Del 24 al 27 de julio, en menos de 40 horas, los medios de comunicación del país registraron cuatro hechos de tránsito que suman 39 víctimas, de las cuales 17 fueron mortales al instante de la tragedia.
Los ciudadanos de la localidades en donde se produjeron los incidentes, con manifestaciones callejeras, en múltiples ocasiones han demandado la intervención de las autoridades para evitar que los mismos tramos peligrosos continúen siendo escenario de este tipo de violencia.
Sin embargo, se siguen sumando munícipes a las estadísticas fatales.
La prensa nacional solo resalta los acontecimientos relevantes; cerca de un 2% de los que ocurren en la red viaria nacional son dados a conocer en los medios escritos, de acuerdo a un estudio realizado por FundaReD relativo al 2014. De manera, que habría que sumar las víctimas que reposan en los registros oficiales en ese mismo período, que no se dan a conocer a la población.
Vivimos de espaldas a lo que esta ocurriendo en nuestras vías hasta llegar a la indiferencia, y eso es lo grave porque las siniestralidades siguen sin freno como Tsunami, ahogando los hogares dominicanos, y consecuentemente la economía nacional, sin que nos demos cuenta.
Es preciso declarar en estado de emergencia la seguridad vial en la República Dominicana para enfrentar con verdaderas y eficientes políticas públicas este flagelo que representan los siniestros en la circulación.
La movilidad humana insegura significa un estancamiento en el desarrollo sostenible, componente que no advertimos en nuestro desenvolvimiento.
Las víctimas por esta causa resultan un costo social acumulado de los gobiernos, en donde todos somos responsables, cada uno de los ciudadanos que recorren las calles, avenidas y carreteras de nuestro país.
Erradicar o mitigar los riesgos implícitos en la problemática es labor de todos: Estado y Sociedad.
