Opinión

Si la principal razón de lo que existe, es seguir existiendo; la principal razón de vivir, es seguir viviendo.

De ahí que, por seguir viviendo, el ser humano es capaz de hacer todo lo que le quede a su alcance, aunque deba pagar en buena lid; con el agravante de que en ocasiones, ni pagando lo que hay que pagar, logra ese objetivo, si le roban el derecho a sobrevivir por el que ha pagado.

En la semana recién finalizada fuimos testigos de la denuncia que formulara durante dos ruedas de prensa, la titular de la Dirección de Información y Defensa a los Afiliados de la Seguridad Social, DIDA, Nélsida Marmolejos.

Las ARS que integran la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de la Salud, ADARS (dijo la funcionaria) amenazan e intiman a la DIDA mediante acto de alguacil, para que no defienda a los afiliados a la Seguridad Social que puedan ser beneficiados por la resolución 375-02 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS.

La ecuación es simple: La Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, entre otros organismos también crea al CNSS y a la DIDA, con funciones tan claras que están definidas en su mismo nombre: Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social.

Sin embargo, las ARS que reciben el dinero aportado por los propios trabajadores, y por los empleadores, para responder en los requerimientos de atenciones médicas cuando esos afiliados están afectado por alguna enfermedad; a la hora de asumir su responsabilidad, se niegan a cumplir si se trata de una enfermedad denominada “catastrófica”.

Cuando de eso se trata, no les cubren frente a los prestadores de servicio previamente contratados, si resulta muy cara la atención al paciente. Es ahí donde entra la resolución del CNSS que ha debido ser ratificada en procura de que las ARS cumplan sus compromisos, pero todo ha sido infructuoso.

Los pacientes reclaman atenciones médicas y entonces les dicen que sus casos no son cubiertos por las ARS, corren a la DIDA en busca de ayuda y de orientación sobre qué deben hacer para lograr se les atienda, porque para eso les han cobrado mes tras mes, en un descuento a sus salarios.

En el cumplimiento de su deber, la DIDA se ocupa de orientar al paciente que le solicita, cuáles son sus prerrogativas, y sobre cuáles bases las puede reclamar, lo que no les gusta a las ARS.

Eso se observa como un incumplimiento de responsabilidad que se traduce en robo, sólo que no es un simple robo, es el derecho a vivir lo que les están robando a esos afiliados a la Seguridad Social, cuando les niegan el servicio medico que necesitan.

En la segunda rueda de prensa de la DIDA, se presentaron documentos que evidencian que al menos 16 personas han muerto en los últimos meses, porque sus respectivas Administradoras de Riesgos de la Salud se negaron a cubrir los servicios médicos que requerían.

La excusa de que son enfermedades de alto costo no es aceptada. El gobierno, a través de la ARS que actúa como organismo descentralizado, hace cada año una aportación millonaria para atender a esos pacientes, mientras las afiliadas a la ADARS les niegan el servicio.

Las denuncias de la DIDA no deben quedar sólo en los medios de comunicación. Es de urgencia investigar en cuáles de los casos denunciados se registran los elementos constitutivos del delito, por acción o por omisión. Pero el ilícito penal, no puede quedar impune.