La tasa de mortalidad en la República Dominicana continúa muy elevada, al estimarse en 40.75 muertes por cada cien mil habitantes a finales de 2013, ligeramente más baja que en 2010, cuando la OMS la situaba en 41.7 fallecidos por cada 100,000 pobladores.
El Ing. Mario Holguín entiende que la situación amerita declarar la seguridad vial en estado de emergencia, en una decisión política que debería acompañarse de medidas administrativas para su aplicación inmediata.
Holguín destaca que estas acciones deben resultar de un proceso de concienciación social que culmine en iniciativas legislativas, jurídicamente soportadas y consensuadas.
“La nueva ley deberá ser aplicable, transparente, justa, equitativa y flexible en el tiempo de acuerdo a los cambios sociales y a las tecnologías”, apunta.
El experto aclara que para lograr seguridad vial sostenible en la República Dominicana, hace falta crear tres plataformas: una jurídica, otra financiera y la tercera tecnológica, todas sobre la base de un nuevo recurso humano especializado.
La inseguridad en la circulación en nuestro sistema viario nacional está arrojando resultados catastróficos para la economía nacional valorado cada siniestro en 67 veces el PIB per cápita del país, sin evaluar los daños al medio ambiente y efectos colaterales en la salud de comunidades y en los familiares de las víctimas directas, recuerda Holguín, quien encabezó junto a otros especialistas el segundo FORO GLOBAL PARA LA SEGURIDAD VIARIA celebrado en un hotel de Santo Domingo.
Durante el cónclave se presentó una investigación del Ing. Holguín, sobre los “Indicadores Catastróficos 2013”, en donde se calcula, analizan e interpretan las variables de siniestralidad en las vías públicas.
Por primera vez se manifiesta la incidencia en los siniestros viales de sectores no tradicionales como son: las autoridades oficiales y los extranjeros.
En el primer caso, se registran 25 víctimas militares y policiales por mes, entre el 2011 y el 2013. Mientras que 1219 víctimas en igual período, fueron notificadas como extranjeros, donde el 71% son haitianos.
En el estudio se toman en cuenta las muertes ocurridas hasta 30 días después de siniestros de tránsito, lo que permite determinar que en el país se producen cerca de 3,845 defunciones por año debido a esta causa.
También se llama la atención sobre el comportamiento de la tasa de morbilidad, un indicador relacionado a los lesionados, ya que tuvo una variación de 117% con respecto al año 2012.
En otro sentido, el ingeniero Holguín indico que si una fuente de financiamiento para la seguridad vial son las multas a los infractores de la ley de tránsito, nuevos mecanismos deberán implementarse para que del 76% al 80% de los cobros no se pierdan o se dejen de percibir; en especial cuando el 54% de las principales contravenciones entre 2011 y 2013 son violaciones a lo que en la nueva ley serían “delitos contra la seguridad vial”.
Finalmente, el Ing. Holguín enfatizó, que será necesario incorporar la seguridad vial como eje transversal en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que estamos estrenando, o de lo contrario todo esfuerzo y recurso que se disponga resultará en vano frente a la necesidad de producir un sostenido descrecimiento de la mortalidad y morbilidad por siniestros de tránsito.
