La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), en representación del sector privado, pidió al sector público (Estado) desregular el uso de los fondos de pensiones para que sus socios inviertan con esos fondos en la industria eléctrica, y apoyó la idea de fusionar las tres distribuidoras en una sola empresa, pero con capital accionario disponible para el sector privado y normas operativas de acuerdo a las leyes del mercado.
La sugestión está contenida en el pliego de propuestas que anuncia llevará la ADIE a las reuniones del Consejo Económico y Social (CIES) para el pacto eléctrico, en el que deja fuera y objeta la constitución de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM) y la creación de una “mesa de combustibles” que adquiera los combustibles de todas las empresas que suplen al sistema, terminando con las compras individuales de cada generador.
La ADIE, sin embargo, está de acuerdo con la propuesta del ministerio de la Presidencia de establecer una “tarifa técnica” y eliminar el “subsidio cruzado” a los usuarios de la energía, esencialmente orientado a beneficiar a las clases medias, para que el Fondo de Estabilización de la Factura Eléctrica (FETE) esté disponible sólo para los consumidores pobres de hasta 100 kilovatios-horas al mes del programa gubernamental Solidaridad (bono eléctrico), y a partir de esa cantidad pagar el precio de la energía al valor del mercado.
La propuesta de la ADIE se resumen en una total desregulación de la empresa eléctrica estatal puesto que le niega a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado (CDEEE) la posibilidad de convertirse en un “holding” de todo el sector público eléctrico y pretende que el sector privado participe en la operación de la transmisión, distribución y comercialización de la energía.
Contrario a la propuesta gubernamental de que en seis meses, a más tardar, tendrá listo un “plan de expansión” de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, que ponga a disposición del sector privado la participación por sí solo o en asociación con el Estado en los desarrollos de nueva generación, la ADIE dice que dicho plan de expansión en todos los órdenes (generación, transmisión y distribución) debe ser consensuado con ellos y darles participación inversionaria en todos los sectores.
(Consultados expertos planificadores del sector eléctrico y profesionales de la ingeniería electromecánica dominicanos que han participado en la conformación de planes de expansión del subsector eléctrico, dijeron que de aceptarse esta propuesta de la ADIE sería la primera vez que un Estado ceda el derecho que tiene de planificar el desarrollo y ordenamiento de un servicio público a favor del sector privado. Que no hay antecedentes de ese tipo en toda América Latina y probablemente en ninguna otra parte).
Las propuestas tiene tales grados desregulatorios, que se pretende se fije un precio a la energía que proviene de las estatales hidroeléctricas en base a su capacidad real de entrega, distinto al que impere para los demás generadores.
El subsidio cruzado apoyado en el fondo FETE data de la década de los 80, y parte del hecho cierto de que las distorsiones históricas del subsector eléctrico han encarecido tanto la energía que su precio está fuera del alcance de la clase trabajadora y de los empleados de bajos salarios. Es escalado, y parte de los primeros 100 kilovatios-horas mes y así se mantiene hasta llegar a los 700 kilovatios-horas mes, cuando se unifica el precio de la energía para todos los consumidores.
Como ha propuesto el gobierno, ahora con el respaldo del sector privado, se establecería una “tarifa técnica” que unifica el precio de la energía para todos los usuarios a excepción de los cerca de 850 mil hogares que el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha identificado como carenciados. Todos los demás hogares pagarían la energía al mismo precio a partir de cero kilovatios-horas.
La propuesta de la ADIE consigna: “Mantener actualizada mensualmente la tarifa conforme a los parámetros de indexación (precios de combustibles, inflación, tasa de cambio, etc), según establece la ley y su reglamento. Aplicar una tarifa social solamente para los consumos inferiores a 100 kWh/mes. Y otorgar el beneficio del Bonoluz solo a clientes que consuman menos de 100 kWh/mes, dentro de las zonas definidas”.
Otra aspiración de los generadores está relacionada con la eliminación de los controles de precios por la energía que se entrega al sistema:
“Para diversificar la matriz energética es necesario disponer de las infraestructuras para la importación de combustible. En tal sentido, el Estado debe facilitar que el sector privado invierta en la expansión y/o construcción de nuevas infraestructuras para la importación y transporte de combustibles de bajo costo para la producción de electricidad”.
Otras solicitudes que hacen son las de:
“Consensuar y dar a conocer un plan de expansión del subsector para satisfacer la demanda”.
“Definir el tamaño y la localización de la nueva generación y el porcentaje de participación de las energías renovables, para garantizar la seguridad del sistema a un mínimo costo de manera sostenible con el medio ambiente”.
“Eliminar los topes de precios del mercado y aplicar el marco operativo y regulatorio tal y como está definido en la ley general de electricidad.”
“Hay que reducir las pérdidas totales de distribución hasta llevarlas a los estándares internacionales de alrededor de 10%. Para lograr esto es necesario focalizar y priorizar las inversiones del Estado en los programas de reducción de pérdidas en los circuitos con mayores pérdidas económicas a nivel nacional; esta junto a otras acciones reduciría el subsidio en unos US$500 millones de dólares”, dicen también.
De igual manera, expresan, es necesario identificar los fondos para financiar las inversiones en la red de transmisión de manera que la futura expansión de generación pueda usarse enforma óptima para cubrir las necesidades de distribución y a la vez reducir los costos operativos del sistema y aumentar la confiabilidad y seguridad del mismo.
Añaden que otro aspecto importante para mejorar el sistema de transmisión es revisar periódicamente los mecanismos de tarificación de acuerdo a la normativa. Esto permitiría revisar y adecuar el peaje de transmisión, hacer los cálculos adecuados para la aplicación del Valor Agregado de Transmisión (VAT), lo que redundaría en una justa compensación de costos de corto y largo plazo a través de la regulación del peaje.
También aspiran:
. “Mantener actualizada mensualmente la tarifa conforme a los parámetros de indexación (precios de combustibles, inflación, tasa de cambio, etc), según establece la ley y su reglamento.
. Aplicar una tarifa social solamente para los consumos inferiores a 100 kWh/mes.
. b) Otorgar el beneficio del Bonoluz solo a clientes que consuman menos de 100 kWh/mes, dentro de las zonas definidas.
Consensuar y dar a conocer un plan de expansión del subsector para satisfacer la demanda.
.
b) Definir el tamaño y la localización de la nueva generación y el porcentaje de participación de las energías renovables, para garantizar la seguridad del sistema a un mínimo costo de manera sostenible con el medio ambiente.
. Eliminar los topes de precios del mercado y aplicar el marco operativo y regulatorio tal y como está definido en la ley general de electricidad.
. Crear un consejo directivo y equipo de gerencia para la nueva empresa de distribución con profesionales de reconocida integridad y experiencia en la dirección empresarial.
. b) Establecer normas de gobierno corporativo similares a las requeridas a las empresas que emiten valores públicos o bonos corporativos en los mercados de capitales en la Rep. Dominicana.
. Focalizar y priorizar las inversiones del Estado en las áreas de distribución.
. b) Priorizar las inversiones de los programas de pérdidas en los circuitos con mayores pérdidas económicas a nivel nacional.
. a) Diseñar e implementar un sistema de gestión técnica de la red, y un sistema de gestión comercial, con un plan de inversiones adecuado que garantice una reducción de las pérdidas de al menos 5% promedio anual.
. b) Implementar un plan de expansión y rehabilitación de redes de 5 años.
. c) Formalizar usuarios del servicio y convertirlos en clientes, instalando medidores eléctricos (tele-medición y/o prepago donde aplique)”.
Lo que Propuso Estado en Expansión y Fondo FETE
Sólo para recordar lo que propuso el Estado sobre el plan de expansión y el uso del Fondo FETE, copiamos lo que consignó el ministerio de la Presidencia:
“Disponer de un plan de expansión de la generación. El Gobierno se compromete a, en un plazo no mayor de seis meses a partir de la firma del Pacto Eléctrico, disponer y poner a disposición de todas las partes de un plan de obras para el período 2015-2030, que esté basado en las proyecciones de demanda de electricidad. Este plan indicará la previsión de los proyectos de inversión en generacióncon fuentes renovables y no renovables, y de los proyectos de transmisión eléctrica necesarios para posibilitar un suministro oportuno, confiable y aprecios competitivos del servicio de electricidad. Estas proyecciones de demanda y de plan de obras, serán elaborados por la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la CDEEE. La SIE supervisará la realización delos concursos o llamadas a licitación de las empresas distribuidoras necesarios para asegurar el suministro eléctrico en el corto y mediano plazo. Estas obras podrán ser emprendidas por el sector privado o por el propio Estado.
Sobre el Fondo FETE. Redefinir el estatus del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), para asociarlo exclusivamente al subsidio a los sectores en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Programa de Solidaridad y el Bono Luz.
Sobre la aplicación de la tarifa técnica. El Gobierno se compromete a aplicar la tarifa técnica establecida por la Superintendencia de Electricidad, eliminando el subsidio”.
Como se desprende de lo reseñado en este trabajo, si en algo estuvo claro el Estado, por intermedio del ministerio de la Presidencia, es de su responsabilidad de elaborar un plan de expansión de todo el subsector eléctrico, por aquello de que el Estado tiene que velar por el bien público, de todos los sectores, los altos, los medianos y los bajos.
Es evidente que el sector privado quiere vulnerar este derecho que es de aplicación universal. Como evidente es que el gobierno renuncia al subsidio cruzado para los sectores de bajos y medios ingresos, sin que todavía ajuste los salarios al alza para que puedan hacer frente a este nuevo compromiso financiero.
