Durante diez años estuvimos diciendo que el organismo de Economía y Desarrollo constituye una pieza clave para avanzar en el tema de seguridad vial. Y durante ese tiempo no se entendía o no se quería entender de su importancia como actor de primer orden en la materia.
Este debate lo llevamos a una publicación en 2007, titulada: “Seguridad Vial en República Dominicana. Hacia un plan nacional integral” (Pag. No. 3); la cual tuvimos la oportunidad de presentar en diferentes países.
Desde entonces sustentamos la teoría de la necesidad de comprometer las instituciones públicas y privadas en procura de bajar los indicadores de siniestralidad viaria, pero con el objetivo fundamental de establecer mejores relaciones con la sociedad y los gobiernos locales.
Existe un vínculo ineludible entre la seguridad vial y el MEPYD y por eso en el gráfico de la roseta que diseñamos hace más de una década está con el No. 1.
A principio de 1970, el científico norteamericano William Haddon, mediante una matriz, trazó las pautas para enfrentar antes, durante y después la problemática de los accidentes, relacionándolos con los factores de riesgo, y qué hacer en cada caso.
Pero no explicó cómo lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de los resultados, que deben resultar de planes integrales e involucramiento de los sectores, con mira a disminuir la brecha Estado – Sociedad – Gobiernos Municipales, centrando las acciones en un organismo único, con autoridad, autonomía y autosuficiencia económica, gerencial, administrativa y financiera; por lo que nos atrevimos a plantear una alternativa, a contracorriente en cierto modo, al pensamiento de muchos hacedores de políticas públicas, identificando nuevos factores de riesgo predominantes.
Por misión, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo representa uno de sus principales pilares: “Asegurar la asignación eficiente de los recursos financieros públicos para contribuir al desarrollo económico y social, en un contexto de sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, mediante la regulación y administración del sistema presupuestario del Estado”.
Con mayor razón, cuando en sus atribuciones, entre muchas otras, está la responsabilidad de la planificación del reordenamiento territorial, lo concerniente a la Estrategía Nacional de Desarrollo, del comportamiento de las estadísticas y los indicadores económicos.
Seguridad Vial en la República Dominicana. Hacia un Plan Nacional Integral. Año 2006. Ing. Mario Holguín. FundaReD.
Pero, así como existen indicadores económicos, están los de siniestralidad, importantes herramientas técnico–científicas para la toma de decisiones, evaluación de las tendencias situacionales en materia de seguridad vial, permitiéndonos no solo valorar las metas y comparar los resultados, sino hacer reingeniería en el proceso.
Por esa razón, los indicadores deben cumplir condiciones específicas fundamentadas en la calidad de los datos, tales como: ser confiables, transparentes, generados en debates técnico–participativos. Siendo de interés primordial para hacer comparable la determinación de una eficiente metodología de trabajo, que a su vez permita ser materia de política pública.
En la República Dominicana, esas señales se manejan con mucha ligereza, con serios riesgos de perder su relevancia en el futuro inmediato.
