En el pasado proceso electoral la mayoría de los aspirantes a la presidencia, a cargos congresuales y municipales hicieron uso de las herramientas de investigación recomendada por el marketing político para diagnosticar la percepción de la población y determinar sus necesidades desde el punto de vista social e individual. Mediante encuestas y estudios focales definieron las variables más críticas para desarrollar sus campañas y definir las estrategias adecuadas para conseguir el voto de los ciudadanos, llevándoles un discurso de satisfacción y esperanza para motivar y/o endurecer su apoyo. Así lo hicieron los candidatos modernos, aunque aún hay muchos que trabajan a la antigua, como explorando un complejo territorio a ciegas.
En estas investigaciones salió a relucir que uno de los temas que más le preocupa a la población es el de la seguridad ciudadana y la delincuencia. Por esa razón vimos mucha publicidad y discursos en todos los niveles electivos prometiendo soluciones a ese problema.
Pasaron las elecciones y en este momento la percepción de inseguridad toma un plano mucho más importante por el incremento de actos vandálicos y criminales que alarman a los dominicanos más allá de nuestras fronteras, causando daños a la imagen de un país cuya economía tiene una importante sustentación en el turismo.
El estudio Índice Global de Paz 2016, que publica BBC Mundo, coloca a República Dominicana en la posición 99, entre los países más violentos de América Latina, con una calificación de 2,143, por encima de Haití y por debajo de Brasil.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han implementado numerosas iniciativas para enfrentar la situación que afecta a la mayoría de los países de América Latina, con la colaboración de instituciones y expertos internacionales. La respuesta a este repunte delictivo son acciones combinadas en todos los niveles, con órdenes precisas del presidente Danilo Medina, pero algunos sectores cuestionan el papel de los ayuntamientos en su rol para combatir este problema, del que muchos de los alcaldes electos y reelectos basaron sus campañas, prometiendo trabajar por la seguridad de sus munícipes. Lamentablemente la mayoría no se ocupa ni del alumbrado de sus calles y parques, argumentando falta de recursos.
Algunos voceros de la sociedad, incluyendo legisladores municipales, plantean la necesidad darle mayor participación a los gobiernos locales, como ocurre en ciudades de naciones desarrolladas, de modo que se involucre con las organizaciones comunitarias, y que la policía municipal participe como fuerza de prevención y control.
Una gran parte de la población enfoca el problema con una visión simple, señalando a la Policía Nacional y a la justicia como corresponsables por complicidad; pero aunque no sea tan sencillo, la realidad nos presenta una relación distorsionada entre agentes de esta institución y ciudadanos vinculados al crimen. Los ejemplos sobran: militares que, por sus orígenes sociales, conviven en el barrio con los delincuentes y muchas veces deben protegerlos por temor o asociarse en el delito por conveniencia económica. Por ello no es raro encontrarlos entre los protagonistas de eventos delincuenciales, y que población haya sido testigo de escándalos de complicidad en todos los niveles de las instituciones militares, recogidos en las redes sociales y medios tradicionales de comunicación.
La ley número 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 19, párrafo 11, que “El Gobierno Central, y cualquier otro ente de la administración pública, podrán delegar total o parcialmente el ejercicio de otras competencias a los ayuntamientos, previa aceptación de los mismos, siempre que con ello se mejore la eficacia y eficiencia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana y transparencia. La disposición o el acuerdo de delegación deben determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de esta, así como los medios personales, materiales y económicos que esta transfiera”.
En el artículo 25 define lo siguiente: “De las Delegaciones Barriales. En los sectores urbanos o barrios de los núcleos urbanos con una población significativa, mediante ordenanza, los ayuntamientos podrán acordar la creación de órganos territoriales de gestión desconcentrada, así como la organización, atribuciones y funciones que les correspondan”.
Sobre la Policía Municipal, en sus artículo 173 y 174 la describe como “la organización con jurisdicción dentro de los límites del municipio, integrada en un cuerpo policial único y especializado para asuntos municipales, de naturaleza jerárquica, adscrita al ayuntamiento y bajo la autoridad inmediata del síndico/a con la supervisión técnico profesional de la Secretaría de Estado de Interior y Policía” “…una institución obligada a preservar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales”.
Regidores, alcaldes, juristas y expertos en temas municipales abogan por una policía municipal con más atribuciones legales y capacidad represiva, apoyada en las organizaciones comunitarias, pero algunos funcionarios y dirigentes políticos advierten que eso podría de crear un problema mayor, bajo el argumento de que los ayuntamientos en un país como este no tienen la fortaleza institucional suficiente para evitar convertir esta fuerza preventiva en pandillas locales ligadas a la política o el crimen organizado.
Hay muchas ideas y bastantes preocupaciones sobre el tema de la seguridad ciudadana y la responsabilidad de la comunidad, del gobierno central y autoridades locales; y al respecto se han hecho varios ensayos, que no se han visto madurar con el éxito esperado porque se han dejado inconclusos por razones múltiples. Por ejemplo, en la gestión del doctor Franklin Almeyda como ministro de Interior y Policía, el programa Seguridad Ciudadana contempló muchas iniciativas vinculando el liderazgo comunitario, e incluso inició la inclusión de miles de jóvenes bachilleres a labores de prevención en la denominada Policía Comunitaria.
El Sistema 911 vino a poner un grano de arena en la solución en algunas ciudades, y los indicadores estadísticos reflejan mejorías temporales, pero el problema repunta y toma cuerpo, llevando a nuestros ciudadanos a estados paranoicos, prisioneros del miedo; clamando detener esta ola delicuencial –con delitos a diario que la mayoría de veces no son reportados– al grado de desesperación lleva a la población a respaldar medidas radicales que ponen el peligro sus propias conquistas en materia de derechos humanos.
Es muy complejo y la población reclama soluciones integrales a corto y largo plazo, no remiendos; y cualquier programa serio debe sentar en la mesa de discusiones a todo el liderazgo nacional, incluyendo a los gobiernos locales.
