El Estado lo que ha previsto es la conversión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en una empresa única de generación que sea pública, con “participación sustantiva” del sector privado, nunca de privatización.
Así lo consigna el documento base sometido al Consejo Económico y Social (CIES) que convocó el Pode Ejecutivo para discutir el pacto eléctrico, elaborado por el Ministerio de la Presidencia, que preside Gustavo Montalvo.
Por eso ha causado sorpresa en todo el sector eléctrico oficial, la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de que el Estado privatice todo el sector generador y de distribución y comercialización de la energía, para que preserve únicamente la propiedad de la transmisión (alta tensión) y de las hidroeléctricas, además de la función reguladora.
“Como era de esperarse, el CONEP también propone que la central Punta Catalina, dos generadoras a carbón que suman 720 megavatios de capacidad, pase a ser propiedad del sector privado en un plazo de un año, una vez se firme el pacto eléctrico, precisamente el tiempo que le falta de construcción a ese parque generador financiado enteramente por el Estado”, comentó un experto eléctrico consultado por Vanguardia del Pueblo.
Explicó que las empresas de transmisión e hidroeléctricas no interesan al sector privado, porque en el caso de la transmisión son muy altos los costos de inversión para transportar la energía hasta los sitios más lejanos y muy lento el período de recuperación de la inversión, y en el caso de las hidroeléctricas porque al ser estas de múltiple propósito (control de avenidas, generación, agua potable y riego) no quiere verse envuelto en los conflictos que ello genera.
La propuesta oficial también se propone pactar que la gobernanza operativa del conglomerado estatal se ajuste a los mejores estándares de eficiencia y eficacia de la industria, y de la calidad del suministro. Asimismo, que el conglomerado-CDEEE se adecúe para que pueda cotizar acciones en la bolsa de valores, con participación sustantiva del sector público y con mecanismos que prevengan la concentración accionaria.
Los diagnósticos que elaboraron los ministerios de la Presidencia y de Energía y Minas y, lo mismo que la CDEEE y la UASD, sostienen que el proceso de capitalización con que inicialmente se reformó el subsector eléctrico, a finales del siglo pasado, “fracasó” porque no dispuso de un Plan de Expansión de obligatorio cumplimiento y porque nació sin estructuras regulatorias lo suficientemente fuertes.
Hasta el momento se desconoce si el CIES ha seguido las recomendaciones del ministerio de la Presidencia, previo a dar paso a una empresa única generadora que esté disponible también para el sector privado, pero presidida por la CDEEE.
Para evitar los errores del pasado, el Estado por intermedio de la secretaría de la Presidencia y el resto de las entidades públicas, sugiere: “que dicha reforma tenga como punto de partida una auditoría de gestión contratada a una firma independiente y de reconocida reputación internacional”.
El resultado será un diagnóstico administrativo integral de la CDEEE que deberá ser de conocimiento público, con recomendaciones de adecuación a mejores prácticas de operación y funcionamiento de la entidad, sostiene la propuesta oficial.
Con respecto a la autoridad regulatoria, se propone garantizar la independencia funcional y con criterios propios de la autoridad regulatoria.
“La Superintendencia de Electricidad (SIE), organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas pero de naturaleza autónoma, asumirá los roles y mandatos establecidos en la Ley125-01 (Art. 24), que la acredita como la autoridad competente para regular y hacer cumplir la regulación por parte de los diferentes agentes del sistema, independientemente de su origen nacional o extranjero o de su naturaleza pública o privada. Esto conlleva no interferir las resoluciones emanadas de la SIE en el cumplimiento de sus funciones, incluidas las relativas a la fijación y aplicación de la tarifa”, dice la propuesta del Estado.
Una de las fallas que se han identificado heredadas del proceso de “capitalización” es que cuando finalmente reformuló un plan de expansión lo llamó “indicativo” influido por la presión neoliberal de los organismos multilaterales, ni siquiera de mínimo costo y de aplicación obligatoria.
En la propuesta gubernamental se compromete a “disponer de un plan de expansión de la generación. El Gobierno se compromete a, en un plazo no mayor de seis meses a partir de la firma del Pacto Eléctrico, disponer y poner a disposición de todas las partes de un plan de obras para el período 2015-2030, que esté basado en las proyecciones de demanda de electricidad. Este plan indicará la previsión de los proyectos de inversión en generacióncon fuentes renovables y no renovables, y de los proyectos de transmisión eléctrica necesarios para posibilitar un suministro oportuno, confiable y aprecios competitivos del servicio de electricidad”.
Estas proyecciones de demanda y de plan de obras, “serán elaborados por la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con la CDEEE. La SIE supervisará la realización de los concursos o llamadas a licitación de las empresas distribuidoras necesarios para asegurar el suministro eléctrico en el corto y mediano plazo. Estas obras podrán ser emprendidas por el sector privado o por el propio Estado Dominicano, según lo establecido en la Ley”.
