La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (parlamento) rechazó hoy la propuesta de una norma que permitía convocar a un plebiscito que decidiera la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Para el diputado independiente, Neftalí Zamora, se frenó un debate necesario sobre un organismo que cuesta millones y cuya utilidad es cada vez más cuestionada.
“El Parlacen no es integración, es impunidad”, indicó Zúñiga.
Otros legisladores por libre postulación como Luis Duke respaldaron el proyecto, que consideraron una acción necesaria, pues el Parlacen no aporta nada al país, ciega judicialmente a expresidentes, ex vicepresidentes y exdiputados, y genera un gasto innecesario.
El anteproyecto planteaba que, para definir la permanencia de Panamá en esa instancia regional se convocara una consulta en el que los ciudadanos respondieran con un “sí” o un “no” a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que la República de Panamá permanezca en el Parlamento Centroamericano?
De haber prosperado, correspondería al Tribunal Electoral organizar el sondeo en un plazo no mayor de dos años tras la eventual promulgación de la ley.
No obstante, el proyecto establecía que el resultado no sería vinculante, ya que la conducción de la política exterior del Estado es una facultad exclusiva del presidente de la República, según el artículo 184 de la Constitución.
Actualmente, Panamá mantiene 20 diputados en el Parlacen. Entre ellos, se encuentran figuras como el expresidente de la República Juan Carlos Varela(2014-2019) , o los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, acusados de blanqueo de capitales.
Los diputados del Parlacen gozan de las mismas inmunidades que los miembros de la Asamblea Nacional, entre ellas, que solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni siquiera por el Ministerio Público, como ocurre con el resto de los nacionales que cometen algún delito.
Mientras la Ley 2 del 16 de mayo de 1994, que aprobó la adhesión de Panamá al Tratado del Parlacen, señala que los expresidentes y ex vicepresidentes de la República pueden juramentarse como diputados después de cumplir sus respectivos mandatos.
En seguimiento a esa disposición, el exmandatario Laurentino Cortizo y su ex vicepresidente, Gabriel Carrizo (2019-2024), buscan juramentarse como diputados del parlamento regional, algo que no han podido concretar pese a sus esfuerzos.
Los diversos cuestionamientos al Parlacen están contemplados en el anteproyecto del plebiscito, entre ellos la relación costo beneficio del ente, puesto que cuesta cada año un aproximado de 2.3 millones de dólares al erario público.
