La reciente restitución de la visa norteamericana a Gonzalo
Castillo no solo ha provocado un impacto político en el país, también ha
reabierto con fuerza un debate que durante varios años muchos
intentaron minimizar: la existencia de un componente político en las
acciones emprendidas contra exfuncionarios del pasado gobierno.
Las declaraciones ofrecidas, de manera responsable, por la
Embajadora de los Estados Unidos, en una entrevista que rápidamente
se hizo viral en distintos medios y plataformas digitales, terminaron
alimentando aún más esa percepción.
Al referirse al manejo de las cancelaciones de visas y admitir que
el tema había adquirido un matiz político, dejó abierta una lectura
inevitable sobre la forma en que determinados casos fueron manejados
durante los últimos años.
Y es precisamente ahí donde surge la gran preocupación nacional.
Porque cuando una representación diplomática de la dimensión e
influencia de la Embajada de Estados Unidos deja entrever que
decisiones vinculadas a visas estuvieron rodeadas de componentes
políticos, automáticamente queda bajo cuestionamiento la narrativa que
durante años se construyó alrededor de ciertos dirigentes políticos,
especialmente de Gonzalo Castillo.
Durante un buen tiempo, sectores oficiales y mediáticos
presentaron algunos expedientes judiciales prácticamente como
sentencias definitivas ante la opinión pública. Antes de que concluyeran
los procesos, ya existía una condena social promovida desde espacios
políticos, comunicacionales e institucionales.
El interés nunca fue investigar. Aunque estamos claro de que toda
sociedad democrática necesita combatir la corrupción y exigir
transparencia a quienes administran recursos públicos, el verdadero
problema aparece cuando la justicia comienza a mezclarse con
estrategias políticas y campañas mediáticas dirigidas a destruir
reputaciones antes de que hablen los tribunales.
Por eso, el restablecimiento de la visa de Gonzalo Castillo y las
declaraciones de la Embajadora norteamericana tienen un peso político
imposible de ignorar.
No porque una visa extranjera sustituya una sentencia judicial,
sino porque evidencia contradicciones importantes entre el relato
político que se impulsó localmente y las señales emitidas posteriormente
desde el ámbito diplomático internacional.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser individual. Pasa a ser
institucional.
¿Actuó siempre el Ministerio Público con absoluto equilibrio e
independencia? ¿Existió selectividad política en algunos procesos? ¿Se
utilizó el aparato judicial para golpear adversarios políticos bajo el
respaldo de una narrativa mediática favorable?
Son preguntas legítimas que hoy resurgen con más fuerza y que
las actuales autoridades están en la obligación de responder como forma
de contrarrestar las declaraciones de la Embajadora.
Porque la independencia de la justicia no se proclama en
discursos, se demuestra con actuaciones coherentes, equilibradas y
alejadas de cualquier interés político.
Cuando una parte importante de la sociedad comienza a percibir
que hubo persecución política disfrazada de lucha anticorrupción, el
daño trasciende a los dirigentes involucrados. Lo que termina
debilitándose es la credibilidad de todo el sistema judicial.
Y una democracia puede resistir enfrentamientos políticos,
polarización e incluso crisis económicas. Lo que difícilmente puede
soportar es una justicia cuya imparcialidad comienza a ser cuestionada
por los propios hechos y por las señales que provienen desde escenarios
internacionales.
El caso Gonzalo Castillo, lejos de cerrarse políticamente, parece
estar abriendo una discusión mucho más profunda sobre la utilización de
la justicia como herramienta de confrontación política en República
Dominicana.
