Conviene iniciar esta entrega haciendo la aseveración de que cuando hablamos de represión
del delito estamos hablando de todas y cada una de las acciones que llevan a cabo las
autoridades. policiales y judiciales una vez que el delito se cometió, con la idea de enmendar la
conducta de quien delinque y procurar resarcir a la sociedad.
En los últimos meses, la delincuencia en la República Dominicana se ha desbordado casi hasta
la desesperación, provocando angustia y ansiedad a la población, dando la impresión, a veces,
de que se le ha ido de las manos a las autoridades, que se muestran en ocasiones acorralados,
faltos de iniciativas y políticas públicas que realmente impacten en la reducción de la
delincuencia en nuestro país.
Las personas que transitan por las calles o permanecen en sus hogares viven continuamente
en un estado de inseguridad y temor.
Ante este panorama tan sombrío, la reacción de las autoridades ha sido simplemente desplegar
la fuerza del orden público para intensificar la represión contra la delincuencia, medida que
ciertamente podría reducir momentáneamente la capacidad de accionar de los malhechores,
pero que en verdad lo que genera es que estos se recojan un poco, se reorganicen y luego
reaparezcan con mayor saña y contundencia.
Lamentablemente hemos visto en nuestro país, a través de los años, la delincuencia sólo como
una cuestión de fuerza, cuando en verdad esta merece ser analizada en otra dimensión, con
criterios más profundos, vista como un problema socioeconómico y cultural.
El tratamiento frontal y represivo de la delincuencia debe siempre considerarse solo como una
parte del abordaje del problema, por lo que lanzar más policías y guardias a las calles,
quizás con mejores armas y mayor capacidad de movilización, simplemente aplaca de forma
momentánea la delincuencia, mientras que un grave problema socioeconómico prevalece
mostrándose amenazante y destructivo.
Debemos estar claro en que este flagelo no está sustentado únicamente en comportamientos
individuales, encarnados en personas aisladas, muchas veces excluidas de la sociedad. Esta
no es la comprensión más acabada del problema de la delincuencia.
Es necesario que nos aboquemos a una comprensión más integral y amplia de las causas que
generan este mal en nuestro país, lo que implica integrar una diversidad de programas y
acciones encaminadas a la formación y la educación ciudadana, pero, sobre todo, a la
formación y educación de las autoridades y agentes policiales.
Se trata de programas y acciones que tengan como objetivo atacar las causas originarias que
propician la delincuencia. Programas y acciones que nos involucren a todos y que contemplen
un acercamiento y una mejor compresión de la delincuencia de parte del segmento de la
población (que es mayoritario) que no se identifica y rechaza de pleno las acciones
delincuenciales y criminales.
La delincuencia es un problema social y humano que nos perturba y nos afecta a todos, por
lo que su abordaje en la búsqueda de soluciones siempre habrá de involucrarnos por igual a
todos.
Mientras más amplio y cercano sea el espacio para un joven integrarse a una vida social digna
y decente, a través de los mecanismos generadores de oportunidades que debe propiciar la
estructura social, menos son las posibilidades para que ese joven pueda verse atraído por ese
maldito mundo de la delincuencia.
El delincuente que se persigue y reprime en los diferentes barrios de nuestras ciudades es el
joven con menos oportunidades para estudiar, para alimentarse, para vestirse, para
recrearse y formarse de manera segura y saludable. Los estudios realizados en ese ámbito asi
lo confirman.
Lo anterior se explica porque el delito es el resultado directo de conflictos personales y sociales
complejos y la persecución y castigo sólo capta una parte del conflicto, sin alcanzar el
trasfondo social y personal de tan variadas causales que han incidido en la comisión del delito.
Las políticas que hasta ahora ha venido implementando el Estado dominicano la verdad que no
son las más adecuadas, ya que han sido elaboradas sin que los principales actores,
representantes de los diversos sectores de la sociedad, hayan participado de forma activa en la
fase de su formulación.
Pareciera como si nos encontráramos en un callejón sin salida. La ansiedad y la desesperanza
ha llevado a muchos grupos de ciudadanos a responsabilizarse de su propia seguridad, aun a
riesgo de involucrar a la comunidad en un mayor conflicto.
Así pues, el intento generalizado por parte del Estado de plantearse la cuestión de resolver la
violencia urbana desde un punto de vista policiaco ha fracasado, generando más violencia y
más víctimas. No es real que el aumento de la represión produzca el efecto de disminuir
la delincuencia.
Investigaciones criminológicas realizadas en diferentes países muestran que no existe
correspondencia entre los niveles de represión y las tasas de criminalidad.
Las expectativas de los ciudadanos es que el gobierno lleve a cabo acciones eficaces que
ofrezcan comunidades más seguras a la población, a todos los niveles.
La errónea creencia de que la represión es un instrumento idóneo para controlar la
criminalidad, podría generar una quietud peligrosa en cuanto obstaculiza o dificulta la
adopción de otras medidas de diverso orden, que sí podrían contribuir a avanzar en la solución
del problema.
La persecución y castigo es sólo uno de los instrumentos de que disponen el Estado y la
sociedad para enfrentar la criminalidad.
Un instrumento que, por demás, llega demasiado tarde, por lo que el énfasis debe estar
puesto en el diseño e implementación de políticas públicas de carácter preventivo,
relacionadas con las variadas áreas del quehacer humano (económico, social, educacional y de
capacitación, familiares, urbanas, de recreación, entre otras) que impactan de manera efectiva
en el fenómeno de la delincuencia.
No son las políticas de persecución y castigo, por sí solas, las mejores opciones. Una
alternativa que se ha venido ensayando en varios países es la organización ciudadana para
combatir la delincuencia, procurando una participación activa e informada por parte de los
miembros de la sociedad para la elaboración de los planes y programas de seguridad, así
como para determinar las prioridades de acción.
