El Consejo de Desarrollo conoció y aprobó el pasado viernes el proyecto de Presupuesto de la nación. La caracterización principal de este presupuesto es que está diseñado de acuerdo a las posibilidades financieras del Estado y orientado a mantener la estabilidad macroeconómica. Con un incremento modesto, de un 2,9% respecto al presupuesto de este año, el mismo será de unos RD$ 631.000 millones. El gasto público representará en su totalidad de 17,5% del PIB, reflejando la debilidad estructural de la estructura tributaria del Estado y las limitaciones que esta debilidad impone a las políticas de desarrollo.
Aún así, el gasto en educación supera el 4% del PIB, para un incremento de 10.000 millones de pesos; que si se suma al gasto en Educación Superior, ascendente a unos 11.000 millones, lleva el gasto público en educación básica, superior y ciencia, a más del 4,4% del PIB. En un panorama donde el Estado apenas capta el 14% del PIB en ingresos fiscales, es una clara apuesta por el desarrollo a través de la educación en todos sus niveles. Evidentemente, que lo ideal sería un presupuesto aún más elevado, pero para mantener la estabilidad macroeconómica es necesario ajustar los ingresos a las prioridades y al desarrollo, en primer lugar la educación.
Otro rasgo importantísimo en este presupuesto de 2015 es la partida de más de 139.000 millones de pesos que será dedicada al aumento de salarios de los servidores públicos a todos los niveles. En un país donde el 85% de los servidores públicos apenas devengan sueldos de 5.700 pesos (equivalente a 132 dólares) esta es una medida necesaria y justa. Igualmente, como se ha hecho en algunas instituciones del Estado, este aumento de salarios será acompañado con una racionalización de los empleos, particularmente en aquellas instituciones que tienen nominas supernumerarias y en algunos casos salarios que no se justifican.
Educación, Salud Pública, Gabinete Social e incremento de los salarios de los servidores públicos son los cuatro componentes más importantes de este presupuesto. Sin embargo persisten cargas que son muy pesadas para el presupuesto. Por ejemplo las proyectadas transferencias al sector eléctrico, de unos RD$ 41.000 millones, lo cual podría incluso ser insuficiente dada la estructura de precios de generación sobredimensionadas por contratos y acuerdos espurios, y la todavía ineficiente distribución y comercialización de la energía eléctrica. Mas generación de bajo costo a base de carbón y gas natural; terminación en el tiempo de los contratos del nefasto Acuerdo de Madrid y los llamados PPA y la eficientización que debe experimentar la distribución, son una prioridad para reducir a su mínima expresión este dispendio de recursos preciosos y escasos del Presupuesto del Estado.
Muchas otras partidas quedan congeladas o reducidas levemente, para no introducir elementos de desequilibrio en el Presupuesto. Entidades como el Congreso Nacional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, el ministerio de Economía, la Junta Central Electoral, segmentos del Poder Judicial, entre otros, no presentan aumentos, pero si congelamientos o pequeña reducciones. En la vida hay que tener prioridades y en el caso de la gestión de los recursos escasos esto tiene una manifestación a ese nivel.
Como manifestó el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, “es un presupuesto que da prioridad a invertir en nuestra gente. Al mismo tiempo que es un presupuesto responsable, que busca dar sostenibilidad a las finanzas públicas en torno a un proyecto de país a medio y largo plazo”.
El ministro de Hacienda dijo “que se trata de un presupuesto racional con las limitaciones de las circunstancias porque las necesidades financieras presupuestarias, serían de alrededor del 24% del PIB y los ingresos son de sólo el 14%, o sea, que hay una diferencia de 10% y la autorización [de déficit] es de 2.4%”. “Estamos trabajando en una política para que las cuentas fiscales se consoliden, para racionalizar el gasto y, por lo tanto, tenemos limitaciones”, dijo.
Esta dramática realidad puesta de manifestó por el ministro Lizardo, no retrotrae a la problemática fiscal del Estado dominicano. Un Estado pobre, que apenas capta el 14% del PIB, cuando la media regional es de 21%, debe plantearse una reforma integral, que ajuste gasto e ingreso, que grave de forma progresiva la riqueza y devuelva a la sociedad y a los más pobres, bienes y servicios para el desarrollo y el bienestar global de la sociedad. Un país que demanda un gasto de 24% del PIB y apenas cuenta con ingresos de 14% debemos enfrentar al unísono y con determinación el fortalecimiento fiscal del Estado.
Fortalecimiento que no quiere decir aumento de impuestos generalizados, como los planteamientos neoliberales quieren hacer entender. El fortalecimiento fiscal del Estado debe bajar la carga fiscal a los cuatro quintiles más bajos en la escala de ingresos, y transformar el sistema fiscal dominicano en un sistema fiscal PROGRESIVO, que permita en un plazo razonable de tiempo llevar los ingresos fiscales por lo menos al 20%, gravando donde debe gravarse.
El mismo día que se presentó el proyecto de Presupuesto en el Consejo de Desarrollo en Santo Domingo, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estaba promulgando una reforma integral aprobada en Chile, que le permitirá llevar los ingresos fiscales a 3% más en 3 años, y llevar el total de ingresos fiscales de Chile a 24% de su PIB. «Este es un día histórico, porque la reforma tributaria que estamos promulgando hoy es un instrumento poderoso que dará a Chile más y mejores oportunidades de desarrollo, con inclusión», aseguró Bachelet.
La reforma contempla un aumento de impuestos para las empresas y una reducción de la tasa gravable para las personas físicas, además de impuestos para el cuidado del medio ambiente y mecanismos de lucha contra la evasión.
Habrá impuestos adicionales a alcoholes, bebidas azucaradas y emisiones contaminantes de vehículos, entre otras nuevas tasas. En total, se aumentará la carga tributaria en tres puntos del Producto Interior Bruto para poner en las arcas del Estado unos US$8.300 millones de aquí a 2018.
En todo caso, el Presupuesto dominicano, presentado por el ministro de Hacienda y aprobado por el Presidente de la República es un presupuesto que asegura la estabilidad macroeconómica, aumenta recursos en la senda del desarrollo social como prioridad, consolida la política educativa y mejora sustancialmente los salarios de los servidores públicos. El país está en buenas manos en términos fiscales y económicos. No es cierto que la deuda sea una carga inviable, ya que el servicio financiero apenas conlleva RD$ 101.000 millones y los ingresos externos representan una proyección de RD$ 175.000 lo da un flujo neto positivo al Tesoro Nacional.
