Tres municipios y el Distrito Nacional componen el Gran Santo Domingo que sirve de albergue a más de tres millones de personas de todas las clases sociales.
Ricos, clase media y pobres, se disputan los espacios públicos que algunos de ellos usufructúan como si se tratara de su propiedad particular.
Solares baldíos, aceras y contenes, calles y avenidas, parques y áreas verdes, no importa; lo mismo pueden ser ocupados por transportistas para sus terminales de autobuses, de moto-conchos o taxistas, igual que por las tiendas, buhoneros o vendedores ambulantes que operan negocios calificados como micro, pequeñas y mediadas empresas.
Los ayuntamientos han tenido que librar grandes batallas para regularizar los espacios públicos, con algunos éxitos, pero con mayores fracasos.
Esto así, por la complejidad del espectro de los casos, que involucran a personas carenciadas o a sectores de poder económico; son gente de todas las clases sociales, procedentes de todas partes del país, y hasta extranjeros, los que se adueñas de las áreas verdes, las aceras, los pasos peatonales y las mismas calles.
En la actualidad el Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Norte mantiene una campaña para concienciar sobre la situación, según explicaron José Luis Canela y Nelson Fulcar, funcionarios que del organismo edilicio, a reporteros de VANGUARDIA DEL PUEBLO.
De ahí que en los últimos días se han realizado operativos para retirar tarantines y todo cuanto obstaculiza el libre tránsito por las aceras de sus principales avenidas y lugares como las estaciones del Metro de Santo Domingo, entre otros.
Sobre las quejas de las Juntas de Vecinos por la falta en sus calles de alumbrado, asfaltado, aceras y contenes, y porque el alcalde Francisco Fernández no cumple con el Presupuesto Participativo establecido en la Ley 170-07, los funcionarios edilicios respondieron a coro: “Eso es mentira”.
“Esta gestión municipal está ordenando el municipio, y se ha hecho un gran trabajo en el alumbrado de los puentes, que todos estaban oscuros”, explicó Fulcar, para de inmediato agregar que se han asfaltado las calles de muchos barrios en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, además de que se han intervenido la mayoría de las cañadas.
Aunque dirigentes comunitarios sostienen lo contrario, Fulcar aseguró que en 3 años se han construido 232 obras del Presupuesto Participativo, dando respuestas a las peticiones de unas 600 juntas de Vecinos que activan en 375 barrios que tiene el municipio.
Este jueves 28 de Marzo, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento celebró su tercer Cabildo Abierto de la presente gestión municipal, en la que aprobó un la asignación de 50 millones de pesos para la construcción de 62 obras del Presupuesto Participativo durante el año que transcurre.
En el Cabildo Abierto interactúan los regidores y el alcalde del lugar, conjuntamente con delegados de las juntas de vecinos.
Según dijeron Fulcar y Canela, el Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Norte está en segundo lugar en materia de cumplimiento del Presupuesto Participativo. En primer lugar está el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, cuyo alcalde es Juan de los Santos.
También niegan que la administración del síndico Fernández se haya dedicado a descabezar las juntas de vecinos que no les favorecen, y dijeron que “todas son nosotros”.
El Gran Santo Domingo, con características de una gran metrópolis, sigue reacomodándose a la modernidad que hoy impone el metro en el transporte masivo de pasajeros, dejando olvidadas las legendarias “Guaguas” en las que se recorría la ciudad por centavos.
No obstante todavía perduran los desagradables cúmulos de basura en vertederos improvisados, y la incultura de munícipes que arrojan los desperdicios en cualquier parte, sin temor a sufrir ningún tipo de sanciones.
Las autoridades, en el Congreso, los Ayuntamientos y otras instancias, siguen la búsqueda de leyes que puedan normar el comportamiento público para que la ciudad marche acorde con el desarrollo que va vistiendo.
En función a lo que reclaman los núcleos organizados de la población, es obvio que se aspira a vivir en un Estado de derecho, y que las autoridades puedan garantizar una higiénica y ordenada convivencia.
Se reclama el respeto a los espacios de uso común, sin lesionar en ningún sentido los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos.-
