Recientemente el director para América Latina de la organización estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de “piñata de impunidad” el acuerdo sobre víctimas alcanzado entre el gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC.
Según Vivanco se trata de un pacto que, “aunque plagado de alusiones a la necesidad de garantizar justicia, verdad y reparaciones, y a asegurar la no repetición de los hechos, “termina sacrificando el derecho a la justicia de miles de víctimas del conflicto colombiano”.
Como fundamento de tales conclusiones, el activista de los derechos humanos de origen chileno, muy conocido entre nosotros por sus acusaciones contra la República Dominicana, cita la parte del acuerdo que dispone la creación de un sistema jurídico especial para castigar a los responsables de delitos de lesa humanidad, incluidos agentes del Estado, y la disposición del mismo según la cual quienes reparen a los afectados podrán evitar una cárcel común, aunque deberán pagar penas alternativas de reclusión de 5 a 8 años.
“No hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos 20 años donde no se haya contemplado la prisión efectiva, es decir, la privación de la libertad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo Vivanco, para quien lo pactado “constituye un retroceso” para América Latina y “un precedente que a nivel universal nos retrotrae a otras épocas cuando no había estándares internacionales de derechos humanos”.
El gobierno y la guerrilla de Colombia iniciaron en 2012 conversaciones en La Habana, Cuba, con el objetivo de poner fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración, el más longevo de América Latina. Han sido más de tres años de intensas negociaciones durante las cuales se ha podido arribar a acuerdos sobre temas tan espinosos como participación política, propiedad de la tierra, drogas ilícitas, fin del conflicto y derechos de las víctimas.
Tras más de medio siglo de confrontación armada y habiéndose intentado infructuosamente alcanzar la paz negociada en varias ocasiones, las FARC, el principal grupo insurgente, mantiene bajo las armas a más de siete mil combatientes, según informes oficiales. Hoy es opinión generalizada, tanto dentro como fuera de Colombia, que el país sudamericano nunca se había encontrado tan cerca de la paz.
Los que han estudiado otras experiencias saben perfectamente que un aspecto crucial es el que tiene que ver con las víctimas y la necesidad de hacer justicia, un aspecto en el que nunca se ha podido alcanzar la solución óptima. La regla general que se ha impuesto es que en esta materia se llega hasta donde la realidad concreta lo permita.
En Sudáfrica, donde una minoría blanca sometió al más oprobioso sistema de exclusión y opresión a la mayoría de la población negra durante más de cuatro décadas, con un saldo de más de un millón de muertos, decenas de miles de detenidos y desaparecidos, se intercambió perdón por confesión.
Tal fórmula fue posible debido a que, por un lado, la minoría blanca, entonces liderada por el presidente Frederik de Klerk, entendió que, dadas las crecientes tensiones en todo el país y las fuertes presiones internacionales, el régimen del apartheid resultaba insostenible en el largo plazo, a menos que se produjera una masacre de grandes proporciones. Mientras, por el otro lado, el Congreso Nacional Africano, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, comprendió que una Sudáfrica democrática necesitaba de una reconciliación para ser viable como Estado capaz de asegurar el bienestar general de toda la población y que la única alternativa al entendimiento pactado era una costosísima guerra fratricida. Fue así como Mandela saltó de la cárcel del apartheid, donde permaneció por 27 años, al palacio presidencial en Pretoria.
Es cierto que en la época más reciente la Corte Penal Internacional ha establecido la obligación de las autoridades nacionales de emprender acciones legítimas contra los responsables de los crímenes más graves y de satisfacer los derechos de las víctimas. Sin embargo, ninguna disposición se refiere a penas específicas, quedando la cuestión a la discrecionalidad de los Estados que la resuelven en función de su realidad concreta.
En El Salvador, donde el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se pusieron de acuerdo para poner fin a un conflicto de más de diez años de duración, se decretó una amnistía general y las sanciones contra los autores de los crímenes más graves tuvieron un carácter más moral que jurídico. Una comisión de la verdad se encargó de investigar los crímenes atribuidos a la Fuerza Armada, los escuadrones de la muerte y la guerrilla.
En total, la Comisión de la Verdad documentó 13,569 casos en sus más de dos años de trabajo, de los que se seleccionaron 32 considerados como los más graves, entre los cuales se encontraban el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, la matanza de campesinos conocida como la Masacre del Mazote, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y las ejecuciones extrajudiciales de alcaldes y funcionarios del gobierno atribuidas a la guerrilla.
La Ley de Reconciliación Nacional, que decretó una amnistía general en 1992, estableció que “no gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1ro de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieron en su caso”.
Sin embargo, cinco días después de presentado el informe por parte de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Nacional aprobó una Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz que abarcó todos los hechos cometidos durante el conflicto armado, lo cual se consideró contrario al acuerdo de paz de Chapultepec.
En el caso de El Salvador el acento fundamental se puso en la transformación del Estado, particularmente de la Policía Nacional, que fue reducida en tamaño y a la que se incorporaron efectivos provenientes de los grupos guerrilleros. También se introdujeron cambios en el Ejército, cuyos batallones más represivos fueron disueltos y expulsados sus altos jefes comprometidos con la violencia cometida contra la población civil. El objetivo era facilitar la convivencia democrática de los distintos grupos políticos.
Otro ejemplo es el seguido por España en su tránsito del franquismo a la democracia, que pasó por la aprobación en 1977 de una Ley de Amnistía y del denominado Pacto por el Olvido. Mediante estos instrumentos se procuraba establecer la base de una transición pactada de la dictadura a la democracia en base a una especie de borrón del pasado y la renuncia a la retaliación, así como al establecimiento de nuevas reglas de juego democrático establecidas por una nueva constitución. Los amnistiados fueron no solo los verdugos del franquismo, sino también los violentos de grupos como ETA, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y el Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).
Cuando más de 30 años después el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo, un juez del Tribunal Supremo abrió en su contra un juicio por prevaricación, lo que a su vez motivó la suspensión del magistrado por el Consejo General del Poder Judicial, lo cual pone de manifiesto la complicada naturaleza del proceso de superación de los traumas colectivos.
En Chile el castigo de los crímenes de la dictadura de Pinochet tampoco fue pieza clave del proceso de transición a la democracia.
Es cierto que la guerrilla en Colombia ha perdido legitimidad y capacidad operativa. Pero su disminución no es tal que le reste sentido a la negociación con fines de su incorporación a la sociedad y a la actividad política de conformidad con las reglas democráticas.
Es curioso que una organización que se dice defensora de los derechos humanos arremeta en la forma en que lo hizo Human Rights Watch en la persona del señor Vivanco contra unos esfuerzos que cuentan con el claro apoyo de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional en su conjunto.
De lo que se trata no es de hacer concesiones graciosas a los violadores de los derechos humanos, que los hay en ambos lados, sino en parar el sufrimiento y reparar el daño dejado por más de medio siglo de guerra. Como en cualquier negociación, las partes involucradas están obligadas a hacer concesiones. Las FARC, además de dejar las armas, están dispuestas a ser juzgadas por el Estado colombiano y ayudar a reparar materialmente a las víctimas.
Durante décadas el Estado colombiano ha intentado infructuosamente imponer su voluntad a los insurgentes, como hoy siguen sugiriendo algunos que no ven otro camino hacia la pacificación del país. Intentarlo por otra vía no tiene nada de espurio, al contrario. Como dijo el Papa Francisco en La Habana refiriéndose a los esfuerzos del gobierno y la guerrilla de Colombia: “No tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación”.
Sin duda, una Colombia en paz será mucho mejor para todos sus hijos.
