Después de 50 años de existencia de la crisis eléctrica en el país, es lo más natural que los dos grandes sectores que componen la sociedad dominicana, el público y el privado, se pongan de acuerdo para superar el más preocupante escollo para salir del atraso económico y social.
Ya lo ha hecho consignar la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando dispone un Pacto Eléctrico entre los sectores público y privado.
Cada uno de estos dos grandes sectores también hicieron conciencia de la necesidad del Pacto Eléctrico, pero cada uno defendiendo su particular visión de los intereses representados, pues debe recordarse que si bien coinciden en procurar un mismo destino, marchan en paralelo y por caminos diferentes para conseguirlo.
El más reciente pacto entre los dos sectores para afrontar la añeja crisis del subsector eléctrico, se materializó en la hoy vigente Ley Eléctrica, por medio de la cual el sector público desmontó el monopolio que tenía de toda la industria (generación, transmisión, distribución y comercialización), completando el marco legal prometido por la Ley de Capitalización de Empresas Públicas, dando paso a la integración del sector privado.
A 15 años de esta valiente decisión concretada por el primer gobierno peledeísta como única respuesta a la vista al cerco que representó la negativa de crédito al Estado Dominicano por parte de organismos multilaterales y naciones que son sus principales socios comerciales, se pueden observar luces y sombras en el firmamento eléctrico.
La atracción de más de US$2,000 millones de inversión extranjera y local, que se sigue acrecentando, vino acompañada de capacidad gerencial necesaria para materializar la introducción del gas natural y el carbón mineral, dos energéticos tenidos a menos por el Estado, reduciendo de un 85 a un 45 por ciento la dependencia de petróleo y derivados.
Luces también son atribuibles al Estado que ha invertido enormes recursos, tantos como el sector privado, en nuevas hidroeléctricas, en líneas de transmisión (autopista eléctrica a 345kv y anillos subregionales que multiplican por dos y tres veces la capacidad de las viejas líneas, acompañadas de numerosas subestaciones de última generación) y en la modernización de las líneas de distribución y en las estructuras de comercialización, que también han ampliado el listado de clientes y extendido en forma notable, aunque nosuficiente, la facturación y cobros.
De no haber sido por el malhadado “acuerdo de Madrid”, una verdadera contrareforma aplicada por el gobierno perredeísta (2000-2004), los contratos de compra-venta de energía entre generadores privados y distribuidores se estuvieran negociando cada cuatro años, en el ambiente de competencia que la propia Ley Eléctrica previó, con un mercado spot de energía que sirviera de indicador de precios.
Ideado para favorecer graciosamente a los generadores, el Acuerdo de Madrid distorsionó todo el mercado, tanto, que en estos últimos 15 años sólo ganan, año tras año, los generadores, acumulando enormes fortunas.
El Pacto Eléctrico, por tanto, debe poner fin a esta iniquidad, estableciendo también un Plan de Expansión de generación, transmisión y distribución que sea Ley para todos, y dejando que el nuevo Ministerio de Energía y Minas se establezca como el verdadero regulador que nunca ha existido.
