Opinión

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas, en su vertiente de evaluación o balance de resultados es un concepto que se presenta como una de las expresiones más significativas de la democracia.

La Constitución dominicana fortalece la rendición de cuentas del servidor público en distintos niveles del Estado.

En este sentido, los artículos 77.4, 91, 92, 114, 116, 121 y 151 establecen el deber de rendir cuentas a los presidentes de las cámaras legislativas ante sus respectivos plenos; a los legisladores ante sus representados; al Defensor del Pueblo ante el Congreso Nacional; al Presidente de la República ante el Congreso Nacional, y a los jueces y funcionarios del Poder Judicial.

En el caso de senadores y diputados, el Art. 92 de la Constitución establece “Los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”.

Quienes ejercen funciones representativas dentro del Estado tienen el deber y la obligación de presentar cada año, ante aquellos que representan, un informe sobre las gestiones que realizan en el desempeño de sus funciones.

De igual forma, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, en su artículo 60, le atribuye en el numeral 19, “Desarrollar la gestión económica municipal conforme al presupuesto municipal aprobado, al ciclo de gestión del mismo y rendir cuentas al concejo municipal de las operaciones efectuadas”.

En el mismo orden, la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, consigna como primer Eje, la necesidad de trabajar por “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.

Para alcanzar este propósito, la END en su primer Objetivo General, plantea precisamente lograr una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”. Esto se logra con una rendición de cuentas efectiva que permita que la sociedad esté mejor informada, lo que se traduce en un ejercicio responsable de los deberes ciudadanos y la consolidación de la confianza en las instituciones del Estado.

En mi labor como legislador, representante de la provincia San Juan, he sometido varias iniciativas, aprobadas, promulgadas y en proceso, que contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho y además, orientadas a crear las condiciones para el desarrollo sostenible del país en el mediano y largo plazo.

Dentro de las iniciativas promulgadas están la Ley No. 5-13, Ley orgánica sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Esta Ley surgió de la necesidad de dotar a República Dominicana de un nuevo marco normativo que hiciera mucho más efectiva la protección de las personas con discapacidad. Su fundamento legal cuenta con la protección del texto constitucional que en su Art. 58 establece: “El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”.

Así mismo, la Ley No. 172-13, ley Orgánica Sobre Protección de Datos de Carácter Personal, cuya finalidad es garantizar la protección de los datos de carácter personal registrados en archivos, bancos de datos o cualquier otro medio de almacenamiento, para que no sean objeto de un uso indiscriminado ni contrario a los principios establecidos por la Constitución dominicana. La ley permite la protección del derecho a la intimidad de las personas en una sociedad de la información y el conocimiento, donde las informaciones se encuentran a un clic de distancia.

De igual manera, la Ley No. 208-14 Mediante El Cual Se Crea El Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell”, que ha creado un marco institucional idóneo para satisfacer las necesidades de las instituciones del Estado y del sector privado, con relación a los datos geoespaciales necesarios para una adecuada planificación del desarrollo de la nación en distintas áreas.

Otras iniciativas de gran impacto social en carpeta a ser presentadas en la próxima legislatura son:

Proyecto de ley orgánica sobre expropiación de bienes inmuebles por declaratoria de utilidad pública o interés social de la República Dominicana, la cual persigue salvaguardar el derecho de las personas a la propiedad, constitucionalmente reconocido en el artículo 51 de la Carta Magna; Proyecto de ley orgánica para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, que busca establecer y regular las políticas públicas sobre violencia contra las mujeres en razón de su género de manera integral desde los distintos aspectos de la problemática, y propone la tipificación y penalización del Feminicidio dentro del ordenamiento jurídico dominicano; Proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social. Esta iniciativa persigue regular los derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social que consagra la Constitución de la República; Proyecto de ley de estímulo a la inversión, desarrollo e innovación tecnológicas, cuyo propósito es fomentar la inversión en procesos y actividades tecnológicas e innovadoras en el país.; Proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en república dominicana; Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima; Proyecto de ley que crea en Instituto Dominicano de Leguminosas; Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición; Proyecto de Ley que crea en Fondo Solidario para a Atención en Salud; Proyecto de Ley de regula la Iniciativa Legislativa Popular; Proyecto de ley que regula el Sistema Estadístico Nacional; Proyecto de ley sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras públicas; y proyecto de leyes que crea el Colegio de Administradores Dominicanos, el Fondo para el Desarrollo e Innovación del Emprendimiento, y la creación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la provincia San Juan, entre otros.

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