Hablan los hechos

Valoran como justas obras anunciadas por el gobierno en La Altagracia

Con el desarrollo turístico de las últimas dos décadas la provincia de La Altagracia se ha convertido en la principal oferta de la llamada industria sin chimenea en todas las Antillas, lo que no se ha correspondido, por lo menos de manera proporcional, con una mejoría sustancial en la calidad de vida de sus habitantes.

El propio Presidente Danilo Medina mostró comprensión ante la inquietud de representantes sindicales, políticos y empresariales, quienes incluso con protestas pacíficas exigieron un conjunto de obras que contribuyan con el desarrollo de la provincia que en los actuales momentos aporta mayores ingresos a las arcas del Estado.

En un recorrido realizado por reporteros de Vanguardia del Pueblo Digital por diferentes comunidades de La Altagracia, captaron el renovado entusiasmo de los pobladores de la pujante provincia oriental tras el anuncio de la construcción de siete obras vitales con una inversión de RD$750 millones.

Programadas para iniciarse en la primera semana del entrante mes de septiembre, las obras abarcan la reconstrucción del puente de Villa Cerro, otro paso similar a un kilómetro de distancia y tres vías principales en la misma zona tendentes a resolver los problemas viales y el congestionamiento del tráfico de los vehículos.

Como trascendió, representativos altagracianos recibieron regocijados el anuncio por parte del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien hizo énfasis que se limitaba a cumplir instrucciones del Presidente Medina.

Aunque el anuncio se hizo en la Capital, específicamente desde el salón de prensa Orlando Martínez, del Palacio Nacional, la noticia se expandió de inmediato tanto en el municipio de Higüey, cabecera de la provincia, como en San Rafael del Yuma, segundo en importancia; la Otra Banda, Verón, Nisibón y secciones aledañas.

Previo al anuncio, el Presidente Medina había recibido el viernes en su despacho una delegación altagraciana integrada por monseñor Nicanor Peña Rodríguez, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia; el senador Amable Aristy Castro, la alcaldesa Karina Aristy; el diputado Juan Julio Campos; el gobernador Ramón Guilamo y el empresario Frank Rainieri.

Los representativos provinciales, de vuelta a la región han resaltado en los medios locales que el Presidente Medina es un gobernante que escucha a su pueblo, aunque reconocieron el derecho que tienen los higüeyanos a exigir que parte de los ingresos que produce se economía se inviertan en mejorar su calidad de vida.

Desde hace un mes, en la provincia se realizaron protestas en demanda de la construcción de varias obras, así como la clausura de la cárcel pública de la localidad, recinto penitenciario calificado de obsoleto.

El ministro Castillo adelantó que también se ordenó la reparación de un tramo carretero superior a los diez kilómetros que va desde la Autovía del Coral, en la Zona Turística, hasta el municipio cabecera.

“El optimismo ha retornado a la provincia de La Altagracia”, dijo un dirigente comunitario entrevistado por un canal de televisión, quien aseguró que el inicio de las obras constituye la mejor manera de celebrar los tres años del ascenso al poder del Presidente Medina.

El mismo optimismo lo había externado el obispo higüeyano al salir de la reunión en el Palacio Presidencial y ponderar la reunión con el jefe de Estado planteándole las necesidades y expectativas de la provincia. “Realmente hemos quedado complacidos porque el Presidente Danilo Medina ha accedido a la construcción de las obras”, fueron las palabras textuales de Monseñor Peña Rodríguez.

Los anuncios de obras en La Altagracia fueron antecedidos por un informe rendido por el ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta sobre los tres años de gestión del Presidente Danilo Medina, resaltando que en el período se crearon 354 mil 618 nuevos empleos; 18 mil nuevas aulas, con 109 visitas sorpresas, a través de las cuales se otorgaron créditos a pequeños y medianos productores y empresarios por un monto aproximado de 10 mil millones de pesos.

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