La eliminación por el Gobierno del subsidio a los empresarios del transporte podría considerarse un mínimo ahorro, si pudieran calcularse con alguna aproximación lo que el país pierde en términos económicos por la forma anárquica, desordenada e irresponsable con que opera el tránsito en el país.
Lo del subsidio sólo es uno de los tantos aspectos pésimamente manejados en lo que tiene que ver con la movilidad motorizada de personas y mercancías, aunque parece ser un avance, y por eso la gente aplaude y pide más.
Salir de la casa cualquier día, en la dirección de la necesidad o el deseo, es una aventura cargada de incertidumbre, pues no se puede prever el momento ni las condiciones en que se llegará, o si se llegará, al destino.
La ineficiencia de las autoridades combinada con el comportamiento salvaje de transportistas públicos y privados de todas las clasificaciones, desde motoristas hasta los más pesados vehículos de motor, obligan a encomendarse al Superior antes de atravesar la puerta.
Los congestionamientos están al día, por la falta de una política en este aspecto, el irrespeto hasta de las normas de cortesía y buenas costumbres, la falta de autoridad, y de consecuencias.
Sólo escuchar a una comentarista matutina aconsejar quedarse en su casa a quien no tenga algo urgente que hacer afuera, grafica la situación sin que se caiga en la exageración.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han realizado una importante inversión en el diseño y construcción de un entramado de autopistas, carreteras y caminos que permiten una rápida comunicación entre nuestras regiones, favoreciendo a los sectores productivos, al turismo, y a las particulares necesidades de movilidad.
El mal uso de estas facilidades se tiene como una de las principales causas de accidentes, que cada año contabilizan saldos espeluznantes, convirtiéndose hace tiempo en un serio problema de salud pública.
Los motociclistas, y los grandes vehículos destinados al transporte de pasajeros y de mercancías son los que resumen la mayor cuota de siniestralidad, al ser conducidos por la ausencia de consciencia y de responsabilidad, con total ignorancia de las normativas legales y del buen juicio.
Es frecuente observar en cualquier tramo del malecón y la autopista 30 de mayo, en el litoral sur, a vehículos de gran tamaño en desenfrenadas competencias de velocidad, y haciendo giros temerarios al transitar por los carriles reservados a los automotores livianos.
Para la seguridad de las personas, de poco valen las inversiones millonarias, si precisamente los que tienen mayor poder de destrucción son los que menos contribuyen a la preservación de las infraestructuras, y los que más atentan contra la vida humana.
Se tenía entendido que, con la Circunvalación de Santo Domingo mediante una costosa alternativa estatal, los camiones, patanas y furgones abandonarían las vías céntricas facilitando el flujo urbano.
Pero estos enormes vehículos continúan el desplazamiento por las avenidas y paseos turísticos como el Malecón, contribuyendo además a la destrucción de las inversiones realizadas, al llevar cargas excesivas e incumplir con los requisitos mínimos para transitar con seguridad, sin que una autoridad municipal o nacional intente impedirlo.
Lo mismo ocurre con transportistas interurbanos que conducen a exceso de velocidad minibuses y microbuses, muchas veces atestados de pasajeros, fuera de las rutas establecidas, para acortar distancias penetrando por sectores residenciales y lugares no previstos por la autoridad del ramo, compitiendo en su desenfreno con los pequeños buses conocidos como “voladoras”.
A este caos del tránsito también hacen su contribución los desvencijados carros del concho y los motoconchos, organizados en asociaciones y sindicatos pertenecientes a poderosas federaciones de transportistas, imposibles de ignorar.
Están establecidos en carriles de las principales vías, en las que el movimiento de personas y vehículos es más intenso, en ocasiones con la indiferencia o protección de autoridades municipales y del Transporte Terrestre, a pesar de una forma de apropiación del espacio público que dificulta la movilidad y constituye un factor de riesgo.
Conocidas son las disputas entre grupos por el “control de las rutas”, pues han devenido en enfrentamientos trágicos y sometimientos judiciales por asesinatos, además de la afectación de personas ajenas a esos conflictos entre transportistas.
Este también es un tema recurrente, pendiente de solución, en el cual el país ha gastado incontables millones de pesos para peor.
Pero además está el tema de los taxis, sector en aumento sin controles ni regulaciones, cuyos integrantes compiten de manera temeraria en la brega por lograr la máxima rentabilidad en el uso de las vías públicas, dificultando la circulación y provocando accidentes a veces.
Cualquier desempleado o empleado, dominicano o extranjero, con acceso a un automóvil, puede incursionar en el transporte de pasajeros, “taxiando” sin mayores requerimientos ni la menor supervisión para hacer más largo el catálogo de dificultades a superar para sobrevivir al caótico tema del tránsito.
Mediante el Decreto 263-16, el Presidente Danilo Medina creó en agosto pasado la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial (COSEVIAL), con el objetivo de reducir las lesiones y muertes ocasionadas por el tránsito, especialmente en vehículos de motor.
La Mesa Técnica del organismo ha decidido iniciar un proceso de consulta pública para conocer las inquietudes y propuestas de los actores gubernamentales, municipales y privados en relación al Plan de Acción Nacional para la Seguridad Vial que elabora en procura de resolver el problema.
Como ha sido habitual en los gobiernos del PLD, se consulta a todos los ciudadanos e instituciones, para escucharles y tomar en cuenta sus opiniones ante los cruciales desafíos.
La composición multidisciplinaria del equipo inicial, aun con algunas importantes omisiones, evidencia la complejidad y las implicaciones del problema, al punto de que muchos no especializados en la problemática, confunden los términos y sus alcances.
Es el tipo de iniciativa sugerida por el experto Mario Holguín en varios de sus entregas en Vanguardia del Pueblo para que las acciones sean fruto del consenso, y todos participen en su aplicación.
El Ministro de Obras Públicas preside la instancia, integrada además por los ministros de Salud Pública y Asistencia Social; de Educación, e Interior y Policía, así como por el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), en representación de la Policía Nacional.
También, forman parte, la Procuraduría General de la República, Tránsito Terrestre, Impuestos Internos; Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, a las que se han integrado además el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Defensa Civil, Comité de Operaciones de Emergencias (COE), Organización Panamericana de la Salud y Seguros Banreservas.
Los canales de contacto página web, www.mopc.gob.do, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o directamente en su sede de la calle Héctor Homero Hernández esquina Horacio Blanco Fombona, Ensanche La Fe, Santo Domingo, D.N., con atención a la Mesa Técnica de Trabajo de la COSEVIAL.
Auguramos una entusiasta participación de todos los sectores concernidos, de alguna manera, todo el país. Y, sobre todo, que en ningún momento decaiga el interés de nuestras autoridades nacionales para que podamos conformar un efectivo Sistema se Seguridad Vial con los atributos imprescindibles para su sostenibilidad en el tiempo, salvando vidas permanentemente.
