Por: Víctor Manuel Grimaldi Céspedes | Un crimen político no termina necesariamente con la muerte de su víctima. Puede continuar en la desaparición del cadáver, en la intimidación de quienes saben lo ocurrido y en la fabricación de una explicación destinada a sustituir la verdad. El caso de Jesús de Galíndez, del piloto estadounidense Gerald Lester Murphy y de las personas vinculadas a sus desapariciones obliga a investigar esas tres dimensiones de la violencia trujillista.
En mi libro Sangre en el Barrio del Jefe, publicado en 2007 y del cual se han vendido más de doce mil ejemplares, relacioné el secuestro de Galíndez con otros asesinatos y con la cadena de conflictos que desembocó en la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Releer aquellos documentos y testimonios junto a las revelaciones del excongresista estadounidense Charles O. Porter permite volver sobre una pregunta que las narraciones más conocidas suelen dejar en segundo plano: ¿qué ocurrió con los cuerpos y con quienes podían explicar su destino?
La investigación debe comenzar antes del secuestro de Nueva York. El 8 de agosto de 1955 fue asesinado en La Habana el exiliado dominicano Manuel de Jesús Hernández Santana, conocido como Pipí. En mi libro examiné ese crimen y la relación que Germán Emilio Ornes estableció entre las sospechas de los exiliados contra un personaje apodado El Cojo y la posterior aparición de este en el entorno de Galíndez. La conexión que allí estudié sitúa el rapto dentro de una actividad de infiltración y persecución que atravesaba fronteras.
Félix W. Bernardino reaparece en esa trama. También aparece Gloria Viera, cuyo nombre recogí así en mi libro y que debe conservarse correctamente al examinar las distintas versiones del caso. Sin embargo, reconocer la continuidad de una maquinaria represiva no autoriza a atribuir a todas las personas el mismo conocimiento de sus operaciones. La intervención material, la complicidad consciente y la condición de testigo son cuestiones que deben demostrarse por separado.
El artículo de The New York Times del 6 de abril de 1964 informó que Porter había recogido en Santo Domingo, durante el mes anterior, el testimonio de un antiguo funcionario penitenciario. Según la noticia, este declaró ante el exrepresentante por Oregón y dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Afirmaba haber presenciado el asesinato de Murphy: un golpe lo derribó y dos hombres lo estrangularon con una cuerda. Su cuerpo habría sido colocado en un saco y trasladado al cementerio de Arroyo Salado.
Aquí surge una primera distinción decisiva. Una declaración sobre un entierro clandestino no equivale a la identificación de una sepultura. La noticia atribuyó a Porter la posesión de una copia del registro del cementerio correspondiente al entierro nocturno de un desconocido el 2 de diciembre de 1956. Pero en su artículo de agosto de 1965, publicado en Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, Porter situó el asesinato en la noche del 5 de diciembre. A su vez, un memorando secreto del Departamento de Estado, fechado el 24 de enero de 1957, registró la desaparición de Murphy el día 3.
Las fechas requieren cotejo. No pueden fundirse en una cronología aparentemente exacta. Hay que recuperar la declaración original, el registro funerario y los informes de los investigadores para establecer dónde se produjo la discrepancia.
Porter describió además una dificultad material. Él y el abogado Henry F. Dressel habían visitado el cementerio y consultado sus libros. Según le explicaron, los cuerpos no identificados podían enterrarse en sepulturas ya ocupadas; después de cinco años, los restos se trasladaban a un depósito común. Creía posible reconocer los de Murphy, particularmente por su dentadura, pero afirmó que sus gestiones ante Juan Bosch, Donald Reid Cabral y las autoridades estadounidenses no habían logrado que se realizaran las indagaciones necesarias.
La hipótesis de un entierro identificable se convertía así en una búsqueda entre restos trasladados o mezclados. La demora podía destruir las posibilidades de comprobación incluso sin una nueva orden de encubrimiento.
El destino de Galíndez exige todavía mayor cautela. El informante de Porter no había presenciado su muerte. La noticia de 1964 le atribuyó una versión procedente de Gloria Viera, según la cual el profesor fue llevado a La Fundación y muerto a tiros después de una confrontación con Trujillo. En 1965, Porter escribió que aquel hombre podía ayudar a localizar a dos personas: una conocía las circunstancias del asesinato y otra habría acompañado el cadáver, colocado en un ataúd especial, hasta un barco desde el cual fue arrojado al mar.
Ese relato señala una pista; no demuestra por sí mismo el destino final del cuerpo. La distinción importa: respecto de Murphy, el declarante se presentaba como testigo presencial del homicidio; respecto de Galíndez, transmitía información ajena y ofrecía conducir a otros informantes. Convertir ambos niveles de conocimiento en una sola certeza borra precisamente lo que necesitamos investigar.
Gloria Viera ocupa un lugar especialmente doloroso. Los relatos examinados la vinculan al traslado del secuestrado y describen su posterior muerte dentro de un automóvil accidentado. Añaden que no sabía conducir. La noticia del Times habla de un vehículo destrozado e incendiado, encontrado en un barranco; Porter refiere una rápida inhumación después de su liberación de la cárcel. Son versiones que justifican buscar el acta de defunción, el informe del supuesto accidente, el registro de entierro y cualquier examen médico disponible. No permiten afirmar, sin esos documentos, que conocemos la localización y la identificación de sus restos.
Octavio de la Maza representa otra forma de encubrimiento: un cadáver devuelto a la familia acompañado de una explicación oficial que debía cerrar el caso Murphy. En mi entrevista de 2000, reproducida en Sangre en el Barrio del Jefe, su viuda, Maruxa Rúa, recordó la llegada de los policías en la madrugada del 7 de enero de 1957: «Venga a recibir un cadáver que le mandan».
Maruxa describió marcas de sogas en brazos y pies, un golpe en el costado y señales que interpretó como pinchazos de inyección. Eran sus observaciones del cuerpo de su esposo, no una autopsia. Su testimonio conserva, sin embargo, una evidencia humana que la versión del suicidio pretendía clausurar. Ella negó también que Tavito hubiera intervenido en el traslado de Galíndez.
El testimonio del general y piloto Euclides Amancio Hernández, recogido en el mismo libro, aporta otro elemento: relató presiones para responder conforme a un papel preparado y para firmar una carta sin leerla durante las diligencias relacionadas con el caso. Según su declaración, la atribución de responsabilidad a Tavito formaba parte de una operación impuesta desde el poder. La investigación debía examinar no solo quién había muerto, sino cómo se producían las declaraciones destinadas a explicar esas muertes.
Porter añadió una acusación particularmente grave: que el cadáver de Octavio había sido exhumado y despojado de tejidos para impedir que un examen posterior revelara las huellas del maltrato. Esa afirmación debe investigarse como tal; no puede presentarse como comprobada únicamente porque Porter la publicó. Precisamente por su gravedad exige documentos y testimonios independientes.
La relectura de mi libro ofrece una vía concreta para avanzar. En su relación documental figuran el oficio número 5707, del 23 de marzo de 1962, dirigido al secretario de Justicia, y el número 9301, del 27 de abril de aquel año, dirigido al encargado de Relaciones Exteriores. El primero reseña la solicitud de la Embajada estadounidense para que representantes del Departamento de Justicia revisaran los archivos del SIM e interrogaran a agentes detenidos, con miras a reabrir el caso Galíndez-Requena. El segundo registra la aprobación de esa solicitud. Ambos aparecen con la referencia 10491-7.
Estas entradas no sustituyen los oficios completos, pero permiten buscarlos con precisión. También amplían la cronología: las gestiones estadounidenses consignadas en el libro anteceden a las entrevistas que Porter describió en 1963 y 1964. La pregunta es qué documentos se consultaron, a quiénes se interrogó y dónde quedaron los resultados.
Tampoco debemos suponer que todos los testigos fueron asesinados. El informante de Porter sobrevivió para declarar y, según este, buscaba protección y la posibilidad de refugiarse en Estados Unidos. Su identidad era conocida por las autoridades estadounidenses. En los materiales examinados no queda establecido qué ocurrió después con él, ni si llegaron a comparecer las dos personas que podían aportar información sobre Galíndez y su cadáver.
La reserva documental también ha prolongado el problema. En 2019, una corte federal de apelaciones confirmó la negativa a entregar al investigador Stuart McKeever los materiales del gran jurado de 1957 relacionados con John Joseph Frank. La sentencia citó precisamente la noticia del Times de abril de 1964. Aquellos papeles judiciales no deben confundirse con los informes diplomáticos de la visita de Porter, pero recuerdan que una parte de la investigación histórica depende del acceso a expedientes concretos.
En Sangre en el Barrio del Jefe relacioné estos crímenes con las pasiones, las represalias y las decisiones que condujeron al 30 de mayo de 1961. La muerte de Tavito dejó en Antonio de la Maza una herida inseparable de su enfrentamiento con Trujillo. El intento de encubrir una desaparición contribuyó a producir nuevas víctimas y nuevas razones para combatir al dictador.
Recuperar hoy esa historia exige seguir el rastro de cada cuerpo y de cada declaración. Murphy conduce al cementerio y a sus registros; Galíndez, a los testimonios sobre La Fundación y el supuesto traslado marítimo; Gloria Viera, al accidente y al entierro; Octavio de la Maza, a las huellas que su familia vio y a las denuncias de una posterior manipulación de sus restos. Los testigos supervivientes conducen a los archivos donde debieron quedar sus palabras. Allí está todavía una parte de la tarea pendiente: devolver a las víctimas su historia comprobable y a las familias las respuestas que el terror les negó.
