Los bloques de regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional han expresado su rechazo a la decisión arbitraria tomada por el presidente del Concejo de Regidores de aprobar un reconocimiento a la alcaldesa Carolina Mejía por sus primeros 100 días de gestión.
Según han señalado, esta decisión fue tomada en violación de los procedimientos establecidos, ya que el reconocimiento fue aprobado a pesar de no contar con los votos necesarios para la declaratoria de urgencia, la cual exige una mayoría absoluta.
De acuerdo con la Ley 176-07 y el Reglamento Interno del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, las declaratorias de urgencia requieren una mayoría absoluta para ser válidas. Sin embargo, este requisito no fue cumplido, lo que, según los regidores, convierte la aprobación de dicho reconocimiento en un acto completamente ilegítimo y una muestra clara de arbitrariedad en la conducción de los asuntos municipales.
Los regidores también han señalado que este acto no solo se llevó a cabo de manera irregular, sino que también viola el artículo 59 de la Ley 176-07, así como los artículos 18, 23 y 40 del Reglamento Interno del Concejo de Regidores del Distrito Nacional.
En su opinión, esta acción representa una falta de respeto a los procesos democráticos y una burla a los ciudadanos de Santo Domingo, quienes no han visto solucionados los problemas más críticos que afectan a su ciudad.
En respuesta a estas irregularidades, los bloques de regidores del PLD y la FP han solicitado la declaratoria de nulidad de la sesión ordinaria del 22 de agosto, argumentando que la misma se desarrolló en contravención a las normativas vigentes y sin cumplir con los requisitos legales necesarios para la toma de decisiones de esta naturaleza.
Finalmente, los regidores del PLD y la FP reiteran su compromiso con los ciudadanos de Santo Domingo y no pueden respaldar un reconocimiento que, en su opinión, no tiene fundamento en acciones concretas y efectivas que mejoren la vida de los habitantes de la ciudad.
Instan a la administración municipal a revisar su enfoque y a priorizar las verdaderas necesidades de Santo Domingo, apelando al diálogo y al respeto de los procedimientos democráticos, en conformidad con la Ley 176-07 y el Reglamento Interno del Concejo de Regidores, para la toma de decisiones que impacten a la comunidad.
