la excesiva nómina pública, los ocultos contratos de servicios, las llamadas declaratorias de compras de emergencia.

Con un excesivo gasto publicitario improductivo no puede existir austeridad ni mucho menos con los elevados gastos de representación, dietas y bonos de funcionarios.

No existe plan alguno de austeridad para enfrentar el impacto del conflicto en Medio Oriente en la economía dominicana.

Así como hicieron con el cambio, el PRM recurre ahora a un nuevo engaño que de seguro no será el último.

Semánticamente, el término “celebrar” se utiliza como sinónimo de fiesta o alegría por un hecho, mientras que “conmemorar” es la acción de recordar con solemnidad y respeto un acontecimiento histórico o luctuoso.

En el Día Internacional del Trabajo, el gobierno del PRM optó por celebrar tan importante efemérides otorgando el Premio Anual al Mérito Laboral a empresarios y sindicalistas que han contribuido al desarrollo económico, social y humano del país, promoviendo supuestamente el empleo digno y la excelencia.

Jamás pondremos en duda los méritos de los homenajeados, pero es necesario advertir que se trata de una nueva ceremonia al estilo PRM: pomposidad como mecanismo exhibicionista.

Por el contrario, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conmemoró el día en honor a los «Mártires de Chicago» de 1886. Lo hizo con una ofrenda floral a los Padres de la Patria, organizada por la Secretaría de Relaciones Laborales y la Corriente Sindical Peledeísta Miguel Soto.

La presencia en el Altar de la Patria fue propicia para advertir que el crecimiento económico no se traduce en mejoras reales para la clase trabajadora, la cual enfrenta precariedad, bajos ingresos y una evidente pérdida del poder adquisitivo.

Se denunció que el costo de la canasta familiar ha aumentado más de un 40 % en los últimos tres años, mientras los salarios permanecen rezagados.

Con los altos precios de los alimentos, las medicinas y los servicios la subsistencia de las familias es cada vez más difícil.

Bajo la gestión del actual gobierno se han incrementado el desempleo y la informalidad, dejando a amplios sectores sin acceso a seguridad social ni estabilidad económica.

A esto se suma la persecución contra dirigentes sindicales, que incluye despidos, acoso laboral y limitaciones al derecho de organización.

Por estas y muchas otras razones, el PLD y los trabajadores dominicanos no celebraron; en cambio, reivindicaron los derechos pendientes y las condiciones que deben mejorar para beneficiar a la clase trabajadora y al pueblo en general.

El pasado fin de semana el Gobierno realizó un quinto encuentro en el que los comisionados designados dijeron buscar, ante el conflicto de Medio Oriente, un acuerdo nacional para enfrentar el impacto en el país de la crisis global y reducir su repercusión en las familias dominicanas.

Todas estas reuniones tienen como denominador común que el Gobierno carece de un plan estructurado. Los comisionados se circunscriben a presentar propuestas limitadas, que ellos mismos celebran como efectivas.

En la reunión con la representación de las iglesias evangélicas a que hemos hecho referencia uno de los funcionarios participantes destacó, sin fundamento en la realidad, que, pese al contexto internacional, la economía dominicana mantiene un desempeño positivo, lo que a su juicio ha permitido mitigar la inflación, sostener el crecimiento y proteger el tejido productivo nacional.

Sin duda alguna un nuevo ejemplo del esquema mercadológico con que se ha manejado el PRM desde los inicios del gobierno, recurriendo a maniobras que procuran distraer en lugar de propiciar correctivos y acciones preventivas.

Las medidas referidas por el Gobierno no abordan temas esenciales como la estabilidad de los precios de los combustibles y la seguridad alimentaria.

En la persona de su presidente, Danilo Medina, y de sus dirigentes y técnicos, el PLD ha dicho y reiterado que el pueblo no tiene capacidad para sacrificarse más, y que es responsabilidad exclusiva del Gobierno aplicar políticas de austeridad y eficiencia antes de buscar la validación de otros sectores para justificar futuros aumentos en la tarifa eléctrica o en los precios de los productos de la canasta básica.

No ignoramos el impacto de una guerra declarada por las obsesiones de un jefe de Estado amarrado al mundo del espectáculo, del que ha sido y sigue siendo parte, pero la debilidad de la economía dominicana ante este choque es el resultado de la desatención al sector agropecuario, por una lado, y de no haber impulsado una verdadera transición energética en los últimos años, teniendo de base las ejecutorias del gobierno del PLD, por el otro.

Cinco reuniones en las que no se ha presentado un plan para encarar la crisis local generada por la guerra en Medio Oriente confirman que el Gobierno del PRM se ha quedado corto en la gestión de una crisis que cada día se siente con fuerza en los bolsillos y los estómagos de los dominicanos.

Cientos de nuevos miembros ingresaron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) procedentes de las filas del Partido Cívico Renovador (PCR) y del movimiento cristiano Canal de Bendición de Ayuda para Todos.

El ingreso formal se produjo en un acto organizado por el equipo de los nuevos peledeístas en coordinación con la estructura operativa del PLD y los órganos de trabajo que intervienen en la organización de las actividades.

Que fuera el movimiento político que interviniera en la planificación y organización de la actividad confirma lo expresado por su Presidente, Nicolás Concepción, de que luego de un análisis de meses, llegaron a la conclusión de que el PLD «era la organización que más se aproximaba a su enfoque institucional y a los valores comunitarios y organizativos que promueve el movimiento cristiano».

Un paso que el PLD valora en razón de que ahora se suman a la propuesta peledeísta estructuras organizadas con liderazgo experimentado, con reglas claras, que agregan calidad a la cantidad de nuevos miembros juramentados en las asambleas provinciales y de circunscripciones electorales.

Los peledeístas de nuevo ingreso se asientan en el padrón de miembros y pasan a engrosar los organismos territoriales y de allí harán vida pública alrededor del recinto o colegio electoral, donde ejercen su derecho al voto, como lo dispone la nueva Línea Organizativa y Electoral.

Son actos reales, no ficticios o de poses fotográficas para ilustrar despachos de prensa presentando hechos irreales, preparados con la finalidad de confundir.

Todos esos trucos y engañifas, en procura de opacar al Partido de la Liberación Dominicana, terminan en fracaso, en razón de que chocan con una estructura funcional, activa, con mujeres y hombres en constante accionar para conquistar el triunfo electoral.

Con la juramentación de este domingo continúa el ingreso de nuevos miembros al PLD. Movimientos políticos completos muestran disposición de trabajar junto al Partido concebido y organizado por el gran maestro de la política, el Profesor Juan Bosch.

Las mentiras no duran mucho; tienen efectos efímeros. Las contradicciones del mentiroso terminan siempre saliendo a la luz, dando validez a la expresión popular que dice “Las mentiras tienen patas cortas”. Por eso la verdad siempre las alcanza.

En un ejercicio de diplomacia y apertura en la política partidaria, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, junto al secretario general, Johnny Pujols, recibieron una comisión del Gobierno dominicano integrada por tres ministros, José Ignacio Paliza, Eduardo Sanz Lovatón y Magín Díaz.

La Oficina Presidencial del PLD fue el escenario del encuentro en donde la comitiva peledeísta escuchó con atención los argumentos del gobierno con el propósito de enfrentar el impacto en la economía de República Dominicana del conflicto del Medio Oriente que ya ha motivado alzas en los precios de los combustibles, los fertilizantes, los fletes y todo lo que ese reajuste significa para disparar las cifras de la inflación.

En el escenario del encuentro, el presidente del PLD, Danilo Medina, explicó a los periodistas que cubrieron la visita que el Gobierno prepara un plan y que cuando lo termine le sería enviado. Explicó que ese plan será estudiado y socializado con los dirigentes y técnicos del Partido de la Liberación Dominicana, tras lo cual se comunicará al país la posición del Partido al respecto.

Conocedor de la situación, por su experiencia de Estado, Medina se mostró esperanzado en que el conflicto llegue a una fase de enfriamiento, como se observa, previo al fracaso de las conversaciones realizadas con la mediación de Pakistán, pero que ha vuelto a encenderse con las declaraciones de fin de semana del presidente Donald Trump.

Aunque las amenazas de la economía dominicana y del resto del mundo tiene su origen en ese conflicto bélico, el gobierno dominicano NO cuenta aún con un plan concreto para enfrentar sus consecuencias, situación que se complica por el manejo inadecuado del gasto público, que ha priorizado el gasto corriente, al que el año pasado se dedicó más del 80 por ciento del presupuesto nacional.

La iniciativa de diálogo emprendida por el Gobierno tiene que separarse de su esquema de marketing utilizado para dirigir el país, si en realidad quiere enfrentar tan delicada problemática.

Antes de cualquier iniciativa de concertación debe existir una propuesta, un plan creíble, que es lo que aún no tiene el Gobierno, generando más preocupación en los actores económicos, porque una situación con tantos ingredientes peligrosos no puede enfrentarse de manera pasiva ni con una política de dispendio y gasto corriente que ha limitado la capacidad de respuesta del Estado.

En el tradicional Sermón de las Siete Palabras del pasado Viernes Santo la Iglesia Católica de República Dominicana cumplió cabalmente su misión de defensa al prójimo, procurando la justicia social y en defensa de los más vulnerables.

Sacerdotes, monjas y un diácono, guiados por el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, interpretaron el sentir de un pueblo que reclama de sus gobernantes acciones concretas, mayor identificación con sus problemas en un momento crucial para el país y el mundo.

Las autoridades, que se ufanan de su apego a los predicamentos de la Iglesia, deben tomar lo expresado en la ceremonia de interpretación de las últimas palabras de Jesús antes de morir, para comenzar a quitar cargas a la pesada cruz del pueblo dominicano.

En las reflexiones se denunció el abandono de los ancianos y enfermos, la proliferación de la delincuencia y la violencia contra la mujer y la presencia de denominados falsos profetas digitales. Censuraron que en vez de procurar aminorar la dimensión de lo denunciado, desde las instancias de poder se priorice la publicidad gubernamental.

Se criticó que el gobierno anteponga grandes obras a las carencias en salud, educación y vivienda, así como el colapso del sistema hospitalario.

Se evidenciaron las cargas que enfrenta la mujer en República Dominicana por la violencia en su contra, la precariedad y el abandono, planteándose la necesidad de acciones concretas que reconozcan y protejan la dignidad femenina y las lamentables consecuencias de los feminicidios, que dejan a menores en la orfandad.

La Iglesia también criticó la falta de oportunidades para jóvenes y adultos, los bajos salarios y las limitaciones que viven al laborar en sectores como el turismo.

Los religiosos abordaron en su prédica del tradicional sermón del Viernes Santo la delincuencia, la violencia, el alto costo de la vida, el desempleo y la corrupción como signos de una sociedad que aún no alcanza la justicia social.

El medio ambiente se incluyó en las denuncias destacando la deforestación, la contaminación y la necesidad de gestionar los residuos reciclables, junto a la falta de cumplimiento de la ley.

Vanguardia del Pueblo, asumiendo la vocería del Partido de la Liberación Dominicana, se identifica plenamente con las responsables denuncias de la Iglesia, porque, como es sabido, son preocupaciones del pueblo que el PLD viene asumiendo en sus declaraciones públicas.

Más allá de una ceremonia religiosa, el pasado sermón de las siete palabras desde el primer templo cristiano de las Américas fue un acto de protesta vigoroso ante la indiferencia del Gobierno, y un llamado a la conciencia nacional.

Con el Domingo de Ramos entramos en la llamada Semana Santa, los últimos días de la temporada que el mundo cristiano conoce como la Cuaresma, cuarenta días marcados por la reflexión y la penitencia.

Independientemente de la óptica con que se vea, la Semana Santa es un paréntesis necesario a la cotidianidad, la prisa, las tensiones y la fragmentación social.

Acogiendo el periodo como de recogimiento espiritual, momento de descanso o vacaciones colectivas, lo cierto es que en la población persiste una latente preocupación, generada por la situación de guerra en el Medio Oriente, cuyos efectos se sienten en el alza de precio de los carburantes y de los productos de la canasta básica.

Las preocupaciones llevan a recordar tiempos superados justo después de una Semana Santa con la ocurrencia de sucesos lamentables, que la ciudadanía tiene presente, no obstante el paso de los años.

El asueto ofrece la oportunidad para detenernos a pensar en el tipo de país que queremos, sobre todo después del engaño colectivo con una promesa de cambio que ha devenido en retroceso.

El país hace una ligera pausa en las actividades productivas, en las academias y en el activismo político, adquiriendo combustibles que mueven los medios de transporte de alimentos y pasajeros mucho más caros.

Con el incremento del precio del barril de petróleo subirán también los precios de los fertilizantes para las siembras, estancadas por un afán importador del gobierno de turno.

Una situación verdaderamente difícil ante la cual los gobernantes nos dicen estar preparados para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en el Medio Oriente y, sin embargo, piden a los más vulnerables que se amarren los estómagos, sin previamente explicar en qué consistirá el sacrificio que harán ellos.

Como dijo el expresidente Danilo Medina, en situaciones de crisis “el más sacrificado tiene que ser el Gobierno”, no el pueblo a quien se le quiere cobrar los platos rotos.

República Dominicana está necesitada de solidaridad, compasión, respeto y justicia, para encarar las necesidades y problemas que la aquejan, los que se complican con gobernantes ineficaces e indolentes.

El mundo requiere paz, en tanto que nuestro país demanda de sus gobernantes austeridad, comedimiento y sensibilidad. Ojalá que estos días de asueto y reflexión los sensibilicen y motiven que por fin pueda verse el tan pregonado cambio que prometieron y nadie ha visto por parte.

Por segunda semana consecutiva el gobierno aumentó el precio de los combustibles, sumando, entre el pasado viernes 13 y el viernes 20 de marzo, 15 pesos a las gasolinas y al gasoil.

Dichas medidas, conforme las reseñas periodísticas, hacen tambalear la economía de la población y crean un efecto dominó inflacionario en toda la cadena de suministro de productos de primera necesidad.

Lo saben los medios informativos y lo siente en sus bolsillos una población ya afectada con un alto nivel inflacionario acumulado, sobre todo en los productos de primera necesidad.

En el Consejo de Ministros de la semana pasada el Gobierno del PRM informó que el presupuesto nacional contempla alrededor de RD$12,000 millones destinados a subsidios de combustibles y que ya se han identificado partidas adicionales por más de RD$10,000 millones para reasignación en caso de ser necesario; sin embargo, pese a esas supuestas buenas intenciones se despachan aumentando al precio de las gasolinas y el gasoil, 10 pesos más a los cinco pesos de la semana anterior.

Se recuerda que cuando en una carrera hacia la baja el petróleo llegó a cotizarse hasta a 56 dólares el barril, el Gobierno no redujo el precio. Pese a eso y a la información de que estaba preparado para afrontar cualquier alza del precio del petróleo ahora, con el primer aumento en el precio internacional, se despacha con un aumento de 15 pesos al precio de los combustibles.

Trance difícil para una población que no aguanta más cargas y que ahora debe sumar nuevos sacrificios a su ya complicada situación, por la incapacidad de quienes gobiernan el país desde el año 2020.

Como lo vienen explicando el liderazgo del PLD y sus técnicos, el Gobierno debe enviar una señal de austeridad para generar confianza en la población ante el alza del precio del petróleo y sus derivados.

Y lo peor es que contrario a ese razonamiento lógico, aumenta el presupuesto para publicidad y el monitoreo en los medios de las propuestas publicitarias.

El conflicto en el Medio Oriente además de en los carburantes incidirá en el transporte de mercancías, lo que afectará directamente a República Dominicana ante la fiebre importadora que ha caracterizado al actual gobierno. También impactará en los fertilizantes.

Se ha dispuesto de un fondo para mitigar el alza de los fertilizantes, que por más vueltas que demos será insignificante porque en la producción de alimentos influyen también el transporte, los pesticidas, herbicidas y maquinarias agrícolas, entre otros insumos.

Mientras dice que son parte de sus objetivos en esta situación de crisis la protección de los hogares más vulnerables, el gobierno castiga al pueblo elevando por las nubes los precios del gasoil y las gasolinas. Ante la contradicción entre las bondades que anuncia y los aumentos que «enchucha» al pueblo el gobierno está como dice la expresión popular: A Dios rogando y con el garrote dando.