Ydalia Acevedo
La Convención para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe fue firmada por 16 Estados de la región, el 23 de marzo del 1983, en Cartagena de Indias, Colombia, por lo que se le conoce también como Convenio de Cartagena. Este Acuerdo Ambiental Regional entró en vigor el 11 de octubre de 1986, siendo aprobado por nuestro país el 24 de noviembre 1998, mediante la Resolución 359-98. Tal como expresa su nombre tiene como propósito la protección y el desarrollo del medio marino del Gran Caribe..
A través de este Convenio los Estados y Territorios de la región se obligan a adoptar de manera individual o de manera conjunta, todas las medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación y asegurar la ordenación del medio marino en la zona de aplicación, que incluye Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas adyacentes del Océano Atlántico.
La región del Gran Caribe, recibe la influencia de los sistemas fluviales más grandes del mundo (ríos Mississippi, Orinoco y Amazonas) y está expuesta a impactos de eventos naturales importantes como los huracanes y tormentas. La región se caracteriza por presentar una gran fragmentación geográfica, con grandes diferencias económicas y de desarrollo entre sus Estados y Territorios, los cuales en su mayoría dependen en gran medida del turismo. Su población es de unos 300 millones de personas, la mitad de las cuales reside en las proximidades de las costas. Cuenta con la segunda barrera arrecifal más grande del mundo y recibe el 60% del turismo de buceo a nivel mundial.
El Convenio de Cartagena se refiere a la contaminación causada por descargas desde buques; por vertimientos de desechos y otras materias en el mar desde aeronaves y estructuras artificiales; la contaminación procedente de fuentes terrestres por desechos en las zonas costeras o descargas de ríos, estuarios, instalaciones de desagüe, o cualquier fuente en territorio; la resultante directa o indirecta de la exploración y explotación de los fondos marinos y de su subsuelo y la resultante de descargas en la atmósfera como consecuencia de actividades.
El Convenio tiene tres Protocolos: el primero Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe; el segundo Relativo a las Áreas y Especies de Flora y Fauna Especialmente Protegidas en la Región del Gran Caribe, los cuales fueron aprobados por el país al momento de la aprobación del Convenio el 24 de noviembre 1998, durante el primer gobierno del PLD. El tercer Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres, mejor conocido como LBS, por sus siglas en inglés (Land Base Source), fue elaborado en el 1999, firmado el 3 de agosto del 2000 y ratificado por nuestro país mediante resolución 159-12 del Congreso Nacional, acogiendo la Sentencia No. 36 de la Suprema Corte de Justicia de fecha 30 de marzo 2011.
República Dominicana es el undécimo país en ratificar este Protocolo, que es el único regional para la prevención, reducción y control de la contaminación marina proveniente de fuentes y actividades terrestres, en un área que ha sido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2009, como especial dentro del contexto del desarrollo sostenible.
El Protocolo LBS, establece cuáles son las fuentes y actividades terrestres prioritarias que afectan el Gran Ecosistema Marino del Caribe y destaca entre ellas basura y materiales que floten, fluyan o permanezcan en suspensión o se asienten en los fondos marinos y que afecten la vida marina y otros usos legítimos del mar, las aguas residuales domésticas e industriales, sedimentos, agroquímicos, actividades pecuarias intensivas, procesadoras de alimentos, industrias químicas, extractivas y mineras, refinerías de petróleo, ingenios y destilerías de licores y bebidas.
Como contaminantes principales, el Protocolo LBS establece, sustancias radioactivas, compuestos organofosforados, metales pesados, petróleo crudo e hidrocarburos, aceites lubricantes usados, cianuro y fluoruros, compuestos de nitrógeno y fósforo, materiales sintéticos persistentes y agentes patógenos.
Con la ratificación del Protocolo LBS, el Estado dominicano se compromete a tomar las medidas que procedan para prevenir, reducir y controlar la contaminación en el litoral nacional del Mar Caribe; a mejorar las políticas y leyes nacionales en el tema, así como a fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las disposiciones legales; a evaluar y monitorear las fuentes y los impactos de la contaminación; y a establecer programas para su prevención y reducción y a sensibilizar a la sociedad sobre los impactos que produce la contaminación en el medio marino.
El Protocolo LBS nos compromete como Estado a desarrollar e implementar el Programa y el Plan de Acción Nacional con plazos definidos para el cumplimiento de los límites, prácticas y medidas acordadas con los demás Estados, a manejar de manera integral las áreas costeras y a mantener un monitoreo y evaluación continua.
La ratificación del protocolo LBS, representa un paso de avance en el abordaje de la contaminación marina y una demostración de apoyo de las administraciones peledeistas al medio ambiente y los recursos naturales, como patrimonio común de la nación y elementos esenciales para el desarrollo sostenible del país y el compromiso con la protección y mejor gestión de los recursos del mar.
Nuestro país ha iniciado las actividades de cumplimiento para la aplicación del Protocolo LBS y de manera consensuada con las instancias competentes ha elaborado el Plan de Acción Nacional a implementar en los próximos cinco años.
