Opinión

En el Foro Mundial sobre la Educación, realizado en el año 2004, en Dakar, Senegal, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 164 gobiernos definieron seis objetivos básicos que debían alcanzarse antes de 2015 para lograr una Educación Para Todos (EPT): Atención y educación de la primera infancia; enseñanza primaria universal; aprendizaje de jóvenes y adultos; alfabetización; igualdad entre los sexos; y calidad.

De acuerdo al informe de seguimiento del EPT del 2005, titulado “El imperativo de la calidad”, la UNESCO establece dos principios que caracterizan la definición de lo que es una educación de calidad: primero, un sistema educativo que procure el desarrollo cognitivo del educando, es decir que nuestros niños y jóvenes tengan y asimilen los conocimientos en las distintas áreas del saber (lectura, matemáticas, ciencias sociales, etc.); y segundo, un sistema educativo que garantice la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica y el desarrollo afectivo y creativo del educando.

La UNESCO destaca en el mismo informe que “En los múltiples países que se esfuerzan por garantizar a los niños el derecho a la educación, se suele hacer hincapié en el acceso a la escuela, olvidando a menudo la atención que debe prestarse a la calidad de la enseñanza” y resalta que “es la calidad la que determina no sólo cuánto aprenden los niños y si aprenden bien, sino también en qué medida su aprendizaje se plasma efectivamente en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el desarrollo”.

Como país, nos sometemos a las evaluaciones de la Unesco a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), organismo regional que produce información sobre logros de aprendizaje de los alumnos y es un espacio de reflexión sobre los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.

Actualmente estamos participando en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El periodo de evaluación abarca desde el 20 de marzo al 30 de abril de 2015 (seis semanas continuas).

Las pruebas PISA son aplicadas cada tres años y tienen por objeto evaluar hasta qué punto los estudiantes han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad de la información y el conocimiento. La muestra se selecciona de manera aleatoria en escuelas públicas y privadas, para medir el rendimiento de alumnos de 15 años en tres áreas claves: lectura, matemáticas y ciencias. Este año 2015, PISA focaliza sus evaluaciones en el área de las ciencias naturales.

En el 2012, más de 500 mil estudiantes de 65 países, participaron en las evaluaciones PISA, incluyendo a países de la región, como Colombia, Chile, Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y México.

Según la OCDE, la importancia de las pruebas PISA es que las evaluaciones están diseñadas para valorar cómo los estudiantes aplican sus conocimientos en la vida real, comparar el rendimiento de distintas generaciones de estudiantes y determinar el impacto de las políticas públicas en materia de educación.

La Constitución dominicana asigna al Estado el deber y la responsabilidad de garantizar una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades, reforzando la obligación de ir más allá de la accesibilidad y procurar un proceso educativo que se sostenga en el tiempo, libre de cualquier barrera y que cultive la formación del individuo en todos los aspectos del desarrollo con los más altos niveles de excelencia.

Si bien es cierto que el sistema educativo dominicano ha avanzado en la última década, lo cierto es que lograr los estándares que exigen la evaluación PISA, requiere seguir profundizando en distintos aspectos: Formación y desarrollo del docente, actualización de la carga curricular para integrar asignaturas que ayuden al desarrollo de los niños y niñas, promover la inclusión escolar en todos los niveles, desarrollar programas que promuevan las competencias y actitudes, aumentar la cantidad de horas de docencia y disponer de la cantidad y calidad del material de aprendizaje, entre otros factores.

Con la asignación presupuestaria correspondiente al 4% del PIB dispuesto por ley, la construcción de nuevos centros educativos que acojan una mayor cantidad de niños y niñas, la inclusión del desayuno escolar y la tanda extendida en algunas escuelas, vamos en la dirección de cumplir con los requisitos de la calidad educativa establecidos por la UNESCO.

Lograr la calidad de la educación en República Dominicana, no depende de la voluntad del gobierno de turno, sino del cumplimiento de la ley general de educación No.66-97 y la ley No.1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), imperativo a que está sometida toda administración.

La END, en el Objetivo General 2.1, sobre “Educación de calidad para todos”, dispone la revalorización de la profesión docente mediante el fortalecimiento de la formación, profesionalización y capacitación continua de los maestros, revisión del currículo educativo, fortalecimiento de la enseñanza en ciencias, lenguas y tecnologías de la información y comunicación, fomento de la cultura de investigación y reforzamiento de mecanismos de monitoreo y evaluación de la calidad de la educación.

La END plantea como metas a lograr hacia el 2030 un 100% de cobertura de educación en los niveles inicial y básica, y un 95% en el nivel secundario. Además, exige elevar los niveles alcanzados en las pruebas de la UNESCO y destinar para 2030 un 7% del producto interno bruto (PIB) a la educación.

En el marco de la END, también se estableció la necesidad de realizar un pacto nacional por la reforma educativa, los distintos sectores lo firmaron y fue publicado el 1 de abril de 2014. Si se cumple el pacto, lograremos educación de calidad a todos los niveles y nuestros estudiantes alcanzaran estándares satisfactorios en los modelos de evaluación de la UNESCO. Si queremos cumplir con las exigencias de la UNESCO, solo hay un camino: cumplir con los mandatos constitucionales y legales y con el pacto educativo.