Teniendo el impacto de la emergencia sanitaria que ha provocado la pandemia Covid-19, recibimos la confirmación desde el exterior de que un virus afecta la población de cerdos en nuestro país, noticia que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó con la prohibición del ingreso de ese tipo de carne a territorio estadounidense.
Meses tenían los productores de cerdos de provincias como Dajabón, Montecristi, Elías Piña e Independencia denunciando la muerte de sus crías. La respuesta que recibían era la indiferencia de las autoridades de Agricultura.
La queja de los porcicultores fue respondida responsabilizándolos del mal manejo de las granjas, que no utilizaban los medicamentos de lugar y hasta se llegó a hablar de mejor higiene en los cochinos.
Siguiendo la mala práctica de poner candados después del robo, el Ministerio de Agricultura, posterior al informe de los laboratorios norteamericanos, dispuso de un cordón sanitario en Dajabón, Montecristi y Sánchez Ramírez.
La medida de cerrar el entorno en donde se ha detectado la enfermedad que diezma los cerdos fue acompañada con la “nota aclaratoria” de que la fiebre porcina no se transmite al humano, invitando así a consumir la muy demandada carne de puerco.
Una nueva negligencia del Gobierno que explica el grado de improvisación, desconocimiento e inexperiencia de una gestión que ha centrado su accionar en perseguir supuestos actos de corrupción solo de funcionarios del pasado período.
El que la peste o Fiebre Porcina Africana no afecte a los humanos no reduce el impacto negativo que producirá en un sector productivo importante.
Con los porcicultores trabajan mujeres y hombres en procesar la carne de cerdo y sus derivados, actividad que genera un gran movimiento económico que podría verse afectado con el mal manejo de la peste. Además, como hay que sacrificar a los animales infectados y a los que se sospeche de infección, se originará una escasez de carne de cerdo que motivará el incremento del consumo de otros tipos de carne y, consecuentemente, el aumento de su precio ya de por sí muy elevado.
Estamos ante una delicada situación, que ya República Dominicana conoce, porque en 1979 se informó de la presencia de la enfermedad y la decisión de ordenar la eliminación de todos los cerdos.
Sin duda alguna ha habido un gran descuido, una desatención mayor y una indiferencia ante un clamor de auxilio expresado con tiempo, que delata la seriedad de un problema al que no se debe responder con indiferencia o chistes de mal gusto. La situación demanda que se trabaje con seriedad en coordinación con los porcicultores. Pongamos mano a la obra de inmediato.
