Los ministerios de la Presidencia y de Energía y Minas y la Corporación de Empresas Eléctricas estatales CDEEE, a los que se ha agregado la Universidad Autónoma de. Santo Domingo UASD, coincidieron en plantear ante el Pacto Eléctrico reformar el actual modelo de empresas eléctricas del Estado para constituir una sola unidad corporativa y con un solo consejo de administración.
Igualmente estas entidades que representan a todo el sector público plantearán al sector privado la conveniencia de que el ministerio de Energía y Minas sea ratificado, porque así lo dispone la Ley que lo crea, para que sus dependencias, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, sean responsables de estructurar un “plan de expansión de mínimo costo” obligatorio para todos los participantes en la industria eléctrica y una “mesa de combustibles” que contrate en conjunto todos los carburantes que se importen.
El Consejo de Administración del nuevo ente eléctrico que se cree “establecerá las directrices estratégicas y ejercerá el debido seguimiento y control, asegurando que las empresas eléctricas públicas operen bajo estándares de buen gobierno corporativo, generen sinergias tecnológicas y de gestión, y contribuyan al logro de resultados y metas cónsonas con un sector eléctricoconfiable, eficiente, transparente y financiera y ambientalmente sostenible”, según propuso el ministerio de la Presidencia.
“Personalmente, creo que procede recuperar la integración vertical de la empresa eléctrica. En un sistema eléctrico con dimensiones muy modestas, nunca debió producirse su fragmentación alrededor de la generación, transmisión y distribución. Propiamente, este fue un fallo de origen del proceso de reforma del 1998. Si se hace una evaluación objetiva al respecto, se verá que los pros superan a los contras, a favor de volver a la integración”, afirmó el ministro de Energía y Minas, licenciado Pelegrín Castillo que sostendrá ante el Pacto Eléctrico que ha sido convocado.
Por su parte la UASD por intermedio de sus facultades de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Económicas y Sociales, sostiene en su propuesta para un pacto un “cambio radical en la estructuración del sistema eléctrico nacional mediante la integración vertical en una empresa de carácter público, con la participación del sector privado y estatal en el área de la generación térmica”.
Los diagnósticos que elaboraron los ministerios de la Presidencia y de Energía y Minas y, lo mismo que la CDEEE y la UASD, sostienen que el proceso de capitalización con que inicialmente se reformó el subsector eléctrico, a finales del siglo pasado, “fracasó” porque no dispuso de un Plan de Expansión de obligatorio cumplimiento y porque nació sin estructuras regulatorias lo suficientemente fuertes.
Para evitar los errores del pasado, el Estado por intermedio de la secretaría de la Presidencia y el resto de las entidades públicas, sugiere: “que dicha reforma tenga como punto de partida una auditoría de gestión contratada a una firma independiente y de reconocida reputación internacional”.
El resultado será un diagnóstico administrativo integral de la CDEEE, que deberá ser de conocimiento público, con recomendaciones de adecuación a mejores prácticasde operación y funcionamiento de la entidad., sostiene la propuesta oficial.
También se propone pactar que la gobernanza operativa del conglomerado estatal se ajuste a losmejores estándares de eficiencia y eficacia de la industria, y de la calidad del suministro. Asimismo, que el conglomerado-CDEEE se adecúe para que pueda cotizar acciones en la bolsa de valores, con participación sustantiva del sector público y con mecanismos que prevengan la concentración accionaria.
Con respecto a la autoridad regulatoria se propone garantizar la independencia funcional y con criterios propios de la autoridad regulatoria.
“La Superintendencia de Electricidad (SIE), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas pero de naturaleza autónoma, asumirá los roles y mandatos establecidos en la Ley125-01 (Art. 24), que la acredita como la autoridad competente para regular y hacer cumplir la regulación por parte de los diferentes agentes del sistema, independientemente de su origen nacional o extranjero o de su naturaleza pública o privada. Esto conlleva no interferir las resoluciones emanadas de la SIE en el cumplimiento de sus funciones, incluidas las relativas a la fijación y aplicación de la tarifa”, dice la propuesta del Estado.
Una de las fallas que se han identificado heredadas del proceso de “capitalización” es que cuando finalmente reformuló un plan de expansión lo llamó “indicativo” influido por la presión neoliberal de los organismos multilaterales, ni siquiera de mínimo costo y de aplicación obligatoria.
En la propuesta gubernamental se compromete a “disponer de un plan de expansión de la generación. El Gobierno se compromete a, en un plazo no mayor de seis meses a partir de la firma del Pacto Eléctrico, disponer y poner a disposición de todas las partes de un plan de obras para el período 2015-2030, que esté basado en las proyecciones de demanda de electricidad. Este plan indicará la previsión de los proyectos de inversión en generacióncon fuentes renovables y no renovables, y de los proyectos de transmisión eléctrica necesarios para posibilitar un suministro oportuno, confiable y aprecios competitivos del servicio de electricidad”.
Estas proyecciones de demanda y de plan de obras, “serán elaborados por la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la CDEEE. La SIE supervisará la realización de los concursos o llamadas a licitación de las empresas distribuidoras necesarios para asegurar el suministro eléctrico en el corto y mediano plazo. Estas obras podrán ser emprendidas por el sector privado o por el propio Estado Dominicano, según lo establecido en la Ley”.
En la propuesta de la UASD se hace especial hincapié en la necesidad de establecer una “mesa de combustibles” o entidad que se encargue de ordenar compras conjuntas de combustibles para todos los generadores sirvan energía bajo contrato al Sistema Nacional Interconectado.
En el informe de la UASD llama la atención en el sentido de que “no debemos confundir las pérdidas financieras del sector con las pérdidas de energía”.
“Para la realidad actual y partiendo de la tarifa eléctrica vigente, si se eliminara la especulación en la fijación del precio de venta de la energía de las empresas de generación a las EDES, las pérdidas financieras de las mismas no existirán, aún con los niveles de pérdidas de energía actuales. La especulación está produciendo el resto”, dice la propuesta de la UASD en el Pacto Eléctrico.
Según los cálculos de los técnicos de la UASD, los costos de generación para vender a las distribuidoras con ganancias, serían los siguientes: energía proveniente de motores diesel con fuel oil número 6, RD$13.26 centavos por kilovatio; para energía generada con vapor y alimentada por fuel oil número 6, RD$15.34 centavos por kilovatio; para plantas turbogás que generen con gas natural, RD$9.20 centavos por kilovatio, pero si es con ciclo combinado y gas natural RD$6.08 centavos el kilovatio. La energía más barata es la que produce con carbón mineral a RD$5.73 centavos el kilovatio, esto sin contar la energía de las hidroeléctricas propiedad del Estado. Estos costos están actualizados, pues se refieren a los precios existentes en el mercado a la fecha.
En resumen, que por primera el Estado junto a sus instituciones autónomas de un sector se ponen de acuerdo para presentar una posición común ante el sector privado, como acontece ante la convocatoria del Consejo Económico y Social para un Pacto Eléctrico.
