Con la instalación como presidente, por primera vez en la historia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de un representante del sector servicios, el conocido desarrollador hotelero Rafael Blanco Canto, es de esperarse que en este 2015 se introduzca un cambio sustancial en el discurso y en la forma de interpretar el desarrollo económico y social del país en los últimos 50 años.
La decisión adoptada por el sector manufacturero, que lidera la entidad desde su surgimiento a la muerte del dictador Rafael Trujillo, se inscribe dentro del pragmatismo del más alto empresariado, que ve venir una amplia reforma fiscal y tributaria, además de otros cambios estructurales, que responda a los intereses nacionales pero también a las expectativas de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, y desea conformar un gran frente negociador para el “gran pacto”.
Hasta el momento de la designación de Blanco Canto, decisión que con respecto al sector servicios postergó por unos 10 años, el discurso oficial del CONEP era que un desarrollo nacional que se basara en el sector servicios (turismo, telecomunicaciones, intermediación financiera, etc) y no en la industrialización, a más de ser insuficiente por la menor cantidad de empleo formal que genera, estaba a expensas de los ciclos económicos y políticos internacionales, marcados por la inseguridad y el terrorismo, con reducida repercusión en el resto del cuerpo económico nacional.
El concepto, casi un dogma, no es propiedad exclusiva del alto y tradicional empresariado, sino que surgió de sus principales asesorías o fundaciones de estudios económicos que reúnen a profesionales de la economía que han sido actores principales de políticas públicas y privadas de los últimos 50 años. Así que no es previsible un giro de 360 grados en un abrir y cerrar de ojos, sino más bien una postura convenenciera, impuesta por las circunstancias presentes y por venir.
Los profesionales de la economía dominicana, aún los más jóvenes, han sido “pillados” desde que la economía dominicana, sin haber quemado plenamente la etapa de una incipiente industrialización y agroindustrialización, dio paso a un fulgurante desarrollo de los servicios, más que por efecto de cuidadosa planificación, por estímulos de una actividad a la otra, del turismo a las comunicaciones y a la banca moderna. El desarrollo de este sector dominicano es tal, que de toda América Latina sólo Chile nos supera en comunicaciones y banca, no así en turismo.
No por casualidad, el país lidera a toda Latinoamérica en crecimiento en los últimos 50 años, con un per cápita de 2.7% y subiendo, que casi duplica el 1.7% del resto.
Los economistas tradicionales y de mayor incidencia en las últimas décadas en el país, parece pasaron inadvertido el hecho de que cuando el doctor Joaquín Balaguer dispuso la aplicación de la Ley 299 de promoción a la industrialización lo hizo concomitante con la declaratoria del desarrollo del turismo como prioridad nacional, por recomendación de su fiel servidor Diógenes Fernández que trajo la idea de España, apenas en el primer tercio de su primer período constitucional de gobierno (1966-1970). O sea, que el desarrollo de la incipiente industrialización fue acompasado por el desarrollo también de los servicios.
Un opúsculo del autor de este trabajo, soportado en testimonios fílmicos de esos mismos actores, titulado “El Desarrollo Dominicano”, estrenado en el 2013 en la CERTV, ofrece amplios detalles de lo acontecido. Más tarde, a finales del 2014, el prestigioso historiador Frank Moya Pons, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, lo consignó de la misma manera en un trabajo bibliográfico que patrocinó el Banco Popular Dominicano.
Sin embargo, la “especificidad” del modelo de desarrollo dominicano no ha sido suficientemente estudiado ni en nuestro medio ni por entidades como el BM, BID o la eficiente regional CEPAL de la ONU.
Corresponderá al licenciado Blanco Canto aprovechar la oportunidad para resaltar, desde la cúpula y advertido de la estricta supervisión de los que dieron origen al CONEP, la importancia que ha tenido para la economía el sector servicios.
El discurso en este 2015 del empresariado gremializado traerá ingredientes novísimos, que nos ayudarán atodos a mejor conocer nuestro entorno económico y social.
No hay dudas de que hay que hacer ajustes al modelo de desarrollo económico y social.
La sola pertenencia del país en condición única a los dos más grandes acuerdos de libre comercio del sector occidental del mundo, el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, nos pone de frente a la realidad descarnada de la globalización y de la libre competencia.
Y si esto último es una enorme prueba de resistencia, a la vez que de oportunidad para proseguir nuestro exitoso modelo de desarrollo, mayor reto es superar la inequidad con que se acumuló ese desarrollo y la desigualdad resultante.
El esfuerzo de los gobiernos peledeístas por reducir la pobreza heredada del cuatrienio 2000-2004, que se incrementó a un 47%, hasta reducirla a un 34%, no ha bastado para devolver equidad, ni siquiera para regresar la pobreza al 26% en que la dejó en el 2000 el primer gobierno peledeísta.
La joven seguridad social que cumplió 10 años de iniciada, en casi su totalidad impulsada por los gobiernos peledeístas, alcanzó en el 2014 a sólo el 57% de la población, no obstante su obligatoria universalidad, persistiendo en la preocupante realidad de que mientras el sector empresarial que opera los fondos de pensiones siguen con una rentabilidad asegurada de más del 25%, lo que le significó ganancias por RD$2,000 millones, las cuentas de pensión de los trabajadores perdieron más de un 1% hasta cerrar al 12% sus ganancias, ritmo insuficiente siquiera para garantizar el salario mínimo a los primeros pensionistas que retire el sistema.
En el 2014 se acumuló un crecimiento del 7% o más del PIB con todos los sectores básicos que soportan el modelo en alza, con estabilidad macroeconómica, incluido todo el sistema deprecios y la moneda (inflación anualizada menor al 3%), se redujo a poco más de un 3% del PIB el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos a pesar de nuestra enorme dependencia de las importaciones, mientras que las exportaciones superaron el 5%, la deuda externa apenas supera el 25% y el déficit fiscal superior al 3% es uno de los más bajos del continente.
Sin embargo, persistió la tendencia de que los ingresos de los trabajadores aumentaran por debajo del crecimiento de la propia economía, agravando aún más la precariedad con que opera la fuerza laboral. El salario mínimo de empresas grandes, que en el 2013 consiguió un importante incremento del 40% con respecto año 2012, apenas alcanzó para cubrir el 40% del costo de la canasta alimentaria básica, y lo mismo aconteció en el 2014 cuando se mantuvo congelado. La misma tónica siguió para los salarios de las empresas medianas y pequeñas, que reducido a casi la mitad de salario en las empresas grandes, apenas alcanzó para cubrir el 27% de la canasta.
Para colmo, los alimentos básicos mantuvieron su tendencia a incrementar el costo desde un 23 a un 214%, cuando se compara el precio en finca con el precio al consumidor final. Lo estimado aceptable en este punto es un 30%.
El punto nodal para cualquier análisis de la situación económica en su conjunto en el país, es que la presión fiscal apenas alcanza al 15% por efecto de la última reforma fiscal, la segunda más baja de América Latina después de Guatemala, y que los ingresos fiscales dependen en un 79% de los impuestos que pagan los consumidores y los asalariados.
Lo reclaman todos los sectores de la población y la clase política organizada en los partidos del sistema, lo mismo que los organismos multilaterales en los cuales se ha enrolado el país OCDE, BM, BID y CEPAL.
El pueblo llano se esperanza mucho más, ante el hecho real de que su presidente Danilo Medina goza de unenorme respaldo y espera de él que lo use en consecuencia.
“La reducción de la pobreza y la desigualdad muestra indicios de entrar en una senda menos dinámica, mientras que la indigencia se ha estancado. Por otra parte, las emergentes clases medias y los sectores vulnerables que recientemente dejaron atrás la pobreza han incrementado las exigencias al Estado, del que reclaman la provisión adecuada de servicios públicos y colectivos de calidad, tales como seguridad, transporte, educación y salud”, dice CEPAL, como parte de su diagnóstico en el trigésimo quinto período de sesiones de mayo pasado, del que salió una recomendación de reformas para toda la región bajo la consigna “es la hora de la igualdad”.
“Un patrón productivo poco diversificado, como el que prevalece en las economías de la región, implica una tendencia a consumir bienes con un alto grado de componente importado. La dinámica de los precios más favorables de las materias primas y el hecho de que el vínculo entre exportación y consumo sea más fuerte que el vínculo entre exportación e inversión sugieren que elcambio estructural (y la consiguiente sostenibilidad del crecimiento) no se ha asumido como prioridad en las sociedades latinoamericanas. Además, los patrones de consumo no son neutrales en cuanto a sus impactos ambientales. Para mitigar los efectos del crecimiento sobre el medio ambiente se necesita adoptar tecnologías limpias, asociadas a formas colectivas de consumo (por ejemplo, un transporte público de calidad frente al automóvil), y una creciente complejidad tecnológica, lo que requiere trabajadores educados y plenamente integrados a procesos de aprendizaje en estructuras cambiantes. Estas condiciones del crecimiento compatible con la preservación ambiental solamente se cumplen cuando la economía se desplaza desde la polarización hacia la diversificación, desde la segregación hacia la integración social y productiva, y desde consumos individuales hacia consumos colectivos. Semejante inflexión del estilo de desarrollo requiere, sin duda, del liderazgo del Estado”, agrega.
Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo que para lograr estos objetivos “requiere de una articulación virtuosa entre instituciones y estructuras: políticas industriales capaces de articular agentes públicos y privados para elevar la inversión y modificar la composición sectorial en aras de mayor productividad; gobernanza y aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas en recursos naturales para construir una economía diversificada con fuerte incorporación de conocimiento, de alto valor agregado y con mayor potencial inclusivo en el mundo del trabajo; regulación y encauzamiento de la expansión del consumo para armonizar la provisión de servicios públicos con el consumo privado, en consonancia con la sostenibilidad ambiental, y construcción de una estructura tributaria y de gasto público socialmente sostenible para lograr un alto impacto redistributivo y unaexpansión del desarrollo de capacidades hacia el conjunto de la sociedad. Solo una dialéctica virtuosa entre el cambio institucional y el cambio en las estructuras permitirá potenciar el desarrollo en la orientación estratégica que se propone en las páginas que siguen”.
Una reforma a fondo de la estructura productiva que agregue más valor local y dependa menos de materias primas importadas, que aproveche al máximo posible su costosa capacidad de producción instalada con respeto al medio ambiente, que mejore los salarios y los servicios, queaporte equidad a la seguridad social y parta de una reforma fiscal y tributaria que se corresponda con esas necesidades el CONEP lo anticipa y se prepara para responder.
La reforma deberá ir en provecho de toda la estructura productiva existente en el país, además del resto de la población, pero el empresariado deberá sacrificar ganancias que hoy obtiene y les son permitidas de manera graciosa por el Estado.
Corresponde ahora al gobierno peledeísta actuar en consecuencia, y liderar este proceso de avenimiento nacional para el “gran pacto”.
