Opinión

Cada día surgen nuevas situaciones en el Continente Americano que ponen al desnudo el fracaso de las políticas de prevención y persecución del grave problema de tráfico y consumo de sustancias sicotrópicas en nuestras poblaciones.

A guisa de ejemplo podemos referir lo que sucede con un segmento significativo de jóvenes estudiantes de centros escolares públicos y privados que consumen drogas ilícitas. El presidente del Consejo Nacional de Drogas, doctor Fidias Aristy, dijo a una comisión de senadores que más de 200 mil estudiantes, cuyas edades oscilan entre 13 y 19 años, abrazaron el consumo de estupefacientes. El 3 por ciento de los jóvenes adictos supera los 20 años de edad.

Ese dato es la mejor evidencia del desenfoque de las políticas represivas impulsadas por los Estados de la región para intentar contener el crecimiento geométrico del tráfico, distribución y consumo de drogas.

Los Estados del Hemisferio Americano han sido incapaces de dar respuestas eficaces al problema de las drogas, a pesar de que los líderes de la región llevan más de 50 años organizando debates, conferencias, convenciones y aprobando resoluciones cuyos jugosos contenidos son repetitivos porque machacan miradas desenfocadas.

Las estrategias desarrolladas para hacerle frente al problema de las drogas han dejado un montón de cadáveres, cárceles sobrepobladas, nuevas modalidades de crímenes y delitos, corrupción de cuerpos de seguridad, justicia, ministerio público, políticos, así como el fortalecimiento del crimen organizado.

La Organización de Estados Americanos firmó en 1961 la Convención Unica sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

En la 46 Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada esta semana en la ciudad de Guatemala, la organización hemisférica reconoció que pese a los esfuerzos de los Estados para abordar el problema mundial de las drogas, la dimensión del problema es considerablemente mayor a lo que hace una década.

Está convencida de que los Estados deben hacer un esfuerzo para buscar soluciones efectivas y alcanzar mejores resultados en torno a los desafíos que han surgido en los últimos años.

Como parte de las políticas integrales propone reconocer la necesidad de la rehabilitación y de la reintegración social y laboral de las personas afectadas por el uso indebido de drogas a fin de evitar su marginalización, estigmatización y discriminación.

Además, la OEA reconoce la necesidad de atender las consecuencias sociales, tales como, la delincuencia y la violencia, y que la ruptura de los lazos sociales y la desintegración familiar obstaculizan que las personas desarrollen su proyecto de vida, con capacidad y reinserción laboral.

En la Cumbre de las Américas de Cartagena, celebrada en 2012 en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, anfitrión, se puso a la cabeza de un grupo de mandatarios que gestionó sin éxito colocar en agenda el problema del tráfico y consumo de drogas.

Los gobernantes tenían la intención de llevar al ánimo de los participantes de ese cónclave internacional la necesidad de despenalizar el consumo de drogas ilícitas y endurecer las penas para el tráfico y comercialización de esas sustancias sicotrópicas. En la práctica, estaban proponiendo revisar los enfoques tradicionales y considerar el desarrollo de nuevas miradas.

Mientras los organismos internacionales consumen largas horas meditando, reflexionando, pensando y resolutando, hay países que están cambiando su legislación nacional para dar respuesta al problema de las drogas. Uruguay y varios estados norteamericanos decidieron regular el consumo de la marihuana.

Sin lugar a ningún resquicio de dudas puedo afirmar que la decisiva influencia política, social, económica y cultural de Estados Unidos en el Continente Americano será determinante para que en el resto de la región crezca de más en más una corriente de opinión que pretenda regular el consumo de drogas, como mecanismo eficaz para reducir las elevadas tasas de violencia y criminalidad en nuestras sociedades.