Opinión

Los propósitos políticos de la interminable jornada contra el Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana quedan nuevamente en evidencia con el despliegue mediático que ha seguido al fallo del magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra.

Pese a la estruendosa respuesta, claramente se puede ver el objetivo primario, precisamente por la ausencia de méritos legales para que pudiera producirse un fallo diferente, en lo cual coinciden diversos jurisconsultos, incluido el Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

El doctor Diego José García respalda la decisión del magistrado Moscoso Segarra, a quien define como un hombre de una larga y limpia trayectoria, adornada por su capacidad y, sobre todo, por la honestidad y pulcritud con que se ha manejado en los cargos públicos en que se ha desempeñado.

La decisión por la cual intentan denostarlo públicamente está fundamentada en el derecho y es jurídicamente impecable: “Puedo asegurar que el magistrado Moscoso Segarra adoptó dicha decisión convencido de que ciertamente no existían los elementos de pruebas bajo los cuales se pudiera sustentar un juicio de fondo”, dijo García al referirse al auto de “no ha lugar” emitido a favor del senador Félix Bautista ante el pedido del Ministerio Público de que lo enviara a juicio de fondo por alegados actos de corrupción.

En este proceso, según García, “quedó evidenciado que el Ministerio Público cometió errores garrafales que evidentemente coliden con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en nuestra Constitución y en la normativa procesal penal vigente”.

El respeto a las leyes es la única real garantía de los derechos de las personas y, precisamente por ello, desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha impulsado la modernización de la Justicia y la ampliación de las prerrogativas a favor de los ciudadanos y ciudadanas.

Destruir la presunción de inocencia como un principio de justicia, sería fatal para la vida de la gente, que se vería expuesta a los abusos de quienes detenten el poder en un determinado momento, o en alguna instancia de poder específica.

Eso es lo que se intenta hacer cuando se procura legitimar en los medios de comunicación y en los coros callejeros la violación del debido proceso judicial, tratando con infundios a funcionarios judiciales que sólo han actuado según el mandato de la ley.

No es tan raro que en el país se encaminen procesos insustanciales a sabiendas de que el juez se verá obligado a fallar en contra. Se actúa así, para mantener el tema en debate y prolongar una discusión con el propósito de afectar reputaciones en procura de ventajas políticas que no pueden obtener por méritos propios basados en ideas y propuestas innovadoras.

Con la manipulación se buscan ventajas mediáticas momentáneas, estirándolas hasta donde sea posible, con la perspectiva de afectar al imputado, y a todo el que le quede cerca, aunque se afecten al mismo tiempo preceptos legales y constitucionales como la presunción de inocencia.

Al respaldar la decisión del magistrado juez Moscoso Segarra, el presidente del Colegio de Abogados sostuvo, que entre otras vulneraciones, quedó demostrada, la doble persecución contra el imputado, “prohibida por nuestra Constitución y por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, suscrita por la República Dominicana, que contrasta con la máxima universal del derecho non bis in ídem, que establece que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho”.

“Los argumentos que esgrimen quienes atacan la sentencia del magistrado Moscoso Segarra no se corresponden con la objetividad que debe tener el cuestionamiento de una decisión impecablemente fundamentada, como la evacuada por el juez especial de la instrucción¨, refirió.

También llama la atención del gremio que la mayoría de los opinantes no se detuvieron a leer la sentencia, analizarla en sus motivaciones jurídicas y salieron a atacarla sin el menor conocimiento de la misma, y expresa:

“Nuestro gremio profesional sigue apostando a que en República Dominicana impere el estado social y democrático de derecho, que de manera taxativa consagra en nuestra Carga Magna”.

“Los jueces no pueden actuar por aclamaciones populares, tienen que actuar apegado al derecho y en este nuevo proceso a las pruebas”.

Pero sobre todo llama la atención la solidaridad de sectores tradicionalmente adversos al Partido de la Liberación Dominicana, y que ni por asomo se refieren a numerosos expedientes sobre los perjucios sufridos por el erario público en negociaciones con poderosos grupos económicos a quienes no les bastan los miles de millones de pesos que anualmente reciben en exenciones fiscales.

El país debe estar alerta ante estas disfrazadas pretensiones políticas de quienes no son capaces de dar la cara y actuar con la responsabilidad de quienes tienen de su lado la verdad y el respaldo del pueblo.