El equipo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, afirmó que el fallo de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, confirmó la ausencia total de pruebas objetivas y vinculantes que comprometieron la responsabilidad penal de
su defendido en el denominado caso Calamar.
Los abogados Pedro Balbuena,
Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostienen que la decisión judicial
representa un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del
expediente presentado por el Ministerio Público, el cual —según indicaron—
estuvo sustentado desde el inicio en relatos, interpretaciones y afirmaciones
carentes de soporte probatorio verificable además de un testimonio fabricado
completamente contradictorio.
“Este fallo
pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser
enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos
probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por
narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, expresaron
los juristas mediante un comunicado.
La barra de la defensa insistió
que, durante todo el proceso, fueron expuestas auditorías, certificaciones
oficiales, documentos financieros y otros elementos que demostraban la
inexistencia de actos ilícitos atribuibles a Peralta Fernández, así como la
falta de vinculación directa con los hechos imputados.
“Muchos de los propios
documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron
favoreciendo el descargo del señor José Ramón Peralta Fernández, al evidenciar
su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad
penal,” resaltó la defensa.
