En su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense Barack Obama habló de la necesidad de reducir la influencia del dinero en la política estadounidense. En tono enérgico, el mandatario proclamó: “Si nos rendimos ahora, estaremos abandonando un futuro mejor. Quienes tienen dinero y poder ganarán más control en decisiones que pueden mandar a un joven soldado a la guerra, o permitir otro desastre económico, o dar marcha atrás con los derechos de igualdad que generaciones de estadounidenses han luchado para conseguir”.
Obama conoce muy bien hasta dónde son capaces de llegar los dueños de los capitales, porque sus iniciativas para regular el sector financiero y evitar nuevas crisis como la provocada por las hipotecas basura, tropezaron con la resistencia de los poderosos del dinero. Lo mismo ocurrió con sus iniciativas para mejorar el acceso a la salud de millones de norteamericanos y con la que pretendía crear nuevos impuestos a los que más tienen. Es precisamente la influencia del poderoso lobby de los fabricantes de armas de fuego lo que impide la adopción de medidas efectivas para limitar el acceso incontrolado a las mismas en un país donde, según el Washington Post, se ha registrado más de un tiroteo con múltiples víctimas todas las semanas desde el inicio del segundo mandato del presidente Obama.
Sin embargo, mientras los planteamientos del presidente Barak Obama sobre el carácter nocivo de la influencia excesiva del dinero en la políticaestadounidense la gente sensata en el mundo los visualiza como una preocupación legítima por la salud de la democracia, en América Latina los gobiernos progresistas son estigmatizados como antidemocrátcos por las corporaciones mediáticas y las grandes potencias, Estados Unidos incluido, por sus esfuerzos dirigidos a neutralizar la resistencia a la actividad reguladora del Estado, a las políticas redistributivas en favor de los más desposeídos o a las medidas que buscan mejorar los ingresos del Estado por la explotación de sus recursos naturales a cargo de las corporaciones multinacionales.
Estados Unidos no solo suele financiar grupos opositores en nuestros países cuando no se siente cómodo con sus autoridades, legítimas o no, sino que hasta a los gobiernos amigos intentan imponerle su propia agenda mediante el financiamiento de organizaciones de la denominada sociedad civil o mediante presiones de todo tipo.
Pero también ocurre lo contrario. Si el gobernante de turno es un hombre que cuenta con la simpatía de Washington, automáticamente tiene apoyo garantizado para gobernar a sus anchas, no importan los excesos o la priorización de los intereses de los que más tienen.
Un buen ejemplo de esto es la actitud frente a la Argentina de Mauricio Macri, quien con menos de dos meses en el poder parece que acumulará un record de violaciones a preceptos legales y constitucionales.
Mientras critica duramente al gobierno de Nicolás Maduro por antidemocrático, Macri se ha permitido adoptar importantísimas decisiones ignorando al Congreso. Por ejemplo, cinco días después de asumir la presidencia, el mandatario modificó la ley de medios, interviniendo primero y disolviendo después la autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para ello emitió un decreto alegando una situación de necesidad y urgencia que todo el mundo sabe no existe en la Argentina actual.
De la misma forma el mandatario se permitió nada más y nada menos que nombrar dos jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que ha sidoseveramente criticado hasta por la coalición gobernante Cambiemos.
Otra decisión ilegal fue la designación mediante simple acto administrativo de Marcos Molina Viamonte, ciudadano de Estados Unidos, como director de informática de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
La ley del país sudamericano establece la nacionalidad argentina como uno de los requisitos para el ingreso a la administración pública nacional, una disposición de la que solo se puede hacer excepción en caso de necesidad y urgencia debidamente fundamentada.
La gran prensa apenas se refiere a estos graves y preocupantes hechos, que tampoco parecen preocupar a la comunidad internacional. Una actitud que contrasta radicalmente con la asumida a priori frente a acontecimientos recientes de Venezuela.
Como se recordará, en este país el partido oficialista acusó formalmente a tres diputados electos de la oposición por el estado Amazonas de cometer un fraude en la pasada contienda electoral, ganada ampliamente por la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión cautelar de los legisladores (hasta tanto se conociera el recurso de impugnación), decisión que en un primer momento el Parlamento se negó a aceptar, razón por la cual el órgano judicial lo declaró en desacato, situación que viciaría de nulidad todas sus decisiones.
Un escándalo mediático se desató a raíz de estos acontecimientos y poco tardó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en salir al frente calificando lo ocurrido como un “golpe directo” a la voluntad popular en Venezuela que “erosiona” la democracia.
Poco después, sin embargo, el Parlamento dominado por la oposición decidió acatar la decisión del Tribunal Supremo, por considerar que actuaba dentro de sus competencias y conforme a disposiciones legales y constitucionales.
Macri ganó la presidencia argentina tras una fuerte campaña mediática que presentaba al régimen presidido por Cristina Fernández como una dictadura. “En democracia se vive mejor”, fue una de sus consignas.
Sin embargo, mientras en el gobierno kirchnerista se conversaba con los manifestantes, en el gobierno de Macri se les dispersa con bombas lacrimógenas, balas de goma y macanas. Fue así como culminó, por ejemplo, la marcha contra los despidos masivos de empleados públicos que tuvo lugar el pasado 8 de enero en la ciudad de La Plata.
Los grupos de poder económico argentinos logaron imponerse al kirchnerismo con la ayuda de las grandes corporaciones mediáticas y del gobierno de Estados Unidos. Claro, decisiones como la que obligó al grupo Clarín a desinvertir en el área de la comunicación para contrarrestar la perniciosa concentración de medios, que facilita el secuestro de la política por los que más tienen, o las que obligaban a los más ríos a pagar más impuestos, ya han sido derogadas. Argentina ha retornado a la política de cuadrar los números a expensas del recorte del gasto social.
A los gobernantes progresistas se les pretende negar hasta lo que en países de arraigadas tradiciones democráticas se considera como una práctica normal. Por ejemplo, a Evo Morales lo acusan de querer perpetuarse en el poder porque lleva diez años al frente de los destinos de Bolivia y no descarta optar por un nuevo mandato. Lo mismo se dijo en su momento de Hugo Chávez y se dice hoy de Rafael Correa.
Incluso, el presidente Barack Obama llegó a tratar el asunto como un fenómeno pernicioso, mostrando el modelo norteamericano, que permite una sola reelección, como el más cónsono con la democracia.
Olvidó que en muchos países europeos los gobernantes suelen durar tanto tiempo como se lo permita la correlación de fuerzas políticas. Así, Helmut Khol gobernó Alemania durante 16 años, mientras que Ángela Merkel ya lleva 11.
Antes que ellos Konrad Adenauer tuvo 14 años al frente del gobierno. En España Felipe González permaneció en el poder por 14 años y solo se retiró cuando perdió las elecciones frente a José María Aznar, del Partido Popular.
Si la influencia excesiva del dinero es perjudicial para la democracia estadounidense, como ha proclamado el presidente Obama, con más razón lo es el “injerencismo”, que se expresa en el financiamiento de partidos políticos de oposición, de grupos de presión, en amenazas y presiones de todo tipo, y que es susceptible de arrebatarle a los pueblos su derecho a decidir su propio destino.
