Opinión

Hay quienes plantean que la presión fiscal en nuestro país es muy alta. Es común escuchar en opinión de personas y hasta de grupos o instituciones que “este es el país que más impuestos se pagan”. ¿Cómo es esto posible? ¿Será cierto que los impuestos dominicanos son los más altos, al menos de América Latina y El Caribe? Un reciente estudio del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), dado a conocer el pasado 10 de marzo de 2015 en Santiago de Chile, realizó una retrospectiva de las “Estadísticas tributarias de América Latina y El Caribe 1990-2013”.

Igualmente, el pasado 24 de marzo, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), un centro de estudios económicos dominicano, dio a conocer una propuesta de “Reforma Integral al Código Tributario” dominicano. Según sus presentadores, dicha propuesta se hace con el fin de “simplificar, transparentar y agrupar en un solo volumen la tributación interna de la República Dominicana”.

Ahora bien, todas las propuestas presentadas por el CREES se basan en su totalidad en reducir impuestos, más que en simplificarlos. Por ejemplo, propone bajar la tasa de Impuesto Sobre la Renta a las empresas del 27% actual, que debe bajar a un 25% el próximo año, a un 15% único. Reduce también el anticipo del ISR de las empresas de 12 mensualidades a 4 trimestrales, y de 1.5% a 1%.

En el caso del ITIBIS el CREES que propone, de forma correcta, que se le cambie el nombre a Impuesto al Valor Agregado (IVA). Igualmente propone bajar la actual tasa del 18% y las tasas reducidas vigentes de forma transitoria, a un IVA Único de 10%. Propone reducir muchas de las partidas exentas, pero mantener, entre otras, la exención a Servicios Financieros, Transporte Terrestre, Electricidad, Educación privada, e incluir venta o transferencia de inmuebles, combustibles, y pólizas de seguro en general. También propone reducir los llamados Impuestos Selectivos al Consumo a las bebidas alcohólicas y el tabaco a 25%, practicamente la mitad, y los impuestos a los combustibles a niveles aproximadamente a la mitad de los actuales, y bajar el impuesto sobre registro de vehículos de 17% a 15%.

Los impuestos al patrimonio propone unificarlos en una tasa de 1% (activos de personas jurídicas, IPI-IVSS, transferencia de vehículos de motor, transferencia de inmuebles e hipotecas) que hoy varían entre 3 y 1%. Establecer una tasa única de 1% a partir de 10 millones de pesos y totalmente deducible del ISR. Estos son los aspectos más destacados, aunque evidentemente no los únicos, de la propuesta del CREES. Tampoco el centro dice nada sobre los impuestros a la riqueza y al capital, base importante para una estrategia de equidad y erradicación de la pobreza.

Sin embargo, a pesar que dicha propuesta podría ser atractiva a algunos de los contribuyentes, ya que reduce la mayoría de los impuestos y tributos, tiene un grave defecto. No vino acompañada con una cuantificación de su efecto en la estructura tributaria dominicana. Esto es, saber cuánto dejará de percibir el Estado o cuanto se incrementará a juicio de sus autores. Sin esa cuantificación, la propuesta se hace no practicable y especie de bula sin contenido concreto. Sin embargo, cabe la pregunta ¿Es necesario bajar o subir el actual nivel de presión fiscal de nuestro país?

El trabajo presentado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y la CEPAL, por su parte, hace una retrospectiva desde 1990 hasta 2013 de la evolución de la carga tributaria y de los principales impuestos y del conjunto agregado, en República Dominicana, pero también, que resulta muy útil, en 20 países de América Latina y El Caribe. Es decir, entrega datos que nos permiten guiar políticas y tendencias para fortalecer la capacidad del Estado de hacer políticas de cohesión social y desarrollo precisas.

Por ejemplo, el conjunto de la región, que incluyó como dijimos 20 países importantes de la región, presenta los topes máximos y la vallas mínimas de la presión fiscal, es decir, cuales países tienen las estructuras tributarias mas solidas y cuales más débiles. La media de presión fiscal de América Latina fue, en 2013, un 21,3%.

Los países con más alta presión fiscal en 2013, fueron Brasil (35,7% del PIB); Argentina (31,2%); Barbados (29,8%); Bolivia (27,6%) y Uruguay (27,1%). Por su parte los países con más baja presión fiscal, en orden de menor hacia arriba, fueron Guatemala (13% del PIB); República Dominicana (14%); El Salvador (15,8%); Paraguay (16,4%) y Honduras (18%). Los demás países están en el entorno general de 19 a 22% de presión fiscal con la media regional mencionada de 21,3%.

¿Qué nos dicen estas cifras, aparte de ser puras estadísticas? ¿Cuáles son los países más avanzados socialmente y con mejores sistemas de protección y desarrollo de la región? ¿Los que tienen alta presión fiscal o los que tienen baja presión fiscal? ¿Cómo son las estructuras de los países menos desarrollados de la región y cuáles son esos países? Es evidente que hay una equivalencia directa –axioma- entre mayor presión fiscal y mayor desarrollo en general, pero sobretodo mejor distribución de la renta y menos pobreza. Brasil, Argentina, Barbados, Uruguay y ultimamente Bolivia, entre otros, son los países con mejores sistemas educativos, mejores sistemas de atención a la salud, menos desigualdad, y más desarrollo experimentado en las últimas décadas.

Sin embargo, la República Dominicana pasó de un 8,3% de presión fiscal total en 1990 a 14% en 2013, para un incremento neto de 5,7% en 23 años. Los países que mayor consolidación fiscal presentaron en el mismo periodo son, en primer lugar Bolivia con un incremento de 20,6%, al pasar de 7% de presión fiscal en 1990 a 27,6%. En segundo lugar Argentina, que pasó de 12,4% de presión fiscal en 1990 a 31,2% en 2013 para un incremento de 18,8% en 23 años. Ecuador, que pasó en el mismo periodo de 7,1% a 19,3% para un incremento de 12,2% y Paraguay, que pasó de 5,4% en 1990 a 16,4% en 2013 para un crecimiento neto de 11%. Colombia fue otro país destacado al pasar de 9% en 1990 a 20,1% en 2013 para un incremento de 11,1%.

Es interesante resaltar que esta consolidación fiscal progresiva del Estado no tiene que ver con tendencias ideológicas, ya que una parte de estos países tuvieron gobiernos mayormente conservadores (Colombia y Paraguay) y los otros, gobiernos mayormente progresistas (Bolivia, Ecuador y Argentina).

El caso de nuestro país es dramático. De 2000 a 2013, trece años solamente, pasamos de 12,4% de presión fiscal a 14% para un incremento en 13 años, equivalente a un 1,6%, siendo a su vez un periodo de alto crecimiento económico, excepto el periodo 2003-2004. El PIB total pasó, en números consolidados de unos US$ 20.000 millones en 2000 a unos 64.000 millones en 2013 para un crecimiento de más del 300% en el periodo, pero la presión fiscal apenas creció en 1,6%. En el caso del ITBIS es aún más preocupante, al pasar de ser 2,6% del PIB en 2000 y 4,7% en 2008 a un 4% y un 4.5% del PIB en 2012 y 2013. Básicamente esos incrementos de ITBIS se han producido por incremento de tasas, al pasar de 12% en 2000 a un 18% en la actualidad y no por un crecimiento de su eficiencia y equidad.

Esto refleja una extrema rigidez de la estructura tributaria dominicana y una gran incapacidad de gestión fiscal de acompañar el crecimiento de los ingresos públicos con el crecimiento económico. En otras palabras, tenemos un sistema fiscal REGRESIVO en lugar de un sistema fiscal PROGRESIVO, que enaniza el papel del Estado, que es el único que puede tener instrumentos para mejorar la equidad y la repartición del ingreso nacional a través de la educación pública, la sanidad pública y el sistema de seguridad social.

Por tanto, coincidimos en que el país requiere una amplia reforma, que ponga a tono el sistema tributario dominicano con los tiempos. Pero no una reforma regresiva para hacer aún más pequeño nuestro sistema fiscal, quizás el más pequeño de América Latina y El Caribe, sino un reforma progresiva, que equipare nuestro sistema fiscal al menos con la media regional latinoamericana.