Hablan los hechos

Una jungla llamada Darién

Las autoridades panameñas intentan contener la crisis migratoria sin precedentes y los crecientes flujos de viajeros que entran al país con rumbo a Estados Unidos, cuando lanzaron la campaña comunicacional “Darién no es una ruta, es una jungla”.

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino explicó que se trata de una de las diversas medidas, muchas de ellas aún por anunciarse, incluso se habló de mayores controles en esa frontera natural con Colombia, pero sobre todo exigir mayor compromiso con el enfrentamiento al flagelo por organismos internacionales y de las naciones emisoras, de tránsito y de destino.

Los migrantes utilizan la inhóspita vía de la selva para el cruce hacia Costa Rica, pero desinformadas de los peligros y riesgos a los que se someten, en su mayoría engañados por mensajes de éxito en las redes sociales y de los coyotes o traficantes de personas que los extorsionan.

CIFRAS PREOCUPANTES

En días pasados, una comisión de alto nivel del Gobierno, encabezada por el ministro Pino, recorrió la zona fronteriza entre Panamá y Colombia para conocer más de cerca la situación que se vive en la región.

Durante la gira, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, afirmó sentirse consternada y preocupada por el paso de 60 mil niños por la selva de Darién, y que de esos, hay 30 mil que tienen entre dos y siete meses de nacidos.

Panamá es la puerta de entrada a Centroamérica desde el sur, recibe a los migrantes en unas estaciones en las que toma sus datos biométricos y les ofrece asistencia médica y de alimentación, una operación única en el continente en la que ha invertido en los últimos años casi 70 millones de dólares, según el Gobierno.

Por su parte, cuerpos de seguridad del Estado como el Servicio Nacional de Fronteras desarrollan operaciones especiales e informan del rescate de migrantes abandonados en el trayecto de 266 kilómetros por traficantes o de la captura de algunos de criminales que asaltaron, violaron e incluso asesinaron a viajeros.

“APORTES” DE EEUU

Identificado como el principal país de destino de miles de migrantes irregulares que transitan por Panamá, el Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar sus “aportes” para mitigar esos flujos.

La llamada ayuda humanitaria podría resumirse en dinero, leyes más restrictivas y militarización, aunque de esto último no ofreció más detalles la subsecretaria adjunta estadounidense de la Oficina de Población, Refugiadas y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth.

Enviada a la IV reunión plenaria de las conferencias Regional y Suramericana de Migraciones, celebrada a puertas cerradas el miércoles último en esta capital, Youth precisó que Washington desembolsará 16 millones de dólares para 11 países sin mencionar cuales.

También admitió que el norteño país no puede atender solo la extraordinaria ola migratoria actual, por lo que las naciones de la región deben abordar en conjunto esta tragedia humana.

Youth obvió la aseveración del subsecretario adjunto de comunicación del Departamento estadounidense de Seguridad Interior (DHS), Luis Miranda, cuando también habló de reforzar la presencia de unidades policiales de Panamá y Colombia en esa zona.

Desde el pasado 12 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden levantó una norma sanitaria (Título 42) que bloquea a casi todos los migrantes sin documentos necesarios para entrar al país.

Washington aplica una recién aprobada ley que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante cinco años y un posible procesamiento judicial, recordó Miranda.

En esos tres meses, Estados Unidos deportó a más de 145 mil personas, según datos oficiales.

«Quiero dejar en claro que continuamos aplicando la regla que anunciamos en mayo, con consecuencias para quienes no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos», recordó a la prensa el funcionario.

Recientemente el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, denunció que la migración irregular se utiliza como pretexto para incrementar la presencia de bases militares extranjeras y apuntalar el control de los recursos naturales y de activos estratégicos como el Canal de Panamá.

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