Hablan los hechos

Las áreas protegidas: ni prohibidas, ni improvisadas

Deben ser para uso sostenible y declaradas por interés de conservación.

El concepto de áreas naturales y culturales protegidas data de muchos siglos atrás. Se tiene información de que antiguas civilizaciones, que por motivos diferentes, solían prohibir a sus habitantes penetrar a algunas zonas que eran dedicadas, por quienes gobernaban, a la adoración de dioses, sacrificios, protección de tesoros o sepulcros de sus autoridades ya fallecidas, de esta forma resguardaban esos espacios de la intervención de sus poblaciones ordinarias y generaban un respeto por esos llamados territorios sagrados; tal es el caso de un territorio protegido por la dinastía Ham, en China en el siglo II antes de Cristo, debido a que esta hermosa zona de grandes bosques reflejaba para ellos sus creencias religiosas.

Con el devenir de los tiempos y la adquisición de conocimientos, las áreas protegidas se han valorado como una necesidad, ya que se sabe que proteger un territorio de alto valor natural o cultural es proteger a los seres vivos y en especial a los seres humanos. Esto ha hecho que en la actualidad el mundo cuente con aproximadamente unas 100,000 áreas protegidas de diferentes categorías y que las mismas cubran alrededor del 15 % de la superficie de la tierra, entre áreas terrestres y marinas.

En la República Dominicana la práctica de protección de territorios se inició en el año 1933, con la declaración por ley del Parque Nacional las Matas, hasta la más reciente incorporación realizada por el gobierno del presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 571-9, que incluye 37 nuevos territorios al sistema de áreas protegidas (SINAP), asegurando un total del 26% del territorio del país, para la conservación del patrimonio natural y cultural a las futuras generaciones.

La protección de territorios debe hacerse apegada a la observación científica, que nos dice los valores biológicos y culturales de un lugar y con miras a beneficiar a la colectividad, jamás con el fin de generar un beneficio particular o de impedir que alguien pueda llevar a cabo alguna actividad productiva, ya que de ser así se perdería el espíritu de conservación que se persigue con la protección de alguna zona en específico.

Una de los cosas que se debe tener en cuenta a la hora de declarar un área protegida es el de poder generar riquezas de forma sostenible, sobre todo a los moradores de las cercanías, para que de esta forma podamos mostrar al ciudadano que la conservación puede ser una fuente de generación de recursos, para que a su vez estos beneficiarios se conviertan en los principales defensores de los recursos naturales.

En el mundo toma cada vez más fuerza el término “turismo de áreas protegidas” que no es lo mismo que decir ”turismo en áreas protegidas” ya que el primero se refiere a un turista con una alta sensibilidad ambiental, conocedor de las normas de comportamiento en las áreas protegidas y de mayor valor añadido que el turista común.

Aprovechar el nicho de “turismo de áreas protegidas” debe ser un reto para nuestro país, ya que el desarrollo de esta rama del turismo implicará mayor diversificación de nuestra oferta, posibilidad de generar capacidades locales a los moradores de cercanía a las áreas protegidas, mayor conciencia de las poblaciones, posibilidad de capacitación y una protección mas efectiva de los recursos naturales, ya que los mismos ciudadanos al ver que estas áreas le generan riquezas, defenderán y conservarán ese patrimonio de la nación como un bien particular.

A partir de la modificación constitucional del año 2010 la República Dominicana contempló asegurar las áreas protegidas de su territorio, dictando en su artículo 16 lo siguiente: “constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional.” Este mandato constitucional implica una mayor dimensión, en lo referente a la conservación, pero a su vez una gran responsabilidad a la hora de declarar como protegido un territorio, ya que una vez hecho requerirá de un gran consenso en el poder legislativo de la nación.

En la actualidad el 26% el territorio de nuestro país está bajo la protección de la ley sectorial 202-04 de áreas protegidas, lo que nos coloca muy por encima del promedio mundial que ronda el 15% y más aún, por encima de lo establecido en el quinto congreso mundial de parque del 2003, que situaba en 11.5% las áreas protegidas de la superficie mundial.

Es por las razones antes expuestas que decimos que a la hora de declarar un área protegida deberá hacerse en función de un criterio científico, capaz de determinar que dicho territorio posee los atributos necesarios para su conservación y, no en función de la simple percepción, de moda verde que hace que algunos luzcan conservacionistas, para beneficiar o perjudicar a particulares o grupos económicos, por imposición mediática o en base al desconocimiento de lo que se está haciendo.

La racionalidad debe de primar a la hora de colocar un territorio en condición de protección especial y la gran tarea que tenemos por delante los Dominicanos, es llevar a cabo un plan que nos permita conservar de manera eficiente las áreas protegidas que poseemos y que a su vez sea capaz de articular acciones de aprovechamiento sostenible, de inclusión de los ciudadanos y que nos haga ver que ese patrimonio natural y cultural no es prohibido y mucho menos fruto de la improvisación.

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