El ministro de Energía y Minas propuso la integración vertical del subsector eléctrico generador, transmisor y distribuidor mediante una asociación público-privada que cree una empresa de capital mixto, con fines de corregir los errores del proceso de capitalización ejecutado a finales del siglo pasado y que todavía rige.
En su comparecencia ante el Instituto de Las Américas, el licenciado Pelegrín Castillo dijo que con motivo del Pacto Eléctrico “surge la posibilidad de superar ese esquema que fracasó, como lo demuestra la experiencia, para dar paso de un proceso de recapitalización abierto, social, inclusivo de nuevos potenciales agentes, dentro de un esquema de capitalismo de amplia base o popular”.
El funcionario habló ante la sexta mesa redonda sobre energía, celebrado en esta fecha en el hotel Hilton, de Santo Domingo. Al evento asistieron ejecutivos de la mayoría de las empresas eléctricas que operan en la República Dominicana.
Ya el asidero jurídico de esa opción se fijó en el párrafo del Artículo 219 de la Constitución de la República del 2010, que dispone que cuando “el Estado enajene su participación en una empresa podrá tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”.
Significó que esto plantearía la interrogante de saber si las empresas eléctricas deben reconstituirse como una gran corporación nacional, o en cambio, en base a varias empresas operando en áreas geográficas diferentes.
“Es preciso asumir a plenitud el carácter estratégico del sector eléctrico, que gestiona un servicio público de carácter esencial”, recalcó el ministro de Energía y Minas.
“No Existe Crisis Eléctrica”
El licenciado Castillo recuerda que, ante una interrogante planteada por un representante diplomático, le aseguró que en el país no existe crisis eléctrica.
“Eso es sólo un reflejo, una ilusión engañosa. Lo que se percibe como crisis eléctrica no es más que la expresión de las distorsiones y disfunciones queprovoca la interacción del modelo político, -que es medularmente clientelar y populista- con el modelo de negocios rentista, con marcadas tendencias monopólicas y oligopólicas”, opinó.
Y esa situación se mantiene, dijo, por la fuerte tendencia cultural entre losdominicanos de procurar soluciones individuales, aún sean ineficientes y costosas, a problemas que por su complejidad demandan respuestas colectivas, generales. Por eso tenemos un enorme parque de plantas auxiliares, y todos los que pueden convertirse en usuarios no regulados lo hacen”.
Este proceso que es mucho más notorio, sin dudas, en el Sector Eléctrico, está llegando a sus límites: genera grandes déficits públicos cada vez más difíciles de subsidiar; lastra la competitividad de sectores y empresas; succiona o disipa, incluso, recursos concesionales como los de Petrocaribe; facilita corrupción pública y privada bajo el eufemismo “de las pérdidas no técnicas” o en un opaco mercado de combustibles. También, al refrenar la oferta de energía, y crear sobrecostos y costos ocultos, provoca un balance de exclusión social y marginalidad, a la vez que carga a las capas medias con obligaciones onerosas. Una familia de clase media paga entre US$400.00 a US$700.00dólares mensuales por servicio eléctrico.
Algunos solo aspiran, dijo, que sea o siga siendo un área de inversión muy rentable, a través de fórmulas de indexación cuestionables, protegidas por contratos desequilibrados, olvidándose que del buen funcionamiento del mismo depende el éxito de todas las demás empresas y de la Nación misma.
“Para que se tenga una medida de cuan grave es ésta situación, basta considerar que República Dominicana cuenta con reservas de combustible líquido y gaseoso muy por debajo de los requerimientos básicos de seguridad; que carece de una política nacional de compra de combustibles que maximice su poder de Compra País; que concentra la gran mayoría de sus infraestructurasenergéticas críticas en una línea de costa de 150 Kms en el sur de la República; que no tiene reglamentación con estándares internacionales de uso de terminales, gasoductos, oleoductos y redes; que ha postergado por largo tiempo el desarrollo de un polo energético en el Norte, alrededor del Puerto de Manzanillo”, manifestó al auditorio.
“Personalmente, creo que procede recuperar la integración vertical de la empresa eléctrica. En un sistema eléctrico con dimensiones muy modestas, nunca debió producirse su fragmentación alrededor de la generación, transmisión y distribución. Propiamente, este fue un fallo de origen del proceso de reforma del 1998. Si se hace una evaluación objetiva al respecto, se verá que los pros superan a los contras, a favor de volver a la integración vertical”, manifestó.
Por muchas consideraciones, entiendo que es pertinente reformular la opción de la alianza público-privada sobre unos fundamentos distintos a las que tiene en la actualidad, donde el Estado mantiene en el sector de generación una relación anómala de sociedad con apenas tres socios privados que además tienen la administración de las empresas, explicó.
“Una experiencia exitosa en ese sector podría eventualmente replicarse en otras áreas estratégicas. Se implantaría sin dudas un cambio cultural que facilitará el tránsito de las empresas estatales y familiares a las empresas públicas de mercado. En un ámbito más amplio, el Pacto Eléctrico deberá responder, además, a otras interrogantes relevantes: ¿Procede trazar políticas especiales y diferenciadas para las comunidades de frontera y montaña? ¿Debe levantarse una sub- red fronteriza? El Ministerio de Energía y Minas es partidario de una respuesta afirmativa, no solo atendiendo a requerimientos de cohesión social y territorial, si no a partir del reconocimiento del extraordinario potencial de generación de riquezas que tiene para la República y para la isla el desarrollo de sus fuentes de energía”, dijo.
